La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, comandada por el kirchnerista Oscar Parrilli, pasó a la firma para su dictamen un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en relación a las sanciones disciplinarias aplicadas a las personas privadas de su libertad.

La iniciativa, que ingresó en abril del año pasado, modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), con el objetivo de actualizar la normativa para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos, “el sistema propone centrar la respuesta sancionatoria a los casos de infracciones graves y recurrir en los casos de infracciones leves o medias a la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de libertad”.

A esta propuesta se arribó por consenso con la Defensoría General de la Nación en el marco del caso de Guillermo Lynn, que tramita ante la CIDH. Se trata de una petición contra la Argentina que fue presentada el 29 de diciembre del 2000, en relación con el procedimiento mediante el cual se impuso a Lynn una sanción disciplinaria y las consecuencias que de ello se sucedieron en el caso.

Al encuentro, que se realizó en el Salón Illia, asistió el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien sostuvo que “es de suma importancia poder estar tratando este tema puntual”. Recordó que cuando asumió su gestión se encontró con “muchas causas en ámbitos internacionales que estaban casi abandonadas, desestimadas por el Ejecutivo Nacional” y, a su vez, “dictámenes de la CIDH con el riesgo de ser elevados a juicio y que el Estado argentino sea condenado”.

Al mencionar la causa Lynn, el funcionario señaló que en ese caso “se demostró la arbitrariedad, la no escucha a una persona que había accedido al beneficio de la libertad condicional”. Y lamentó que “el Estado y las reparaciones llegan tarde”.

Pietragalla Corti informó que la CIDH dio una nueva prórroga hasta el 12 de agosto y para esa fecha hay que “mostrar un avance real” para que “no sea elevada esta causa, porque corremos el serio riesgo de ser condenados”, reiteró. “Una condena implicaría cambios más estructurales y que eso nos genere una situación compleja como la de tener que readecuar recursos económicos”, agregó.

A su turno, María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal, remarcó que este proyecto es la culminación de “una negociación que las partes mantuvieron a lo largo de 20 años”, y subrayó que en 2018 “la CIDH dio un informe de fondo declarando que la ley actual violaba” artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta reforma se trata de “adecuar la actual ley modificando todas las fallas que tenía en relación con el debido proceso”, indicó, al tiempo de que “las faltas medias y leves -no contempladas en la norma- sean abordadas con una especie de comité y se vehiculicen de otra forma que no sea la sanción, salvo que sea inevitable”.

“Se hace una reforma muy importante en cuanto a lo que es la etapa recursiva. Antes el recurso no impedía la aplicación de la falta, ahora el recurso suspende la aplicación de la falta hasta tanto un juez la revise y esto evita la discrecionalidad de la autoridad administrativa”, explicó sobre uno de los cambios.

Por su parte, Silvia Martínez, defensora pública interamericana y representante de la Defensoría General de la Nación, lamentó que “la víctima de este caso falleció esperando justicia. Esto siempre es grave”. “La petición se presentó en 2002 ante la CIDH luego de haber transitado todas las instancias judiciales de Argentina”, repasó.

Advirtió que “estamos a un paso de la condena” y “el Estado argentino solicitó una instancia de negociación para no pasar al juicio”. El paso “más importante” y “más difícil” es “la adecuación legislativa, la que estamos haciendo aquí”, consideró. “Adecuar las normas a los estándares que los organismos internacionales nos imponen siempre es un problema”, reforzó.

Sobre la iniciativa, Martínez dijo que “este es un proyecto de acuerdos que estamos dispuestos a cumplir” en el cual “la Defensoría cedió algunas pretensiones y el Estado cedió otras en materias normativas”. Sin embargo, “este proyecto mejora sensiblemente la ley vigente; es una reforma posible y buena”.

Pero reclamó que “no podemos darnos el lujo de extender esto, ya pasaron 20 años”. “Si antes del vencimiento de esta prórroga no tenemos un avance real en materia de adecuación normativa nuestra obligación institucional es pedirle a la Corte que el caso avance”, afirmó.

En su exposición, María Josefina Ignacio, comisionada en representación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, aseguró que el proyecto es “de mucho interés para nosotros” ya que “incorpora principios generales y garantías en los procedimientos administrativos con el objetivo de que sean respetados los derechos de las personas privadas de su libertad”.

La expositora dijo a los senadores que se les iba a aportar un informe técnico con observaciones al proyecto realizado desde el Comité, al tiempo que destacó “la propuesta de la adopción de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para la resolución de casos que se enmarque en infracciones leves y medias”.

“Para nosotros estas experiencias constituyen estrategias eficaces para evitar la tortura y los malos tratos, y también resultan esenciales para evitar la proliferación de sanciones arbitrarias y la utilización de mecanismos que de por sí afectan la integridad personal de las personas privadas de la libertad, como es el aislamiento en buzones”.

Sobre ese punto, Ignacio señaló que “el confinamiento solitario” en esos lugares, a los que describió como “los más espantosos de la cárcel, son celdas muy pequeñas, sin luz, ni eléctrica, ni solar, sin agua, sucias, oscuras y alejadas de todo”, son “una práctica brutal que debe erradicarse”, al tiempo de “una práctica absolutamente obsoleta para resolver los conflictos”.

En cuanto a estos mecanismos que se prevén, la comisionada afirmó que hay “experiencias muy buenas que ya se están realizando en distintas jurisdicciones del país”, como en la cárcel de Batán, y también en unidades de Chaco, Chubut y Tucumán. A su vez, “en el Servicio Penitenciario Federal se lleva adelante el programa Mario Juliano”.

Para Ignacio, las herramientas contempladas en la reforma “son un camino para avanzar hacia un nuevo paradigma de política carcelaria más humana, más democrática y más respetuosa de los derechos humanos”.