Así lo solicitaron este lunes ante el TOF 2 los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en el cierre de sus alegatos en el juicio por corrupción en la obra pública de Santa Cruz. La vicepresidenta solicitó ampliar su declaración.
Luego de más de cinco horas de audiencia, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos de por vida, en el marco del juicio por corrupción en la obra pública de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
También pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez; 10 años de presión para Julio De Vido, José López y Nelson Periotti; 6 años para Mauricio Collareda y para Juan Carlos Villafañe; y 5 años para Raúl Osvaldo Daurich.
Mientras se sucedía la jornada, la titular del Senado reveló que su defensa iba a solicitar al Tribunal Oral Federal N°2 -a cargo de los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu- que le permitan ampliar su declaración indagatoria este martes dado que en las acusaciones de los fiscales se “montaron cuestiones que nunca habían sido planteadas”. Sin embargo, el juez Rodrigo Giménez Uriburu leyó la resolución del Tribunal en la que rechazó el pedido y explicó que la ampliación de las indagatorias se contemplan previo al inicio de la instancia de alegatos.
Luciani argumentó que “son agravantes la magnitud de los delitos cometidos y que su aporte fue dirimente y principal para la realización de los delitos que se le acusa. Su poder en relación a los otros imputados, la naturaleza de la conducta y los medios utilizados, el daño ocasionado y los motivos y se evalúa el lucro personal buscado”.
“Valoramos de manera negativa el desprecio demostrado hacia la ciudadanía por usar fondos públicos para fines personales, a los ciudadanos de Santa Cruz en lo particular que no vieron concluidas esas rutas, a los empleados de Austral Construcciones despedidos en pos de ocultar la maniobra”, agregó.
A su vez, remarcó: “Su condición de presidenta de la Nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes. Cristina Fernández ostentaba la máxima jerarquía y usó sus competencias y poder para alcanzar el lucro final de esta maniobra, priorizó el interés personal sobre el interés público”.
“Necesitamos dejar en claro que se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, argumentó Luciani. Y agregó: “Sustrajeron fondos del Estado para uso particular. La corrupción fue la regla y el Estado de derecho quedó relegado”.
A su vez, el fiscal adelantó: “Vamos a solicitar el decomiso de los instrumentos y de las ganancias obtenidas de los delitos analizados”, cuyo destino serán “instituciones de bien público para compensar o reparar el grave desequilibrio ocasionado por la comisión de estos delitos”.
“Acá estamos ante una organización que se diseñó y dirigió desde las máximas autoridades del país”, agregó el fiscal en el tramo final previo al pedido de condena y señaló: “Vimos como el Estado de Derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados. Describimos un sinnúmero de arbitrariedades, abuso de poder, atropellos constantes de las normas que regulan la recta contratación pública”.
En tanto, remarcó que “la sociedad está harta de la corrupción de sus gobernantes. La sociedad necesita que practiquen valores de la ética, la verdad, la transparencia y de un Estado de derecho”.
Antes del tramo final, Luciani afirmó durante la audiencia que “Báez empleó sus empresas como parte indispensable para que la maniobra se perfeccionara” y que el empresario tenía un “trato preferencial” que “no podría haber sucedido de otro modo si no hubiera sido porque la maniobra se encontraba dirigida desde un nivel superior del Gobierno nacional”.
El fiscal apuntó que “el Estado le proporcionó planes de regularización impositiva a medida” y que “esquivaba el control de la IGJ”. Además. Báez “tenía línea directa con el secretario de Obras Públicas y, por su intermedio, con la expresidenta”.
Insistió en que hacia el final del segundo mandato de CFK “le armaron el ‘plan salida’, el ‘plan limpiar todo'”. “Báez, señores jueces, fue el primer beneficiado económicamente por la maniobra” a través de “licitaciones ilegales” con “abultados sobreprecios”, subrayó.
“¿Por qué fue Báez el niño mimado de las más altas autoridades? Porque las benefició, tal como hemos demostrado”, lanzó Luciani, que aseveró que el empresario “constituyó la pieza clave para que parte de ese dinero ingresara al patrimonio personal de los expresidentes” Néstor y Cristina Kirchner.
Por su parte, Mola hizo especial hincapié en la cuestión del perjuicio, asegurando que el total asciende a unos 5.329.049.272,47 de pesos, equivalente a 926.166.134,39 dólares.
El fiscal enfatizó que las obras fueron “abandonadas” con “bajos porcentajes” de cumplimiento y “todos los recursos fueron dilapidados”. Además, hubo “cuantiosos sobreprecios en los presupuestos” lo que provocó que “el perjuicio se fue incrementando conforme se desarrollaban las obras”.
Mola recordó que, hacia finales de 2015, ante el recambio presidencial, Báez “abandonó de manera intempestiva 24 obras” de las cuales “17 tenían avances escasos de ejecución”.
La ronda de alegatos se reanudará el próximo 5 de septiembre, con la defensa de Héctor René Garro, uno de los extitulares de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
En el arranque de la jornada de este lunes, el TOF 2 informó que hubo modificaciones en el orden de los alegatos de las defensas de los acusados, ya que el abogado de Báez iba a ser el primer en exponer, pero lo hará al final de todo, después de la defensa de Cristina Kirchner, que está en el orden sexto.
En esta causa, Cristina Fernández de Kirchner está acusada como “jefa” de una asociación ilícita dedicada a favorecer con contratos por obra pública en la provincia de Santa Cruz -en 46 mil millones de pesos- al empresario Lázaro Báez, entre los años 2003 y 2015, es decir, durante los tres gobiernos K.
El resto de los acusados son Julio De Vido, exministro de Planificación Federal; José López, exsecretario de Obras Públicas; Abel Fatala, exfuncionario de la cartera de Planificación Federal; Nelson Periotti, extitular de la Dirección de Vialidad Nacional; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, exjefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos expresidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
También figura Carlos Kirchner, extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo de Néstor Kirchner, a quien la Fiscalía desvinculó del delito de asociación ilícita porque sostuvo que no se demostró su participación.
