La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Marisa Graham, asistió este martes a la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, que preside la radical Roxana Reyes (Santa Cruz), para brindar su informe anual en el que alertó: “Desde el inicio de la gestión nos inundaron de denuncias de abuso sexual infantil, es un tema de alta preocupación”.

En su ponencia, también sostuvo que “la Ley de Salud Mental será muy de avanzada para los adultos, pero no incluye a la niñez y la adolescencia”, y pidió que “hay que reformarlo”. También que abogó por la renovación de la Ley de Discapacidad y el régimen penal juvenil.

En su exposición inicial, Graham recordó que la Defensoría “es un organismo de derechos humanos, de un tercio de la población que son las personas hasta 17 años; es autónoma, autárquica e independiente. No depende ni responde a ninguno de los poderes, e incluso puede interpelar al Poder Judicial”.

Al recordar que ella junto a los defensores adjuntos juraron en febrero de 2020 y luego vino la pandemia, mencionó que la tarea “fue muy difícil” porque era “un organismo que se creó desde menos diez, no desde cero”. Sin embargo, “a pesar de esa dificultad hicimos muchísimo en el 2020 y mucho más en el 2021”, destacó.

Y sobre ese 2022, año en que se retomó la presencialidad a pleno, “hubo como una explosión de la Defensoría, nos instalamos más en la población y se definió un poco más cuál es nuestro rol”, resaltó.

La funcionaria agregó que estuvieron “un año y medio armando equipos que no se conocían”, lo cual “fue un obstáculo, pero también una fortaleza” que “generó una cohesión importante”. A continuación, detalló la estructura del organismo, compuesto por una diversidad de profesionales. “Somos el 60% mujeres y el 40% varones”, detalló.

Graham subrayó: “Hemos dado un salto cualitativo teniendo en cuenta que todavía ni siquiera hemos cumplido tres años de existencia como institución”. Y reveló que poseen un “estatuto interno de avanzada”, a partir del cual, por ejemplo, “hay paridad absoluta” en cuanto a las licencias por paternidad, maternidad, adopción o distintos cuidados para todos los trabajadores.

“Trabajamos fundamentalmente con pronunciamientos, comunicaciones y recomendaciones; con campañas de difusión y sensibilización; con mesas de trabajo, con aportes técnicos y con convenios marco con distintas organizaciones”, contó, a la vez que enumeró las “redes” que “acompañan la gestión de la Defensoría” tales como “defensores provinciales, legisladores provinciales por los derechos de los niños, organizaciones territoriales, y promotores de derechos de los niños” que son “150 chicas y chicos de todas las provincias del país”.

En un tramo de su presentación, la defensora aseguró que desde el inicio de la gestión “nos inundaron de denuncias de abuso sexual infantil, lo cual es un tema de alta preocupación. Creo que tiene que ser de preocupación para toda la sociedad”.

Al relatar uno de los casos en los que más trabajó la Defensoría, la funcionaria se refirió a la niñez indígena, de la cual hay un proyecto del diputado Daniel Arroyo al cual expresó su apoyo. “Si hay un nene o una nena, un chico o una chica vulnerable en la República Argentina, son los niños de los pueblos originarios”, señaló.

Sobre el trabajo realizado con la comunidad wichí en el Chaco Salteño, contó que la Defensoría fue “a hablar con las autoridades, con el gobernador, con los ministros” y que viajaron a visitar el territorio muchas veces. Se armaron mesas interministeriales y “logramos reducir un poquito la mortalidad infantil”, apuntó. Sin embargo, “en septiembre de 2021 ese círculo virtuoso que de alguna manera se había gestado, se rompió, dejó de funcionar”.

A partir de ello iniciaron un amparo a la provincia de Salta, que respondió con medidas cautelares. “Nosotros pedíamos garantizar agua, conectividad, caminos, salud, alimentación oportuna y de calidad”, expresó, y agregó: “Se requiere de decisión política, presupuesto y un acompañamiento del Gobierno nacional a estas políticas que tiene que desarrollar la provincia”.

