Argentina atraviesa uno de los momentos más complejos en los últimos años y las perspectivas no son buenas. Urge revertir que el Gobierno nacional revierta esta tendencia y logre poner en funcionamiento los sectores productivos del país para recuperar empleo, competitividad y crecimiento genuino.

Dentro de esos sectores, sabemos que la obra pública es un motor fundamental de crecimiento de empleo y desarrollo económico. También sabemos que en momentos de inestabilidad económica y en el contexto inflacionario que atravesamos, la incertidumbre paraliza obras, distorsiona precios, se demora o corta la cadena de pago y se termina afectando a miles de trabajadores.

Frente a este escenario, necesitamos implementar mecanismos para reactivar la construcción, eliminar incertidumbres, sincerar ofertas y garantizar el cumplimiento de los contratos. Es importante que esos compromisos a largo plazo mantengan la equidad contractual, para dar garantía a las partes y sostenibilidad al proyecto; por eso es fundamental que se sincere la oferta y quede en claro cada uno de los mecanismos.

Hoy tenemos un doble problema para mantener esa equidad: por un lado, el de las variaciones constantes de precios producto de la inflación y la suba de los costos -que debe reconocerse con algún mecanismo para redeterminarlos- y por otro lado, el costo financiero por la demora excesiva en los plazos de pago de los certificados de obra.

El régimen de variaciones de precios tiene que ser claro y preciso. A modo de ejemplo y en el tema de vivienda, una de las formas eficientes de subsanar este problema fue determinar los precios en Unidades de Vivienda (UVI) y pagarlos de igual forma; eso resuelve este inconveniente en ese rubro. Por ley se estableció la UVI como mecanismo para cotizar el valor actualizado en el tiempo de una vivienda equivalente a 90 m2 construidos; sin embargo, esto no ocurre en las obras viales e hidráulicas; por eso deberíamos avanzar con la implementación de una unidad con mecanismo de actualización.

Como mencionamos, el segundo problema que existe es el alto costo financiero generado por el período de espera. La administración pública normalmente establece el pago de los certificados de obra a sesenta o noventa días, y en ocasiones este plazo es aún mayor. Las empresas recurren al sistema financiero para poder financiar las obras y esa tasa de financiamiento es muy alta. Una forma de sincerar sería reconocer esa situación e incorporar en los pliegos la condición de pago de interés por la demora administrativa en el pago de certificados. Así se compensa la tasa de descuento que sufre la empresa constructora por parte del banco con el interés que reconoce el Estado por ese período específico de espera. 

Con esto, la cotización inicial que realiza la empresa sea lo más concreta y refleje el costo real, es decir el precio cierto de la obra. Además, si se sincera la oferta, se agiliza también los mecanismos de la administración para pagar lo más rápido posible.

Reactivar la obra pública significará trabajo, crecimiento y oportunidades para muchas familias. Frente a estos escenarios de inestabilidad hay que lograr previsibilidad para que la obra se mantenga y dinamice, es claro que sin certezas no hay desarrollo posible.