A partir de la polémica que generó al pedir la pena de muerte para quienes sean autores de delitos de corrupción, el mismo día que se conoció el pedido de condena para la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio por la causa “Vialidad”, ahora el diputado Francisco Sánchez (Pro) aseguró que desistirá de un proyecto de esas características, pero no rectificó sus dichos.

“Teniendo en cuenta la gravedad de la situación social en Argentina, derivada de la crisis económica y de los permanentes agravios a las instituciones republicanas, considero atendible el pedido de evitar la continuidad de manifestaciones que puedan afectar la sensibilidad de personas individuales o colectivas, por lo que desistiré de impulsar un proyecto de estas características”, sostuvo el neuquino en una carta dirigida al jefe de su bloque, Cristian Ritondo.

La misiva se conoció horas después que desde la bancada del Frente de Todos le pidieran a la líder del Pro, Patricia Bullrich, y a Ritondo, que condenen las declaraciones que había tenido Sánchez -tanto en Twitter como por radio- y le pidan que se retracte en sus dichos.

Sin embargo, en la carta enviada al presidente de su bloque, Sánchez ratificó su postura de que hay que equiparar los delitos de corrupción agravada con delitos de traición a la Patria. Sobre ello, recordó que en el proyecto señala “la necesidad de establecer en la letra del Código Penal su imprescriptibilidad y la imposibilidad de indulto, amnistía o conmutación de pena, todo ello en cumplimiento de la manda del artículo 36, quinto párrafo de la Constitución Nacional”.

“Respecto de mis manifestaciones respecto de la aplicación de la pena capital para este tipo de delitos, si bien no está expresado en mi proyecto, sí lo expuse como una alternativa de tratamiento, no dirigido a ninguna persona en particular, sino a todos los casos en los que se pruebe fehacientemente delitos de latrocinio”, sostuvo el legislador.

Y defendió que “esta posibilidad se encuadra en lo que puede y debe considerar cualquier legislador”, al tiempo que reconoce que incorporar la pena de muerte necesita de una reforma constitucional, dado que es algo que está abolido en la Carta Magna.

En ese tramo, menciona entonces a CFK por sus declaraciones sobre la autonomía de la Ciudad: “Esta posibilidad (modificar la Constitución) se encuadra en lo que puede y debe considerar cualquier legislador, tal como por ejemplo también lo ha considerado la vicepresidente de la Nación al plantear una modificación al status autonómico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.