Proponen aumentar las penas ante cualquier atentado contra los altos mandatarios del Ejecutivo

El proyecto fue presentado por el diputado del Pro Gerardo Milman con el fin modificar el Código Penal en su artículo 211 tras el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner.

Tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal con el fin de aumentar las penas ante cualquier atentado o intimidación pública hacia las más altas investiduras del Poder Ejecutivo.

El legislador aseguró que “en nuestro Código Penal, el verdadero Bien Jurídico que se intenta tutelar es que se pone en peligro con el delito de Intimidación Pública es el Orden Público, ya que un intento de atentado o un atentado real hacia cualquiera de las dos figuras más altas e importantes del Poder Ejecutivo ocasionarán estupor, y conmoción pública”.

La modificación del Capítulo III, sobre intimidación pública del artículo 211, en el Código Penal Argentino, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años”.

ARTÍCULO 211 bis. – En el caso de que dicha intimidación pública, tipificada en el Artículo 211 de esta Ley, afectara a la seguridad física de las altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, presidente/a y/o vicepresidente/a respectivamente, será reprimido con prisión de siete a quince años. Cuando para ello se empleare armas de fuegos, explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de diez años a reclusión perpetua.

El diputado justificó esta modificación debido al “clima de peligrosa inestabilidad institucional y que afecta a la tranquilidad pública y en su conjunto, al Orden Público imperante”.

4664-D-2022

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