Debido al crecimiento de los índices de robos de celulares, los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para modificar la Ley N° 6.009 de Aparatos Electrónicos, a fin de que una vez que los móviles recuperados sean devueltos a sus dueños pueda dejarse asentado donde fueron sustraídos.

La iniciativa en cuestión fue impulsada por la peronista Claudia Neira (FdT) y busca incorporar en el artículo 6 de la mencionada Ley un apartado que establezca que “en caso de individualización del titular del celular secuestrado, previo a la restitución, se le deberá requerir que informe si el equipo le fue robado/hurtado. En caso afirmativo, se le pedirá que especifique fecha y lugar del robo/hurto. La información obtenida será incluida en el Mapa del Delito”.

En los fundamentos del proyecto, la opositora recordó que “el 13 de Septiembre de 2018, esta Legislatura sancionó la Ley N 6.009 con la finalidad de regular, en base a razones de seguridad, la identificación de aparatos electrónicos usados de telefonía celular y sus respectivos repuestos y partes, afectados a las actividades de compra-venta y reparación” y destacó que el texto recientemente presentado “pretende incluir un paso adicional previo a la devolución del equipo al titular. Ese paso consiste en requerirle que informe si el objeto que se le está restituyendo le fue sustraído en el marco de un robo/hurto, y en caso de que la respuesta sea afirmativa, se le solicite que indique la fecha y lugar en el que se llevó a cabo el robo/hurto”.

“La finalidad de la propuesta es utilizar las estadísticas que pueden surgir de esta información para reducir lo que es popularmente conocido como ‘cifra negra’ en relación a los robos y los hurtos, específicamente de celulares”, señaló e y remarcó que “los delitos de ‘cifra negra’ se denominan de esa forma por las complejidades que puede haber en su registro. Muchas veces, hay complicaciones externas al método estadístico seleccionado que llevan a la duda en relación a la compatibilidad entre la realidad delictiva y la estadística que intenta reflejarla. En este caso concreto, los delitos de robo y hurto dependen en gran medida del nivel de denuncia para su sistematización estadística. Así las cosas, en ciudades o países que tengan un bajo nivel de denuncia, es posible que la información de las fuentes oficiales o guberamentales, no termine evidenciando la realidad criminal”.

Sobre esa misma línea, Neira indicó que “los datos de las encuestas de victimización publicados en el informe complementario al Mapa del Delito 2021, muestran que la enorme mayoría de ciudadanos que afirmaron haber padecido un robo, manifestaron que el objeto que les fue sustraído fue un celular” y destacó que “tanto en los casos de robos como también de hurtos, menos del 50% afirmó haber denunciado el hecho a la policía en el año 2021. (36% de los encuestados denunció el robo padecido y 20% de los encuestados denunció el hurto). Esto permite inferir que los datos oficiales respecto a los robos y hurtos registrados en la Ciudad no llegan a reflejar ni la mitad de los sucesos de este tipo que efectivamente se perpetran”.

“Nuestra propuesta apunta a brindarle al Poder Ejecutivo una herramienta adicional para avanzar en un diagnóstico más certero respecto a los delitos contra la propiedad, planificando en base a evidencias concretas la política pública en materia de seguridad ciudadana”, sentenció.

La iniciativa también lleva la firma de Alejandra Amor, Maia Daer, Claudio Ferreño y Manuel Socías (FdT).