Sin la presencia de senadores de Juntos por el Cambio, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por Oscar Parrilli, pasó a la firma un proyecto de comunicación en el que solicitan información al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sobre la causa que se tramita en el juzgado a cargo de Ariel Lijo sobre presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Un pequeño puñado de senadores de JxC asistieron a la primera parte de la reunión, pero se retiraron luego en el mismo momento que los funcionarios se fueron y, para la segunda parte del encuentro, el oficialismo quedó en soledad para el tratamiento de la iniciativa que presentaron los neuquinos Oscar Parrilli y Silvia Sapag.

En primer lugar, la fueguina María Eugenia Duré tomó el micrófono para leer textual todo el requerimiento que plantea el proyecto, donde se solicita un informe de auditorías; el listado de las empresas prestatarias de servicios de la obra social y los contratos realizados con las mismas; los períodos de los titulares de la obra social, y el motivo de renuncia de su última titular, Melisa Solana; y si se tomaron medidas o se inició un sumario administrativo “ante el hecho de que la justicia se encuentra investigando” y “que involucraría al ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda”, de quien depende funcional y administrativamente la obra social.

Sapag resaltó “lo vergonzoso del tema” porque “no puede ser que un ministro de la Corte, que es la última instancia que tenemos la civilidad” esté “en tela de juicio y protegido por el resto de los miembros de la Corte”.

“Es el único poder que una vez elegido queda, es vitalicio, no tiene controles, y nosotros tenemos que llegar a esto para poder conocer alguna novedad sobre los delitos que están cometiendo los miembros de la Corte Suprema”, cuestionó.

En tanto, Parrilli cargó contra la oposición: “No me llama la atención de la ausencia de los senadores de Cambiemos. Hay coherencia en su actitud de no debatir sobre este tema; con esto están ratificando su apoyo a la actual composición de la Corte de cuatro miembros, dos de ellos que aceptaron ser designados por decreto”.

“No estamos acusando a nadie de nada, sino que simplemente estamos haciendo un pedido de informes”, dijo sobre la iniciativa, y aseguró que “nos parece gravísimo que (miembros de la Corte) estén siendo investigados por la comisión de delitos penales, comunes”.

Con numerosas críticas al Máximo Tribunal -cuya composición el oficialismo pretende modificar-, el senador fustigó que “no cumplen las leyes, avasallan los poderes, dictan leyes arrogándose facultades que no tienen, y además impiden que se cumplan las acordadas que ellos mismos determinan para que los funcionarios de la justicia sean nombrados como corresponde”. Pero si además se encuentran sospechados, “lo menos que podemos hacer nosotros es preguntar”, defendió.

“Esperemos que la Corte nos responda una vez que esto sea llevado al recinto y aprobado como corresponde”, concluyó.