Con la intención de garantizarles una red de contención, la legisladora de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Manuela Thourte impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual buscará proteger integralmente los derechos de los niños y adolescentes de hasta 18 años que hayan sido victimas o testigos de violencia.

De esta manera la iniciativa busca proteger “la integridad física, psíquica y de la dignidad” de los menores; brindar una “actuación coordinada y colaboración constante entre los organismos, profesionales y operadores/as intervinientes para garantizar la protección de sus derechos”; garantizar el respeto por la confidencialidad y la intimidad del niño o adolescente; aplicar la perspectiva de género, equidad y no discriminación en el trato al menor; entre otros puntos.

Los encargados de prestar este tipo de abordaje serán las escuelas y centros educativos a los que concurran los chicos, así como también los centros de salud y hospitales, organismos administrativos, comisarías y cualquier otra institución pública o privada que brinde asistencia, patrocinio o esté en contacto con niños y adolescentes.

Estos organismos deberán comunicar la denuncia del menor o la detección del hecho de violencia y proteger al niño; también deberá realizar un informe escrito acerca de lo ocurrido y resguardar su intimidad.

El texto presentado por Thourte también garantiza que en el caso de que el niño o adolescente se presente ante un organismo pertinente “sin acompañamiento de un integrante de su familia o persona de su confianza mayor de edad, a comunicar o denunciar que es víctima o testigo de una situación de violencia, o en una situación de detección o develamiento, se debe permitir su relato y garantizar que pueda formular la denuncia por sí misma, si así lo solicitara”.

También sostiene que se le deberá brindar atención médica inmediata.

En los fundamentos de la iniciativa, la radical explicó que “las niñas, niños y adolescentes que son afectados como víctimas o testigos de una situación de violencia o de delitos graves, como aquellos contra la integridad sexual, tienen una diversidad de derechos reconocidos, en tanto víctimas, por un lado, y en tanto niñas, niños y adolescentes, por otro”-

“En un caso de una niña, niño o adolescente en el que se sospecha que haya sido víctima de un delito contra la integridad sexual u otra situación de violencia, no existe un procedimiento claro, que establezca los pasos a seguir, los roles, las responsabilidades, los modos de actuación según el caso, los resguardos y los circuitos de comunicación de los diferentes organismos y establecimientos que aseguren el acceso efectivo a estos derechos. Especialmente -y este es el objeto específico de este proyecto de ley- en lo concerniente a la etapa inicial de abordaje, que incluye la detección, el develamiento o la denuncia”, continuó la legisladora.

Al mismo tiempo que concluyó señalando que “esta situación de detección, develamiento o denuncia puede suceder en una escuela, un centro de atención primaria de salud, un hospital, una comisaría, una oficina del CDNNyA o un programa social. También, es el caso si se presenta la denuncia en un establecimiento del Ministerio Público Fiscal o del Ministerio Público Tutelar o si se identifica la situación en el marco de otro proceso a partir de la intervención de un organismo del Poder Judicial. Así, a pesar de los derechos reconocidos para las niñas, niños y adolescentes víctimas y las obligaciones para los estados y funcionarios de respetar el interés superior del niño y de considerar a los niños como prioridad absoluta, estos se encuentran con una primera atención que puede seguir criterios muy diferentes y que puede resultar fragmentada, superpuesta y en algunos casos ineficaz y no cuidadosa de la protección de sus derechos”.