Diputados de Carrió ampliaron denuncia por corrupción en el Fondo del Trigo

Legisladores de la Coalición Cívica volvieron a presentarse en la Justicia para ampliar una causa impulsada contra Roberto Felletti, sumando a otro exfuncionario.

Los legisladores de la Coalición Cívica Luciano Bugallo y Marcela Campagnoli ampliaron la denuncia contra el ex secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, por irregularidades en la administración de subsidios destinados a contener el precio del trigo, e incorporaron al ex secretario Guillermo Hang, por entender que continuó con el mecanismo irregular de beneficios económicos a la firma “Molinos Cañuelas”, con millonarios subsidios provenientes del Fondo Estabilizador del Trigo.

Además, solicitaron que la Justicia dicte una medida cautelar para detener el giro de fondos.

Bugallo y Campagnoli volvieron a presentarse en la Justicia para ampliar la denuncia iniciada el mes pasado contra Feletti, a quien acusaron de favorecer a Molinos Cañuelas con subsidios provenientes del Fondo Estabilizador del Trigo, creado para “contener el alza de precios internacional de los cereales”. El fondo es financiado con nuevos impuestos al aceite y derivados de la soja.

Ahora, la diputada nacional y el legislador provincial de la CC ARI señalaron que durante la breve gestión de Guillermo Hang al frente de la Secretaría de Comercio, “se continuó girando millonarios fondos a una empresa concursada, que claramente no cumple con los requisitos para contratar con el Estado y, en su paso por la administración pública, no hizo nada para transparentar ni para frenar el envío de dinero. Por eso también lo hemos incorporado a nuestra denuncia”, aseguraron.

“Como ya hemos denunciado con anterioridad, muy alejado del supuesto propósito, los objetivos reales habrían sido beneficiar a pocos molinos, y en particular a Molinos Cañuelas, otorgando ‘compensaciones’ del Estado Nacional, a través de un festival de subsidios con la excusa de disminuir el valor de mercado de la harina”, indicaron.

En otros de los puntos señalados por la querella, Bugallo y Campagnoli refieren que “originalmente por resolución 426/2022 se establecía que el beneficiario del subsidio no debía mantener juicio contra el Estado Nacional -Molinos Cañuelas habría tenido a esa fecha juicios contra el Estado Nacional-, hecho que fue modificado a posteriori por la resolución 439/2022, modificando la anterior y fijando que ahora `los beneficiarios no deben tener conflicto de interés con el Estado Nacional’, favoreciendo claramente la posición de la firma denunciada”.

Para la diputada nacional Campagnoli, “sería un disparate que el gobierno siga girando esas sumas exorbitantes a Cañuelas, más aún cuando ya se encuentra un juez y un fiscal investigando la causa, y han imputado al ex secretario Feletti”.

Por su parte, el legislador provincial dijo que “es muy burda la estructura armada por Feletti para direccionar fondos públicos a Molinos Cañuelas, con el único objeto de ‘rescatarlos de la quiebra’, generando una situación de competencia desleal en desmedro de toda la industria molinera nacional. La continuidad del FETA después de la renuncia de Feletti, de Hang y ahora en manos de Pollera, demuestra que la orden de crear este fideicomiso a la medida de Cañuelas, viene directamente del Instituto Patria y de uno de los principales operadores del molino, hoy al frente de FAIM”.

“La excusa de la guerra de Ucrania y del precio internacional del trigo, les vino como anillo al dedo, pero no es más que una brutal mentira y el borrador del fideicomiso circulaba desde el año pasado por varios pasillos, buscando la firma que lo pusiera en vigencia. Las pruebas del relato de garantizar el precio del pan, están hoy a la vista, ya que el precio del trigo cayó un 40% en el último mes, pero el pan aumentó un 3,4% al público. ¿Pero cómo, no era que el pan subía por el alto precio del trigo? Hoy el trigo cuesta lo mismo que en febrero, pero el pan está un 38% más caro”, describió Bugallo.

Finalmente, los diputados de la CC ARI solicitaron a la Justicia que dicte una medida cautelar para frenar la transferencia de dinero “a fin de evitar que se continúen abonando sumas millonarias desembolsadas desde las arcas públicas a empresas que se encuentran en flagrante violación de los requisitos para contratar con el Estado”.

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