La Argentina está de nuevo en crisis y no se descarta un estallido político –como los ocurridos en 1989 y en 2001, que obligaron a renunciar a los entonces presidentes-. Las causas en este caso son las grietas que hay entre el presidente y la vice, o el que existe entre el oficialismo y la oposición, o dentro de ella, o el que hay entre el Ejecutivo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). 

Si escarbamos en las causas; más allá de los conflictos políticos, del crecimiento de la pobreza, de la suba del dólar y la incertidumbre que ello produce; observamos pésimos ejemplos de políticos que ofenden a la ciudadanía, en especial a los jóvenes. Algunos por ello, quieren abandonar el país. 

Lo ético, según el Diccionario, es lo “Recto, conforme a la moral”, o lo que está regulado por un “Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida.” 

El mal ejemplo es entonces el incumplir las normas éticas, morales y constitucionales, como cuando se omite reglar la coparticipación federal; o aprobar el presupuesto; o el no cubrir el 30% de las vacantes de magistrados del Poder Judicial Federal; o el no designar al Procurador General de la Nación (desde 2019), o al Defensor del Pueblo (desde 2009); o no traspasar los tribunales nacionales a la CABA; etcétera. También lo son los graves casos de corrupción, algunas sentenciadas (Boudou, De Vido, Milagros Sala), otros en trámite, como los que afectan a la vicepresidente y sus dos hijos; la designación sin concurso de miles de funcionarios y empleados públicos en los tres niveles del estado, que se mantienen años como “contratados”, “becados”, “voluntarios” o “monotributistas”, eludiendo la “estabilidad del empleado público” que exige la Constitución Nacional (art. 14 bis). 

Los funcionarios del Estado también incurren en mal desempeño cuando mal interpretan lo que dispone la Constitución, los tratados internacionales, las leyes o la jurisprudencia de los tribunales al dictaminar o decretar, y cuando obligan a sus abogados a “defender” al Estado con chicanas para demorar pleitos que tienen perdidos (en especial, cuando de pleitos previsionales se trata). 

Los abogados del Estado, a nivel nacional, provincial o municipal, deberían siempre: 

1.- Dictaminar o atender los juicios en que sea parte el Estado, haciendo cumplir lo que dispone la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y las normas que la reglamentan y complementan. 

2.- No apartarse de la interpretación que de dichas normas hagan la CSJN y la Comisión Interamericana de Derecho Humanos. 

3.- Los que dictaminan jurídicamente o atienden juicios del estado deben ingresar previo concurso público y deben estar matriculados (lo que no siempre ocurre). 

4.- Ni en sus dictámenes, ni en la defensa del Estado en los juicios, no deben dilatar su trámite, ni obstaculizar los posibles acuerdos a los que se pudiera arribar. 

5.- Se atenta contra la ética cuando se obliga a los letrados del Estado a recurrir todas las decisiones judiciales, lo que ninguna norma dispone. Conductas, como éstas, que perjudiquen al Estado o a los ciudadanos, deberían ser denunciadas ante quienes correspondan. 

6.- Las sentencias exhortativas de los tribunales, especialmente las de la CSJN, deberían ser debatidas y resueltas con inmediatez por los órganos legislativos o administrativos del Estado. 

¡Los políticos, los abogados del Estados y todos los que gestionan el bien común deberían ser siempre un ejemplo para la ciudadanía!