El director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, asistió este miércoles a brindar un informe de gestión a la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que preside Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro).

Tras su exposición, que duró un poco más de una hora y en la que prometió el envío del proyecto de la nueva Ley de Discapacidad en las próximas semanas, no se produjo intercambio de preguntas y respuestas con los legisladores. De esta manera, hay consultas que serán enviadas por escrito o se contestarán en una eventual nueva visita del funcionario. 

En el arranque de su exposición, el titular de la ANDIS destacó que el tema de la discapacidad se haya puesto en agenda. En ese sentido, ejemplificó que en las preguntas relacionadas la temática a través de los informes del jefe de Gabinete “siempre recibíamos un número reducido de inquietudes, cuatro, cinco, seis”, dijo, y comparó que en el próximo informe, tras más de dos años de gestión, “recibimos más de 50 consultas”. 

“Ha crecido en el interés, la preocupación, la ocupación, la tarea y el trabajo”, resaltó, y aseguró que el objetivo de la ANDIS es impulsar “una nueva ley, simplificarles los trámites y la vida a las personas con discapacidad, y acompañar a todo el sector involucrado en la temática”, la cual “había sido fuertemente invisibilizada durante mucho tiempo”. 

Habló entonces del “doble reto” de “por un lado, administrar los programas y las acciones del Estado”, pero también “hablar de las barreras, del entorno y empujar la transformación social que es tan indispensable” de manera de “cambiar prejuicios por información, estigma por oportunidades” y “crear una conciencia colectiva”. 

Galarraga recordó que la ANDIS “es un organismo reciente” que “fue creada por decreto en 2017”, pero al asumir en su cargo “todavía no reunía las condiciones como organismo público descentralizado para dar las respuestas que la sociedad demanda y el Estado requiere”. Así, subrayó que se dieron “pasos para el fortalecimiento de la Agencia”, que hoy día “se ha transformado en un referente de la sociedad”. 

“Es fundamental que sepamos y reconozcamos que falta muchísimo para que podamos decir que la inclusión está asegurada, que el Estado gestiona con perspectiva de discapacidad, que la sociedad derriba barreras”, aclaró, pero ponderó “lo mucho que hemos hecho”. 

Las cifras 

Al brindar el informe, el funcionario detalló que en lo que va de su gestión se han entregado 216 mil pensiones no contributivas, mientras que a la fecha están vigentes más de 1.100.000. La pensión “es una respuesta del Estado que tiene que estar para las personas con discapacidad que están en situación de vulnerabilidad social”, afirmó, al tiempo que remarcó: “Hemos trabajado mucho para poder restituir pensiones, avanzar con trámites que llevaban mucho tiempo retrasados, y poder simplificar los trámites para llegar a esa pensión”. 

No obstante, apuntó que la pensión “no puede ser la única respuesta” y “no resuelve todos los problemas”, pero “si no está, la situación es mucho más grave”. Además, poseer este beneficio, habilita a las personas con discapacidad al acceso al Programa Federal Incluir Salud, a través del cual se transfieren a todas las jurisdicciones “902 millones de pesos mensuales”. También, se destinan recursos por 3 mil millones de pesos a 1.200 instituciones. “En lo que va del año ya hemos invertido en el Programa Federal Incluir Salud 35 mil millones de pesos. Y entre 2020 y 2022 hemos invertido 122 mil millones de pesos”, precisó. 

Más adelante, Galarraga dijo que el Fondo Nacional para la Inclusión “este año tiene un presupuesto estimado de 1.315.000 de pesos” y “ya se está arriba de los 900 millones de pesos recaudados”. Además, indicó que actualmente se financian 294 proyectos por 504 millones de pesos, algunos referidos al mejoramiento de la infraestructura escolar o la creación de centros de rehabilitación. Y en lo que va de su gestión, “hemos financiado más de 1.500 proyectos por un total de 2.300.000 de pesos”. 

En cuanto a los certificados de discapacidad (CUD), señaló que en lo que va del año se otorgaron 157.692, de los cuales el 30% correspondían a renovación. El director de la ANDIS reconoció los reclamos por “el atraso en los turnos y la burocracia de papeles que se demandan”, pero valoró que “lentamente vamos recuperando la atención y la posibilidad de que las personas certifiquen a los niveles anteriores a la pandemia”. Actualmente hay 1.488.700 personas con CUD vigente. 

Entre varios temas a los que se refirió en su extensa presentación, el funcionario hizo referencia a la demanda de la inclusión laboral. Para atender esta cuestión, “se creó dentro de cada organismo público una figura, que no es un nuevo cargo, un nuevo sueldo, un nuevo trabajador, sino una nueva función asignada a alguien del área de recursos humanos” que se encargue del seguimiento de la persona con discapacidad,  porque “no es solo asignarle un puesto” sino que “la inclusión laboral lo dignifique, asignándole tareas, viendo qué barreras hay que eliminar, y que se piense en su evolución”.

Agregó que mientras se sigue “avanzando con más designaciones”, también se impulsan las capacitaciones; al tiempo que apuntó que existe un “histórico incumplimiento del cupo laboral del 4%”. De acuerdo a los últimos datos, “solo seis organismos (del Estado) cumplen el cupo laboral, y diez están por arriba del 3%”, expresó. 

