En la octava audiencia de alegatos en el juicio oral y público por la causa “Vialidad”, sobre presunta corrupción en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos K, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ahondaron en sus pruebas para la acusación de los 13 imputados, entre los que se encuentra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Luciani exhibió nuevos mensajes que salieron desde el celular del exsecretario de Obras Públicas, José López, que muestran que habría existido un plan para “limpiar todo” antes del recambio presidencial de 2015.

Para el fiscal, los mensajes muestran la “corrupción continuada y el beneficio inadmisible” que hubo para con el empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, una empresa que “después de diciembre de 2015 se transformó en fantasma”, apuntó Luciani.

“Tal fue así que cuando culminó el mandato de la presidenta Cristina Fernández, la empresa desapareció. Sí señores jueces, desapareció. Se esfumó. Y esto fue así porque sólo podía subsistir con el amparo y la anuencia de la entonces presidenta”, lanzó el funcionario judicial, que agregó: “El Grupo Austral nació y vivió durante los tres mandatos presidenciales” en referencia a las gestiones de Néstor Kirchner y CFK.

En la audiencia, Luciani consideró que “después de ver estos mensajes, sobran las palabras. Austral Construcciones fue una estructura creada para el direccionamiento y para extraer fondos ilegales del Estado. No fue un emprendimiento comercial, no fue una inversión para obtener ganancias y soportar pérdidas; su creación fue un eslabón para obtener fondos del Estado mediante licitaciones”.

También en un repaso por el patrimonio de Báez, el fiscal sostuvo que el empresario se convirtió en “uno de los más grandes terratenientes del país”. “Ahí está la plata que no pusieron en las rutas, sino en los bolsillos de quienes encabezaron la corrupción más grande en la historia de este país”, aseveró.

Por su parte, Mola salió al cruce de los argumentos de “lawfare” que denuncian los acusados, principalmente la vicepresidenta. “Se debe desestimar la existencia del lawfare como sostuvieron en sus indagatorias muchos de los imputados, refiriéndose a un móvil político”, expresó.

En esa línea, señaló que “el lawfare no existe, este vocablo tuvo buen marketing con el fin de desacreditar las investigaciones penales”. “No queremos desconocer que hay casos de verdaderas persecuciones políticas como la última dictadura militar”, aclaró.

Pero el fiscal opinó que “es usual que cuando las personas no pueden revertir la prueba se empleen estos términos y autoproclamado perseguidos”. “Negar que el proceso transita el carril legal es más bien una herramienta para amedrentar o perseguir a los magistrados para cumplir con su deber de hacer cumplir la justicia”, añadió.