Al cabo de la reunión informativa con invitados para exponer sobre el proyecto de Comisiones Mixtas, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados que preside Vanesa Siley se abocó al rápido debate de una serie de proyectos que no ameritaban controversia.

No hubo debate con ninguno de los proyectos, sobre los cuales solo expusieron sucesivamente sus autores, como fue el caso de Claudia Ormachea, quien aceptó los cambios introducidos al proyecto que incorpora la individualización del correo electrónico del empleador/a y el convenio colectivo aplicable al trabajador. Contó la legisladora oficialista que habá quienes solicitaban que la empresa tuviera la posibilidad de que además del domicilio electrónico se pusiera el de la empresa. “Este proyecto tiene otro artículo importante: los derechos y obligaciones necesarios corren por las partes y la modificación en el recibo de haberes, nos pareció importantísimo que esté asentado el último domicilio registrado por el trabajador de la empresa, pero fundamentalmente el convenio colectivo aplicable al trabajador, para que sepa los derechos que le asisten en cuanto a liquidaciones”.

Después fue el turno de un proyecto para que establece la gratuidad de los telegramas y cartas documentos para los trabajadores y sus derechohabientes. El proyecto era originalmente del radical Luis Petri, pero perdió estado parlamentario en 2021, por lo que volvió a presentarlo el puntano Carlos Ponce (Frente de Todos), quien lo defendió diciendo que si bien la gratuidad está establecida para todos los telegramas en cuanto a los trabajadores, tenemos un caso, que es un inciso, el segundo, por el cual se amplía ese derecho para los derechohabientes y pasa en la práctica más a aquellos que nos ha tocado ser delegados de establecimientos, nos ha marcado a fuego cuando fallece el trabajador y quedan situaciones con la familia”.

El diputado contó que hay “empleadores muy responsables que acompañan a la familia, no hace falta mandarles carta documento; pero otros que muchas veces se hacen los distraídos, les niegan la liquidación final, y el trabajador al haber fallecido el derechohabeinte queda con ese problema y empiezan las dificultades. Por eso nos parece muy atinado legislar en ese sentido”. 

Luego fue el turno de un proyecto impulsado por los diputados de la izquierda, Romina del Plá, Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Alejandro Milman, que incluye iniciativas de los diputados del Frente de Todos Gustavo González, Paola Vesvessian y Jorge Verón. La iniciativa instituye el 17 de junio de cada año como Día nacional de los trabajadores caídos y desaparecidos en el mar, en memoria de las víctimas del hundimiento del buque Repunte, y de todas las víctimas de tragedias mientras desarrollaban sus actividades. Asimismo establece a todo el mes de junio como de memoria para los tripulantes desaparecidos en el Mar Argentino.

Habló la diputada Del Plá, para recordar que a este proyecto solo le faltaba tener dictamen de esta comisión (también pasó por Legislación General y Asuntos Marítimos), y contó que había sido unificado con el proyecto de los citados legisladores oficialistas. La idea es, contó, “visibilizar la problemática y contribuir a evitar que estas situaciones se repitan”.

Comentó también que “en los últimos veinte años hubo 52 hundimientos y hay más de 1340 tripulantes muertos o desaparecidos en el mar. En general, no hay registro de la magnitud de los hundimientos que se producen. Es un problema muy serio y por eso nos parecía muy importante que se apruebe este dictamen.

Valoró la tarea de los familiares de víctimas, uno de cuyos logros fue, dijo, constituir en 2020 un organismo técnico descentralizado que entre otras cosa logró establecer que “cada barco que sale tiene la obligación de que haya trajes de abandono para todos los integrantes de la tripulación.

También tuvo dictamen un proyecto de Vanesa Siley y otros diputados de su bancada que instituye el 23 de agosto como el Día de la Militancia Sindical, en homenaje a Felipe Vallese.

Con el hijo de Felipe Vallese presente en la reunión, María Rosa Martínez contó que “Felipe fue un militante sindical, de la UOM, también militante territorial, perteneciente a la Juventud Peronista, en años de gobiernos de dictaduras y gobiernos democráticos condicionados. Era un participante muy activo, muchas veces detenido, luchando por la vuelta del peronismo y la eliminación de la proscripción”.

Comentó luego que Vallese desapareció con otros militantes, pero fue el único que no volvió a aparecer. Su cuerpo nunca fue encontrado y la policía jamás reconoció haberlo detenido. “Se supone que falleció en un hecho de tortura. También detuvieron al hijo y al hijo de 8 años de una compañera, todos brutalmente torturados”.

También tuvo dictamen un proyecto de equidad laboral que unifica iniciativas de diputadas como Silvia Lospennato, María Lucila Masín y Vanesa Siley, que deroga una iniciativa que prohíbe el trabajo de mujeres en diferentes sectores como en la actividad marítima y portuaria.

Además, se aprobó un proyecto del diputado del Frente de Todos Sergio Palazzo, que busca modificar el artículo 256 de la Ley Contrato de Trabajo respecto a los plazos de prescripción para el ejercicio de las acciones por créditos laborales, llevando a 5 años ese plazo que se origina durante la vigencia de la relación laboral y ampliando a 3 años el lapso de prescripción por los créditos que derivan de su extinción.

Al defender su iniciativa, Palazzo habló de “dejar de lado una ley originada de una dictadura”, y sugirió que “en algún momento todos los legisladores tenemos que dar por tierra con leyes que fueron pergeñadas por una dictadura militar”.

Asimismo se avanzó con la firma de un proyecto del diputado del Frente de Todos y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, que propone que el trabajador puede prestar servicios para otras empresas o por cuenta propia, salvo que ello derive de un daño cierto y determinado para su empleador o que la exclusividad de su trabajo hubiese sido expresamente pactada a cambio de una compensación económica.

Por último, se suscribió el dictamen de un pedido de informes impulsado por la  oposición sobre cuestiones relacionadas con el decreto 144/22 para que establecimientos de trabajo ofrezcan espacios de cuidado para niños y niñas de entre 45 días y  3 años de edad. Lo defendió la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba) que para conseguir la firma de sus pares aclaró que la iniciativa no tenía ningún componente ideológico.