El juzgado federal en lo Contencioso Administrativo N°6 ordenó a la Secretaría General de la Presidencia que en un plazo máximo de 15 días de notificada la decisión judicial entregue a la diputada nacional Karina Banfi (UCR) la información que solicitó sobre el uso de fondos públicos por parte de la primera dama, Fabiola Yáñez, y sus actividades durante el aislamiento de 2020.

La legisladora radical realizó múltiples reclamos administrativos en relación a un pedido de acceso a la información presentado por primera vez el pasado 5 de agosto sobre la nómina de empleados de la primera dama, sus actividades y gastos.

La bonaerense recordó que "la Secretaría General de Presidencia desde el inicio no cumplió con los plazos legales y puso diferentes trabas burocráticas para no rendir cuentas sobre las irregularidades cometidas por la primera dama en plena cuarentena". Y agregó que la oficina de gobierno violó todos los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública y luego de varias insistencias de su parte, respondió de forma incompleta.

Después de los sucesivos reclamos administrativos de Banfi ante de la Agencia de Acceso a la Información, solicitando que la Secretaría General de Presidencia entregue los datos pedidos en el marco de ley, la Agencia intervino y pidió que se entreguen los informes correspondientes sobre los ingresos de personal a Olivos y, puntualmente, sobre las visitas de Federico Abraham -de profesión peluquero- y de Ariel Alonso Zapata -de profesión especialista en entrenamiento canino-, el monto facturado y el origen de los fondos de sus honorarios.

La Secretaría General dejó vencer los plazos impuestos por la Agencia de Acceso a la Información Pública para entregar la información completa en enero de este año, habilitando de esta manera la vía judicial para continuar el reclamo.

“Hemos agotado todas las instancias, hoy hay una incumplimiento directo por parte del Gobierno a la Ley de Acceso a la Información Pública. Acudimos a la Justicia porque es importante denunciar la violación de un derecho humano que es fundamental. Más que pedir disculpas, la primera dama debería garantizar un uso transparente de los fondos del Estado”, declaraba en abril de este año la diputada Banfi.

Con el patrocinio letrado de Gustavo Menna (exlegislador) y Diego Armesto, la radical presentó un amparo con el objetivo de obtener toda la información. Finalmente, la Justicia resolvió que la Secretaría General de la Presidencia de la Nación debe entregar la información de forma completa.

Banfi resaltó que "durante este proceso, surgieron datos nuevos en el juicio que se lleva adelante por la causa conocida como 'Olivos gate'. La señorita Sofía Pacchi alegó en varias presentaciones judiciales en la causa que la tiene como imputada por el incumplimiento de la cuarentena que ella estaba en Olivos el día del cumpleaños de Fabiola Yáñez, y otros días en los que también ingresó a la residencia presidencial, en carácter de empleada y trabajando para la primera dama".

Sin embargo, en la respuesta que se le dio a Banfi en septiembre pasado sobre la nómina de empleados de la Secretaría General de la Presidencia asignados a las actividades y desempeño de la primera dama, mencionan solo dos empleadas: Carolina Marafioti y Andrea Muguillo. No hay mención de Pacchi.

"En otras palabras, Pacchi contradice a la Secretaría General de Presidencia. Si Sofia Pacchi era empleada es grave. Primero, porque implica que la Secretaría General mintió u omitió en un pedido de acceso a la información pública. Segundo, porque se estaría ocultando la nómina de empleados públicos que por ley debe ser de libre acceso”, señaló la diputada de Juntos por el Cambio.