Senadores K ponen en la mira una causa que involucra a un juez de la Corte

Presentaron un pedido de informes al presidente del Tribunal Superior para que informe sobre presuntas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

En lo que representa una nueva escalada en la pelea del kirchnerismo contra la Corte Suprema de Justicia, dos senadores alineados con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentaron un pedido de informes dirigido al presidente del Tribunal Superior, Horacio Rosatti.

El pedido está suscripto por los senadores de Unidad Ciudadana Oscar Parrilli y Silvia Sapag, y está referido a presuntas irregularidades registradas en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que investiga el juez federal Ariel Lijo y en las que aparece involucrado el integrante de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda.

Los senadores kirchneristas piden a Rosatti que les remita una copia del informe efectuado conforme lo establecido en la Acordada 22/2021 en relación a la Auditoría económica, financiera, de legalidad y de gestión en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, a cargo de la comisión creada a tal efecto.

Piden indicar si la Auditoría General de la Nación se encuentra revisando posibles irregularidades en dicha obra social, en virtud de la investigación que se está llevando a cabo en la Justicia.

Asimismo requieren remitir un listado de las empresas prestatarias de servicios de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, como así también que les remita copias de los contratos vigentes con las emprsas prestatarias de servicios indicadas.

Parrilli y Sapag solicitan también indicar la forma de contratación de las empresas prestatarias de servicios de la obra social.

El expediente en cuestión investiga presuntas contrataciones irregulares que involucrarían de manera directa o indirecta al ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda con dos empresas, Farmandat SA y Emergencia Médica Integral SA.

La causa se denomina “Tonón, Aldo y otros s/abuso de autoridad y Violación de Deberes de Funcionario Público (art. 248) y malversación de caudales públicos (art. 261)”.

Aldo Tonón es el actual director de la Obra Social del Poder Judicial y también está imputado el ministro Maqueda, por haber sido el juez a cargo de esa dependencia en el momento en que las licitaciones se llevaban a cabo.

El denunciante en esta causa es el sindicalista Agustín Bruera, al que el fiscal Carlos Stornelli pidió ratificar la presentación con precisiones, ante lo cual el gremialista aclaró que la suya no había sido una denuncia, sino “una recopilación de distintas noticias de medios de comunicación” con el fin de “mantener al tanto a nuestros afiliados de cómo venía la situación”.

Con todo, son las autoridades recientemente electas de SITRAJU RA las que se presentaron como querellantes en las causas en las que se investigan diferentes delitos vinculados a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

La secretaria general de SITRAJU RA, Marieta Urueña Russo, comentó sobre la presentación que “como autoridades recientemente electas y trabajadores del Poder Judicial, estamos preocupados por la situación actual de la obra social, que afecta directamente a los y las trabajadoras, vulnerando un derecho elemental como es el acceso a una salud de calidad”.  En este sentido, agregó que “acá no hay grieta, la obra social viene funcionando mal y nuestro principal objetivo es garantizar el derecho a la salud de los trabajadores. Nos presentamos como querellantes porque tenemos la obligación de cuidar los intereses de los trabajadores, accionar para que se investiguen las denuncias y dar respuesta a nuestros afiliados y afiliadas”.

Urueña Russo se presentó este lunes en Comodoro Py, acompañada por miembros de la Comisión Directiva, y a través de un video publicado en las redes sociales del sindicato señaló las problemáticas que vienen denunciando afiliados y afiliadas: “tenemos un grave problema con las prestaciones médicas, recibimos denuncias de compañeros y compañeras de distintas provincias que tienen serios inconvenientes para acceder a la cobertura de tratamientos fundamentales, como los requeridos por compañeros con cáncer. También tenemos denuncias registradas de tratamientos odontológicos interrumpidos, negación de cobertura o falta de profesionales que brinden atención”.

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