El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 27.679 de prórroga del régimen de incentivos a la construcción, que busca promover el desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios.

El decreto 522/2022 fue publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Economía, Sergio Massa.

Antes del fin de semana, Massa, quien fue autor del proyecto en la Cámara de Diputados, en acompañamiento del jefe del Frente Pro, Cristian Ritondo, había adelantado su promulgación.

A partir de la norma se extenderán los incentivos previstos en la Ley 27.613, que permiten disminuir impuestos en el marco específico de un blanqueo de capitales no registrados.

De acuerdo a la ley, se prorroga por 360 días el “Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina”. Los 360 días serán corridos, desde la vigencia de esta nueva ley, y se plantea que el impuesto especial que establece el artículo 9 de la 27.613 “se determinará en base a la fecha de ingreso de la tenencia que se declare en la cuenta especial”.

En ese sentido, las alícuotas serán las siguientes: del 5% para los ingresos declarados desde la entrada en vigencia de la ley y hasta transcurridos los 90 días; del 10% para los ingresados desde el día 90 al 180 de entrada en vigencia de la ley; y del 20% desde el día 180 al 360 de entrada en vigencia la ley.

Por otra parte, en lo referido a “Puente al Empleo”, se indica que los titulares de planes sociales que sean contratados en el marco de este régimen “y que cumplan con la capacitación y los cursos de formación que se establezcan, podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas por el plazo previsto en el artículo 1°, en los términos y las condiciones que establezca la autoridad de aplicación”.

“El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo Social establecerán las pautas para determinar la procedencia y el alcance de la compatibilidad del trabajo registrado con los programas sociales y de empleo nacionales que otorguen prestaciones dinerarias destinadas a las personas y grupos familiares en situación de vulnerabilidad social, incluyendo los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas municipales y de organizaciones sociales”, agrega.