Un proyecto de ley del presidente del interbloque Frente de Todos, el senador José Mayans, y de la vice, Anabel Fernández Sagasti, de solo cuatro artículos, propone que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) esté “compuesta por veinticinco jueces y juezas” y que “una ley especial determinará el modo de organización y funcionamiento” de dicho tribunal con su nueva integración. En su tercer artículo dice que los actuales cuatro miembros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, “conservarán sus cargos” y que la cobertura de vacantes “tendrá en consideración la actual composición”, mientras que el resto de los nombramientos se irán produciendo “conforme sean designados”. 

En los fundamentos del proyecto no cuestiona a los actuales magistrados y señala que la ampliación tiene por objeto evitar los “altísimos niveles de delegación de trabajo jurisdiccional en personas que no son sus jueces” y “favorecer la inmediatez” en la resolución de expedientes. 

La CSJN, actualmente compuesta de cinco jueces, tiene una vacante por la renuncia, producida en el año 2021, de Elena Higthon de Nolasco, lo que se suma a la del Procurador General de la Nación desde 2017, y del Defensor del Pueblo, desde 2009. 

Las razones del proyecto y de las vacantes son políticas, ya que los fallos que dicta dicho tribunal no complacen a los que gobiernan, y temen que ello se repita cuando se resuelvan las causas de la corrupción de algunos de sus funcionarios, entre las cuales están la vicepresidenta, y sus dos hijos. Las condenas al exvicepresidente Amado Boudou, al exministro Julio de Vido y a Milagros Sala, les preocupan, como ya lo demostró el presidente Alberto Fernández cuando la visitó a ella en Jujuy. 

El proyecto no es viable porque: 

1. Si las sentencias son lerdas hoy al tener que ser estudiadas y firmadas por cuatro jueces, cuando tengan que hacerlo veinticinco la “inmediatez” será mucho más que imposible; 

2. Si se intentara, como algunos proponen, dividir al Alto tribunal, en ocho salas especializadas de tres miembros cada una, ello sería contrario a la Constitución Nacional (CN) que habla de “una Corte” (Art.108) y no de ocho, y porque sus fallos podrían ser contradictorios; 

3. La designación de los nuevos jueces, a propuesta de los gobernadores, también contradice la CN (art.99 inc. 4), que exige que la misma debe hacerla el presidente de la Nación con acuerdo del Senado; 

4. Si hoy, con solo cuatro integrantes, sus oficinas ocupan más de un piso del edificio de una manzana de calle Talcahuano de la CABA, con veinticinco tendría que ocupar cuatro pisos más, lo que significaría edificar un nuevo Palacio de Justicia; 

5. En momentos de crisis económica destinar más recursos fiscales para construir un nuevo edificio y para abonar sueldos millonarios, como tendrían los cinco magistrados, y la de secretarios letrados (que cobran un plus por antigüedad desde que son abogados y no desde que ingresaron a la Justicia) y demás personal que acompañan la labor de cada magistrado, hoy sería disparatado, y un pésimo ejemplo para los que padecemos este mal momento. 

Para reformar la justicia, antes que aumentar los miembros de la CSJN, hay que cubrir el 30 % de vacantes que tiene la Justicia Federal, y es imprescindible reducir el número de pleitos, que en su mayoría los genera el Estado al chicanear juicios en su contra, contrariando a la CN, a las leyes y a la jurisprudencia de los tribunales, como ocurre con los ciento de miles de pleitos que se tramitan por los recortes a las jubilaciones, pensiones y retiros. 

Esperemos que los que nos representan en el Congreso no conviertan en ley este proyecto.