El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, encabezados por Mónica Frade, presentó este jueves un proyecto de pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por mal desempeño en sus funciones tras el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Acompañaron con su firma los diputados por Pro Ingrid Jetter, Soher El Sukaria y Gustavo Hein.

“Quien no está en condiciones de garantizar la integridad física de las máximas autoridades de la Nación, mal puede garantizar la seguridad de los habitantes de nuestro país”, afirmaron en la iniciativa.

En otro pasaje, mencionan que “el Juez Roberto Gallardo había resuelto que la custodia de la vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner quedara a cargo de las autoridades de seguridad federales, por lo que le dio intervención al ministro de Seguridad Aníbal Fernández. También estableció que ´la fuerza federal encargada de la custodia presidencial sería la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso´”.

“La manda judicial le asignó al ministro de Seguridad toda la cobertura de seguridad del sitio donde aconteció el ataque contra la vicepresidente y, por lo mismo, de la propia funcionaria, con prescindencia de su custodia personal”, señala el proyecto presentado por los legisladores.

En ese sentido, plantean: “Las imágenes reflejaron el instante del atentado, pero también los momentos posteriores. Es aquí, por tanto, donde podemos comenzar a evaluar el comportamiento de la red de seguridad federal, responsabilidad y competencia del denunciado”.

“El atentado se produjo en medio de la multitud, momento en el que el agresor, sin obstáculo alguno, empuñó un arma cargada contra la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Las imágenes muestran a la vicepresidente y a su custodia, sin registro de la tentativa de homicidio y la gresca posterior. No existió intervención alguna de efectivos de seguridad. No los había”, agregan.

En tanto, explican: “Se observó una muchedumbre rodeando a la vicepresidente y a su vehículo, ausencia de uniformados de la Policía Federal, ausencia de ´adelantados´ o custodios civiles. No se activó el protocolo previsto para ese tipo de hipótesis”.

“La actuación del Ministerio continúa en la etapa judicial, en la que situaciones confusas atribuyen al quiebre de la cadena de custodia del aparato de telefonía celular del agresor a la propia Policía Federal, a cargo de Fernández, quien declaró ‘la Policía Federal lo que hizo fue recogerlo, ponerlo en una bolsa Faraday y enviarlo al Juzgado’. Lo cierto es que el aparato llegó al Juzgado reseteado, lo que impidió, hasta la fecha, extraer la información e imágenes contenidos en su memoria. Información que resulta vital para la averiguación de los hechos. La verificación del reseteado del celular fue constatada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, se destaca en el proyecto.

Por último, argumentan que “el mal desempeño del ministro es inocultable e ineludible” motivo por el que solicitan el pedido de juicio político porque “quien no está en condiciones de garantizar la integridad física de las máximas autoridades de la Nación y, como corolario, quien no puede controlar la eventual impericia del personal a su cargo, mal puede garantizar la seguridad de los habitantes de la Nación Argentina”.