A raíz del crecimiento de la inseguridad en todo el país, el legislador de Consenso Federal (CF) Eugenio Casielles presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración mediante el cual buscará que esa Casa manifieste “su intención de liberarse de los instrumentos jurídicos nacionales que imposibilitan que la ciudadanía decida sobre la aplicación de la pena capital para delitos graves”.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador recordó que “se producen más de 100 homicidios dolosos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el último año que se tiene registro (2020) esa cifra aumentó un 22% con respecto al año anterior” y resaltó que “todo esto acontece en un distrito cuya inversión anual en seguridad supera los 53 mil pesos por habitante. Semejante esfuerzo de los contribuyentes porteños en garantizar seguridad la no tiene como correlato una vida sin miedo como la que todos merecemos”.

“El presupuesto en seguridad se puede y debe aumentar. Tenemos que tener a las fuerzas de seguridad equipadas y capacitadas para afrontar con las mejores herramientas a esta delincuencia enraizada. El sistema penitenciario también debe sufrir una reforma integral para lograr cumplir la Ley en un punto tan crítico como es la necesidad de reinserción de los convictos”, continuó.

Al mismo tiempo, Casielles señaló que “frente al fracaso de la política tradicional en su defensa al delincuente, aferrándose a la doctrina abolicionista, hay quienes siguen alagando que se debe atacar simplemente la causa del delito, que reside en el proceso de socialización y educación de los ciudadanos” e insistió en que “se debe avanzar hacia un sistema penal que desincentive tajantemente los delitos con castigos efectivos y un régimen penitenciario enfocado en la reinserción, pero justo para las víctimas y los contribuyente”.

Asimismo consideró que “frente a los peores delitos imaginables, el castigo de la privación de la libertad bajo un régimen de reeducación no es suficiente como respuesta estatal. Los asesinatos, los tratos inhumanos a niños o adultos mayores y las violaciones son actos cuya represalia no se puede asemejar a otros distanciamientos de la Ley. El régimen de castigo que como sociedad le damos a delincuentes que cometen semejantes actos debe ser cercano al mal que ellos produjeron, no únicamente para aleccionar y desincentivar, sino para ser moralmente justos. Un sistema de valores moral y justo es condición necesaria para que vivamos en una sociedad prospera”.

“Entendemos que la decisión sobre la implementación de la pena capital debe ser exclusiva de la ciudadanía porteña. Por lo cual necesitamos poder decidir autónomamente en materia penal y dejar de sufrir los impedimentos nacionales para tener una efectiva democracia en nuestro distrito”, sentenció el legislador porteño.