La causa iniciada por la diputada nacional Karina Banfi (UCR) contra la Secretaría General de la Presidencia sumó un nuevo capítulo. Frente al fallo del juez dictado en julio pasado, que establecía que se entregue la información solicitada sobre el uso de fondos públicos, de los empleados y las actividades de Fabiola Yáñez durante el ASPO de 2020, la Secretaría decidió presentar una apelación, “poniendo una nueva traba burocrática y violando una vez más el derecho de acceso a la información pública”, cuestionó Banfi.

“Lejos de sumar un ápice de transparencia a la gestión de (Alberto) Fernández, la Secretaría General de Presidencia argumentó falazmente que ya entregó la información solicitada. Sin embargo, nada explican sobre Sofía Pacchi -que insiste en decir que fue empleada de la primera dama- o Emmanuel López -que según se reveló recientemente circulaba como empleado de Yáñez-. Si algo queda claro a la fecha es que interponen la burocracia para seguir sin dar respuesta al interrogante central que desató el Olivos Gate: ¿quién trabaja para la primera dama?”, enfatizó la legisladora.

En esa línea, la radical apuntó que “el acceso a la información es un derecho humano amparado no solo en nuestra Constitución sino por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La apelación desnuda una postura negadora de este derecho y un empecinamiento preocupante y retrógrado en pos del secreto de Estado”.

Como respuesta, la diputada de Juntos por el Cambio decidió responder con un rechazo el recurso de apelación y solicitó que se confirme lo resuelto en la sentencia apelada. La pelea judicial comenzó después de que Banfi realice múltiples reclamos administrativos en relación a un pedido de acceso a la información presentado por primera vez el 5 de agosto de 2021 sobre la nómina de empleados de la primera dama, sus actividades y gastos. “La Secretaría General de Presidencia desde el inicio no cumplió con los plazos legales e hizo lo imposible para no tener que rendir cuentas sobre las irregularidades cometidas por la primera dama en plena cuarentena”, cuestionó.

Y agregó que “la apelación al fallo del juez es una maniobra más para seguir ocultando el uso que realiza la primera dama de los fondos públicos y seguir encubriendo el escándalo que se desató con el Olivos Gate”.

“La opacidad, la hermeticidad en el tratamiento de los asuntos públicos y la falta de transparencia son una vergüenza que mancha nuestra democracia. Es inaceptable que el propio Gobierno nacional viole descaradamente un derecho fundamental como es el acceso a la información pública. Vamos a continuar con el proceso judicial y, de ser necesario, llegaremos hasta la Corte Suprema”, aseguró Banfi.