La Comisión de Acuerdos del Senado concluyó este miércoles con la ronda de audiencias públicas a candidatos a ocupar distintos cargos en el Poder Judicial. Tras el encuentro, los pliegos se pasaron a la firma para su dictamen.

Con baja participación de senadores, sobre todo de Juntos por el Cambio, expusieron una veintena de postulantes, que se sumaron a la docena que ya se había presentado el día anterior.

El total entre ambos días era de 33 expedientes, pero la presidenta de la comisión, Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT), informó que el Ejecutivo ordenó retirar el de Paula Gorsd, propuesta como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, vocalía N°10.

En la jornada de este miércoles, las preguntas de los senadores oficialistas giraron en torno a la actuación que están teniendo los fiscales y jueces del juicio por la causa “Vialidad”, que tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner como principal acusada, aunque sin hacer ninguna referencia directa.

Al igual que el martes, la neuquina Silvia Sapag (UC-FdT) consultó a los candidatos por su “apego a la Constitución, al debido proceso, la imparcialidad de los jueces y el principio de presunción de inocencia”.

Por su parte, la vicepresidenta de la comisión, Guadalupe Tagliaferri (Pro), la única opositora que permaneció durante toda la reunión, interrogó a varios postulantes respecto de su opinión sobre el traspaso de la justicia ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la presentación de María Ángeles Ramos, propuesta como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N°24, Fernández Sagasti preguntó: “¿Usted cree que la lectura en un juicio oral de un fiscal viola el principio de oralidad en el proceso penal?”.

“No está prevista la lectura técnicamente en el Código Procesal Penal, la oralidad es lo que debe regir en el juicio oral”, señaló Ramos, quien remarcó que en su experiencia personal “para llevar adelante un alegato en casos de lesa criminalidad, me tengo que valer de ciertas notas porque es muy difícil”. En ese sentido, sería aceptable para “casos grandes o de macrocriminalidad” pero “debe regir la oralidad completa”, agregó.

En la exposición de Leonardo Fillia, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, vocalía N°9, también la presidenta de la comisión fue con una pregunta sobre los juicios orales.

“En la Facultad cuando uno estudia derecho procesal penal hay algo que nos enseñan que tiene que ver con la ‘tranquilidad de las partes’ y que va arraigado al principio de juez natural, de imparcialidad, y que tanto los fiscales como los defensores tienen que bregar por la tranquilidad de las partes. ¿Usted entiende que esto es un principio por el que tiene que velar?”, sostuvo la vicejefa de la bancada oficialista.

A lo que Fillia respondió que “quien ejerza como fiscal debe obligatoriamente velar por la custodia de la legalidad, porque es un mandato constitucional”. “En el caso que la situación de incertidumbre o erosión del debido proceso sea identificada con el peso suficiente, como juez tendría facultades para declararla de oficio”, apuntó, al tiempo que “como defensor sería obligada la realización de algún tipo de planteo o cuestionamiento”.

Al momento de la presentación de Fernando Bellido, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, vocalía N°7, el senador Oscar Parrilli (UC-FdT) le consultó: “¿Qué teoría de la culpabilidad considera más adecuada cuando tiene que sentenciar un fallo? ¿Qué opina sobre la incorporación y valorización de las pruebas en los procesos penales, sobre todo cuando ya se realiza el juicio oral?”.

Bellido se mostró a favor del “sistema de la sincera convicción razonada sobre la verdad de los hechos juzgados, en el que los jueces tenemos que dar explicaciones de por qué aceptamos determinados medios de prueba, cómo los valoramos, qué peso le damos a ese medio y siempre teniendo en cuenta que no sea un medio de prueba contrario a las garantías constitucionales”.

“La prueba ilegal debe ser excluida”, aseveró, al tiempo que señaló que “si bien está prevista la incorporación (de prueba) por lectura, debe ser la excepción. Lo ideal es que en un juicio oral las pruebas se produzcan en el debate para que puedan ser controladas por todos”.

Y añadió: “Estoy a favor de que los juicios orales se lleven adelante con rapidez, celeridad y continuidad. No estoy muy de acuerdo en que se prolonguen mucho tiempo y se realicen pocas audiencias públicas por semana”.

A su turno, Gabriel Vandemberg, propuesto a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correcional N°26 de la Capital Federal, fue consultado por Parrilli por una observación del CELS sobre “dos hechos de violencia ocurridos en el año 2002 que lo tuvieron a usted supuestamente como protagonista”.

Luego que Fernández Sagasti aclarara que la impugnación no había sido presentada formalmente ante la comisión, Vandemberg relató que en 2002 él era fiscal en Lomas de Zamora, y recordó que era una época de secuestros y salideras, durante la cual “desbaratamos una banda mixta de policías y ladrones”.

El 8 de mayo de 2002 cuando llevaba a sus hijos al colegio por la mañana aparecieron dos vehículos de los cuales se bajaron personas armadas y sin mediar palabra comenzaron a disparar, detalló, a lo que sumó que él estaba “armado legalmente” y ejerció “el derecho de defensa”. Luego la causa fue a juicio y todos fueron condenados, dijo.

En el segundo hecho él ya contaba con custodia, y no estaba armado, pero persiguió a un auto que vino hasta su casa y en esa persecución le dispararon con una ametralladora desde el otro auto, donde luego se encontraron elementos policiales. “Después de ahí a mí no me molestaron más”, agregó. Asimismo aseguró que en sus clases “jamás” propició “el uso de armas en civiles” que “tienen que estar en manos de profesionales de la seguridad”.

“Quedo satisfecho con su respuesta y me parece que era oportuno que usted pudiera expresarse”, cerró Parrilli.

Por otra parte, en la reunión, Tagliaferri planteó una cuestión que “no tenía que ver con la idoneidad de los candidatos” pero “hay un envío del Poder Ejecutivo que en el caso de dos postulantes se ha elegido a dos personas de la misma terna”. “No es lo que corresponde cuando se envían pliegos, es una desprolijidad”.

“Creía que durante la presidencia de Mauricio Macri se había tornado costumbre este tipo de cosas, pero bueno obviamente le requeriremos al Ejecutivo que se abstenga a la regla”, le devolvió Fernández Sagasti.