Por Osvaldo Mario Nemirovsci, exdiputado nacional. El autor señala que, a pesar del momento crítico que atraviesa nuestro país, el Estado debe equilibrar poder con las grandes plataformas digitales/algorítmicas.
Desde hace casi veinte años, sostengo la opinión acerca que los Estados nacionales debe equilibrar poder con las grandes plataformas digitales/algorítmicas.
Siento, al ver que la cuestión cobró importancia y privilegio en las opiniones de políticos, gobernantes y periodistas, cierta satisfacción en haber planteado el tema, cuando éste era poco conocido.
Un primer cosquilleo de agrado lo tuve, hace tiempo, cuando los Ceos de GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon) fueron interpelados por el Congreso de EEUU y se vieron nerviosos, vacilantes y con respuestas dudosas sobre su condición de dominantes y casi monopólicos en espacios de la economía virtual y la real.
Hoy, en el mundo, avanzan acciones regulatorias importantes para que ese equilibrio, entre sociedades democráticas expresadas en sus Estados y los negocios del algoritmo, sea posible y los países no se vean sometidos a la presión del inmenso poder de los GAFA.
Gran cantidad de países y sobre todo los de la Unión Europea ponen en debate desde lo normativo y lo político al mundo digital y a la IA/Inteligencia artificial.
En 2016 China propuso un documento que hablaba de la necesidad de “regulación global” en el tema. En EEUU existe desde 2019 impulsada por el gobierno una “Guía para la Regulación de las Aplicaciones de la Inteligencia Artificial”
La regulación en este campo se considera imprescindible para que prospere con moderación, pero también para proteger ciudadanos de sus riesgos vinculados ya que no son escasas las preocupaciones que surgen en cuanto a la calidad, la transparencia y la ética en los usos digitales y del algoritmo.
Desde 2016 la canadiense Joy Buolmwini (becaria de Rhodes, Fullbright, Stamps, Astronaut y la del Instituto Anita Borg) brega con su Liga de Justicia Algorítmica en el desafío de confrontar al software en su carácter de decisor artificial.
No se puede dejar librado al mercado y sus intereses privados, ni la transparencia algorítmica (conocer las entradas al algoritmo y su uso, sin juzgar la justicia del mismo) ni la responsabilidad algorítmica (quienes usan algoritmos deben ser responsables de las decisiones tomadas por la IA, aunque esto sea elaborado por una máquina). Sutiles diferencias que deben, ambas, ser objeto de regulación pública.
Va terminando una época en que la tecnología, más veloz en su desarrollo que el derecho, vivía un inviable e irresponsable “laissez faire, laissez passer” (dejar hacer, dejar pasar).
Vienen regulaciones y legislaciones atinentes. Necesarias. Que no se sostienen en censuras ni burda presencia estatal, sino en claras y democráticas armonías y que deben buscar sinergia creativa y positiva con los sectores privados del universo digital.
El capitalismo de red, al igual que todas las formas de este sistema económico y social, también deberá limitar su accionar mediante la aplicación de normas inteligentes y factibles.
Argentina, sus instituciones, tal vez ocupada en asuntos de urgencia y de dramática cotidianeidad no avanza en el sentido que muchos países del mundo lo hacen respecto a crear espacios de gobierno que se ocupen del tema. “Lo mejor es enemigo de lo bueno” dice la veteranía popular.
No veo porque no unir “lo mejor con lo bueno” y que nuestro país dedique esfuerzo humano, económico y estratégico a poner en valor un sistema legal y regulatorio moderno para los usos de lo digital, la inteligencia artificial, la comunicación cuántica y la comercialización de usos sostenidos en algoritmos.
Se debe hacer.
Se puede hacer.
