En una nueva audiencia de alegatos en el juicio oral y público por la causa “Vialidad”, que tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el fiscal Diego Luciani apuntó que durante los años de gobiernos kirchneristas el Congreso de la Nación sufrió un “apagón informativo” respecto a las partidas destinadas a obra pública y a los legisladores “lisa y llanamente les mintieron”.

“Desde el Poder Ejecutivo se subestimaron los presupuestos, se manejaron a discreción los excedentes y los legisladores nunca tuvieron la posibilidad de controlar para saber lo que estaba pasando realmente con la obra vial de Santa Cruz”, sostuvo el funcionario judicial, que la semana pasada fue recusado por la titular del Senado.

Ante el TOF 2, el fiscal indicó que “entre los años 2004 y 2015 el Congreso Nacional padeció de una suerte de apagón informativo en la cuestión presupuestaria en lo tocante al destino de los cuantiosos recursos públicos invertidos en Santa Cruz para hacer frente a las obras públicas adjudicadas al grupo Báez”.

“Entiende este Ministerio Público Fiscal que las posibilidades reales de control de acuerdo con la información que el Poder Ejecutivo informó al Congreso, fue nulo”, agregó e insistió que “a través de esta extrema discrecionalidad hizo que fuera imposible ejercer un control real de la obra pública. Lisa y llanamente, les mintieron a los legisladores”.

Además, cruzó la versión otorgada por CFK: “Contrariamente a lo esgrimido por la imputada Fernández, en los hechos, el diseño de las políticas de inversiones en materia vial fue dirigido por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Para Luciani, basta con “revisar cada una de las decisiones administrativas” dictadas por los exjefes de Gabinete, entre ellos Alberto Fernández, para ver que “a instancias del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, se incrementó el presupuesto aprobado a favor de la Dirección Nacional de Vialidad”.

Por su parte, el fiscal Sergio Mola coincidió en que “hubo un precario funcionamiento de los organismos de control, situación mantenida por la propia administración en el plano del plan criminal”.

“Hubo un ejercicio abusivo de poder, con desplazamiento de cargos y degradación administrativa. Es una mentira decir que se controlaba algo teniendo en cuenta lo que se controlaba. Nimiedades. No se inmutaron por lo que pasaba en las obras por montos millonarios”, remarcó Mola en referencia al rol de la UIF y la SIGEN. Sin embargo, ponderó la actuación de la AGN, que “dio las alertas necesarias”.

En esta causa, la vicepresidenta está acusada de ser “jefa” de una asociación ilícita por la cual habría defraudado al Estado beneficiando al empresario Lázaro Báez con contratos por 46 mil millones de pesos. Entre los acusados también se encuentran el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su exnúmero 2, José López.