Respecto a las versiones sobre un DNU que introduciría cambios en el financiamiento de las prestaciones dirigidas a personas con discapacidad, el titular de la ANDIS aseguró que “una respuesta que hay que dar es mejorar el financiamiento de las prestaciones básicas”. Sin embargo, aclaró: “Lo que quiero dejar bien en claro es que desde la Agencia y desde nuestro Gobierno no va a salir ninguna medida que signifique complejizar los trámites y perjudicar a las personas con discapacidad”. 

“Nunca se cambia a la obra social por el Estado y no se les va a pedir hacer trámites extra”, ratificó, y añadió que “las medidas que se están evaluando” tienen que ver con “el sistema que financia las prestaciones; en eso es en lo que estamos trabajando”.  

Nueva Ley de Discapacidad

Al recordar que el presidente Alberto Fernández anunció en la Asamblea Legislativa del pasado 1ro. de marzo una nueva Ley de Discapacidad, Galarraga informó que desde ese momento se lanzó “un proceso histórico de apertura para el diálogo y la recepción de aportes”, porque este tema “no es un tema de una gestión, de un gobierno, es un tema que nos tiene que encontrar trabajando juntos a todos los actores políticos y de la sociedad”. 

A través de un formulario web se recibieron “más de 12 mil aportes”, mientras que en diferentes regiones del país se desarrollaron siete audiencias públicas, en las que se escucharon a casi 1.500 oradores. De esta manera, la ANDIS se encuentra “rescatando todos los aportes, en una tarea realmente compleja pero muy rica”, sostuvo, y anticipó que “en pocas semanas más vamos a tener cerrado este proceso para enviar al Parlamento este proyecto de ley, que reemplazará a la 22.431”. 

En el final de su exposición, el funcionario manifestó que “hay factores irreversibles y nosotros entendemos que esos factores tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de la certificación y de la renovación, pero hay otros factores que son más dinámicos, que tienen que ver con la inclusión laboral, el acceso a prestaciones, el acceso a determinados bienes, la vivienda, la salud”.

Sobre esto último, “el Estado debe y tiene que hacer un acompañamiento a lo largo de la vida de las personas con discapacidad, porque el acceso a esos factores pueden mejorar o empeorar”, enfatizó el funcionario, que prometió: “Vamos a simplificar el trámite, eliminar todos los obstáculos que existen a la hora de la renovación, vamos profundizar los operativos para llevar la certificación a todos los rincones de la Argentina. Y estamos trabajando en un proyecto de financiamiento internacional para conseguir recursos para el fortalecimiento de las Juntas”. 

Intervención de los legisladores

En el tramo final, aunque no hubo preguntas, algunos legisladores hablaron. En su caso, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) señaló que “era una expectativa poder escucharlo, así que espero que el informe lo manden” y dijo que hubiera sido bueno “poder haber hecho un intercambio” porque “no es unilateral el vínculo”. “A mí me parece muy interesante la mirada del Ejecutivo, con quien hemos trabajado muy bien en pandemia”, agregó.

Y planteó que continuará impulsando su proyecto relacionado a la renovación del CUD, el cual “tiene que ser un derecho de las personas, no una imposición del Estado”. “Vamos a sostener ese proyecto con todas las ONG’s que lo vienen planteando”, cerró.

En tanto, el jujeño Gustavo Bouhid (UCR) pidió “tomarnos el tiempo necesario” en una próxima reunión porque se trata de “un tema demasiado sensible a la sociedad” y “hay mucho para debatir”. Sobre el organismo que conduce Galarraga, el exministro de salud provincial señaló que tiene que “tomar decisiones federales que después son inaplicables” porque “en la práctica tenemos un país muy injusto”.

En contra de la gestión de Cambiemos, la tucumana Rossana Chahla (FdT), quien fue también ministra de Salud, recordó que en los años anteriores “hemos tenido muchas dificultades con el Programa Federal Incluir Salud”. “Los que estuvimos de ministro de Salud hemos padecido que no se hacían los depósitos en tiempo y forma, no nos daban a las provincias los recuperos”, reveló y anunció que presentará un proyecto para darle jerarquía de ley a ese programa y “que no dependa de los gobiernos que vengan”.

En el final, el misionero Héctor Bárbaro (FdT) fustigó a la oposición al recordar que, en 2018, el hoy senador nacional Martín Lousteau dijo: “Hay 800 mil pensiones por invalidez demás, son más que los muertos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Polonia, Grecia y los Países Bajos en la Segunda Guerra Mundial”.

El oficialista aseguró que esa expresión “no coincide con lo que es la realidad de la Argentina” donde “no es lo mismo nacer en Buenos Aires, en Capital, con todos los lujos” que “nacer en un lugar pobre y ser hijo de un tarefero que a los 8, 9 años está trabajando en la chacra y a los 60 está prácticamente destruido. Esos son los que dice Lousteau que están pensionados de más”.

Finalmente, la vicepresidenta de la comisión, la cordobesa Leonor Martínez Villada (CC-ARI) dio por cerrada la reunión, no sin antes pedir: “No politicemos la comisión, porque no llegamos a ningún buen puerto. La discapacidad es un tema que trasciende esto”.