La Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, presidida por Ramiro Gutiérrez (FdT), dictaminó favorablemente este miércoles el proyecto de ley -que ya tiene media sanción del Senado- sobre la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

Al abrirse el debate, la diputada Mónica Frade (CC-ARI) dejó sentada sus disidencias “no porque esté en contra” sino “porque creo que antes que esto nos debemos una tarea que para mí es central, que es la citación de la titular de ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados)”, Natasa Loizou.

“Debemos en un tema tan sensible poner un poco más de atención respecto de lo que está pasando con las armas en nuestro país”, consideró, al señalar que la entrega de armas “debería ser permanente”. Pero la bonaerense reclamó que “luego no sabemos a dónde van esas armas; no sabemos si van al mercado negro y no hay casi destrucción de armas”.

En ese sentido, reveló que pidió un informe a la ANMaC que la alertó y agregó: “Discutamos qué vamos a hacer con las armas y si vamos a seguir prorrogando esta norma sin siquiera hacer ningún control posterior cuando la gente se desarma y le entrega al Estado las armas”. “Lisa y llanamente me dicen que no hay ningún tipo de control en esto”, dijo sobre la información oficial que recibió.

A su turno, el diputado Ricardo López Murphy (RU) coincidió en que “la norma de entrega de armas debería ser permanente”, y resaltó que en ese informe “se reconoce que no hay inventario, que no hay control”. Además, se mostró a favor de la prórroga, pero no de la modificación del artículo 4 de la ley, que también contempla el proyecto.

Desde el oficialismo, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) se mostró a favor de convocar a la titular de la ANMaC y aclaró que “el programa consiste en la destrucción del arma en el momento en que el ciudadano se acerca a entregarla” cuando se produce la “inutilización a través de una máquina especial”.

“Más allá de que es legítima la preocupación”, reconoció, el bonaerense ratificó que tras la entrega “de inmediato se inutiliza y ahí no hay riesgo de que el arma vuelva a la sociedad en condiciones de disparar”.

Sin embargo, Frade retrucó que de acuerdo al informe “entre abril de 2017 y junio de 2020 no se había destruido ningún arma de fuego” y “la gestión iniciada en agosto de 2020 comenzó a revertir la situación”. “Lo que quiere decir que la cuestión no es como la planteó el diputado”, sostuvo.

En tanto, el presidente de la comisión, Ramiro Gutiérrez (FdT), afirmó que Loizou “ofreció una visita al establecimiento para ver el proceso de destrucción de las armas”. Él también contó que conoce el procedimiento y cómo funciona: “Llegan con un precintado muy especial, que no se puede profanar, y después de ser inventariadas pasan al proceso que ha detallado el diputado Tailhade”.

Finalmente, el vicepresidente de la comisión, Juan Martín (UCR), aseguró que el tema hay que “plantearlo como una política de Estado, que tenga permanencia”. “En esta coyuntura vale la pena tener algo”, opinó, pero enfatizó que “la tarea adelante es considerar una reforma integral” del programa.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo establece la prórroga del plazo para la ejecución del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2023.

Además modifica el artículo 4 de la Ley 26.216, sobre las finalidades del programa, que son: la disminución del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil; la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego; y la sensibilización y concientización de la sociedad civil acerca de los riesgos que representa la presencia de un arma de fuego.

También, la promoción de una cultura de la no violencia y de la resolución pacífica de los conflictos; el control y reducción de la conflictividad con el uso de armas de fuego; y la incidencia y reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales.

El Programa se creó por ley en 2007 y desde esa fecha fue prorrogado en ocho oportunidades.

Violencia en Santa Fe

Durante la reunión, en la que también se pasaron a la firma proyectos de declaración y hubo polémica por uno presentado por el diputado Francisco Sánchez, Martín planteó la preocupación por la violencia en Santa Fe y pidió que asista a la comisión el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a lo que Gutiérrez asintió.

El legislador santafesino habló de un “panorama preocupante” en cuanto a la tasa de homicidios, “un tema que tenemos que atender en todo el país, pero que particularmente tiene una dificultad agregada en la provincia de Santa Fe, porque las tasas cuanto menos se duplican, y en el caso de Rosario se triplican”.

De acuerdo a datos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, hay 18 cada 100 mil habitantes como tasa de homicidios en Rosario, 13 cada 100 mil habitantes en Capital y un promedio de 10 cada 100 mil, apuntó. También, el radical detalló que “en lo que va de 2022 llevamos 190 homicidios en Rosario y 45 en la Capital. Es un número escalofriante”.

Asimismo, muchos de esos casos se dan “con ensañamiento, con uso de armas de guerra, con violencia que realmente nos conmueve y duele a todos”.

“En la provincia de Santa Fe vivimos una verdadera epidemia en materia de inseguridad”, añadió y solicitó la presencia de Fernández para que explique sobre el despliegue de las fuerzas federales. “Queremos saber si hay problema logístico, si no pueden ponerse de acuerdo la Nación y la provincia”, completó.