Actualmente aguardan por un fallo de la Corte de Salta, y de ello dependerá si presentan un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informó Graham. “Lo pongo de ejemplo no para estigmatizar, sino para mostrarles como venimos trabajando”, dijo y ponderó que entre las cosas que sí se lograron, se otorgaron 3.500 DNI entre la niñez indígena. “Siguen esos operativos, eso funcionó y funciona, lo que no funciona es lo otro, que es vital”, sumó.

La defensora también mencionó que trabajaron con la niñez migrante; con gestiones para que la Tarjeta Alimentar se ampliara a familias con hijos hasta 14 años; y con bajar el piso del Progresar. “Hay cuestiones que todavía quedan de lo que nosotros llamamos el tutelarismo clásico”, indicó, y remarcó que uno de ellos es la salud mental.

“La Ley de Salud Mental será muy de avanzada para los adultos, pero no incluye a la niñez y la adolescencia y eso hay que reformarlo”, afirmó Graham, al igual que abogó por la renovación de la Ley de Discapacidad y el régimen penal juvenil. Asimismo, hay que “aggiornar la Ley 26.061, que fue un salto cualitativo en su momento, pero hay cosas que podríamos incorporar, por ejemplo, el tema de trabajo infantil”.

Graham ratificó: “Estamos trabajando mucho para que haya defensores en todas las provincias, que sean pares nuestros y que se incorporen a una red horizontal y federal de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

A su turno el defensor adjunto de la Defensoría, Facundo Hernández, procedió a explicar cómo actúan en la defensa de los derechos: “Tenemos un área de admisión de casos porque no podemos intervenir en todos porque haríamos mal nuestro trabajo. Tenemos que rejerarquizar el sistema de protección porque después deben transitar y ser atendidos por los lugares originarios de donde son los casos. Solo en los casos donde no obtenemos respuesta en tiempo y forma ahí interviene la Defensoría”.

“Junto con los litigios estratégicos, lo que se busca es fortalecer y jerarquizar el sistema de derecho que es lo que debería funcionar bien en Argentina y además estamos yendo hacia un sistema federal independiente de todos los dispositivos donde haya niños, niñas y adolescentes”, añadió.

Y sumó: “En materia de admisión de casos es de mayo de 2021 a mayo de 2022 son 441 casos. Este año hubo un salto de un 40% entre 2020-2021 y 2021-2022. De mayo a este año hay 112 nuevos casos. El total de casos que tiene la defensoría desde su creación es de 756 que muchos no son individuales”.

“El grueso de los casos tiene que ver con procedimientos con cuestiones de familia que están siendo abordadas de manera conflictiva en el Poder Judicial. En materia de requerimientos hay una fuerte preponderancia en la provincia de Buenos Aires algo que nos interesa revertir y para lo cual estamos pensando distintas alternativas”, explicó Hernández y agregó: “En materia de quiénes nos requieren hay una preponderancia de que sea un familiar o el referente afectivo del niño o niña. El segundo caso que tomamos de oficio tiene que ver con violencia institucional”.

En esa línea, precisó que “de los 441 casos que ingresaron se llevaron a cabo 4.400 gestiones que van desde pedidos de informes, notas judiciales, articulaciones, asesoramiento, mesas de trabajo. De estos casos 65 son los que forman parte del litigio estratégico donde ponemos mayor peso de las herramientas defensoriales con mayor profundidad”.

Sobre la Ley 22.278, comentó que “hay dos proyectos de ley actualmente con estado parlamentario, pero los dos con edad de 14 años porque no corresponde bajar la edad de imputabilidad porque es algo que reclama el Comité de Naciones Unidas”.

“Una Ley Nacional de reparación histórica de niñez indígena es importante porque es algo que vimos como problema en la falta de un diagnóstico, de planificación, de coordinación y de evaluación de políticas públicas provincias y nacionales. Hay mucho trabajo de terreno, pero falta coordinación”, cuestionó.

En materia de nudos críticos, señaló que “tres provincias no cuentan con la Ley de Protección Integral, nueve provincias tienen algún grado de adecuación de leyes procesales penales, 15 provincias no receptan normativamente la figura de Defensor y, de las 9 que si, 4 no la implementan. Hay una falta de centralidad del sistema de diseño de políticas públicas”.

Entre los obstáculos que se les presentan para el ejercicio de su función precisó que “principalmente pasan por el Poder Judicial y Ministerio Público de la Defensa que no nos reconocen la legitimidad”.