El presidente de la Comisión de Industria de la Cámara baja, Marcelo Casaretto (FdT – Entre Ríos), junto a la diputada Victoria Tolosa Paz recibieron en el Congreso a representantes de la Cámara de Cemento con quienes analizaron la “Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la gestión de neumáticos fuera de uso”.

Además, el diputado entrerriano adelantó que también recibirán a la Cámara de Industria, al INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y “a otras cámaras”.

La iniciativa está lista para ser debatida en el recinto y convertirse en ley, ya que cuenta con media sanción del Senado. Tiene como objetivos promover el compromiso de los consumidores; reducir la disposición final de los NFU para disminuir el impacto sobre el ambiente; y promover emprendimientos para la gestión integral de los NFU, generando mecanismos que impacten en su correcto manejo en todo su ciclo de vida.

La ley excluye a neumáticos de dispositivos para personas con discapacidad, dispositivos menores tales como bicicletas, triciclos y aquellos que forman parte de juguetes, entretenimientos o de servicio de personas

Se prohíbe la importación de NFU, el abandono y/o el desprendimiento de neumáticos en la vía pública o con los residuos domiciliarios, como así también cualquier proceso de eliminación no previsto en la ley.

Los productores serán responsables de la gestión integral de los NFU, constituidos en asociaciones sin fines de lucro.

Los distribuidores de neumáticos estarán obligados a recibir en forma gratuita los NFU para su posterior tratamiento y serán responsables de ingresarlos al sistema integrado de gestión en su carácter de generador.

A su vez, los generadores de NFU serán responsables de entregarlos al productor de neumáticos o a un sistema de gestión autorizado.

Entre otros puntos, la iniciativa establece una serie de sanciones (apercibimiento; multas; suspensiones; clausuras).

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 365 días para reglamentar la ley, desde la fecha de su promulgación.