El dilema de los defensores de la eutanasia 

Por Federico Germán Abal, becario doctoral CONICET. El autor señala el dilema que supone aprobar una ley de eutanasia.

En el congreso argentino se han presentado tres proyectos de ley para legalizar la eutanasia. Al igual que ocurrió con el debate sobre el aborto, la legalización de la eutanasia trasciende las diferencias entre oficialismo y oposición. Esto se evidencia en la autoría de los proyectos de ley y sus respectivos firmantes: dos de los tres proyectos fueron presentados por diputados de Juntos por el Cambio y el restante por una legisladora del Frente de Todos, Gabriela Estévez, pero cuenta con el respaldo de diputados opositores. Asimismo, tal como reconoció la diputada radical Jimena Latorre: “no hay grandes diferencias o profundas entre los distintos proyectos”. 

En esta nota me interesa poner a consideración lo que concibo como un dilema a enfrentar por los defensores de la eutanasia. Comencemos por dos aclaraciones. Un dilema, para el tipo de discusión que aquí nos interesa, es un escenario en el que se presentan dos alternativas que son inaceptables. “Eutanasia” es una acción realizada por un profesional de salud que tiene por objetivo terminar con la vida de un paciente y que es llevada a cabo con la justificación de que la muerte no es un mal o un daño para él. En la jerga académica, este tipo de práctica se conoce como “eutanasia activa” en contraste con la “eutanasia pasiva”, que consiste en la omisión de un tratamiento que permitiría prolongar la vida del paciente. Esta última variante se encuentra regulada mediante la ley 26.742, la denominada “ley de muerte digna” (sic). Aquí, eutanasia debe entenderse como “eutanasia activa” (que es el modo en que se la entiende en los proyectos legislativos en discusión). 

La eutanasia suele ser defendida, dentro y fuera del ámbito académico, mediante una apelación al valor de la autonomía. De acuerdo con esta apelación, las personas deben ser libres de decidir cómo vivir su vida y, también, de poner fin a ella cuando juzgan que no merece ser continuada. Ahora bien, si la autonomía es el valor que nos permitiría justificar la eutanasia, también debería permitirnos justificar el suicidio asistido de una persona sana o, para ser más claro, el homicidio a petición. 

Sin embargo, los tres proyectos de ley establecen restricciones para evitar esta posibilidad. La eutanasia sólo sería aceptable cuando es solicitada por una persona que padece una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Pero, si lo importante es respetar el valor de la autonomía, ¿por qué deberíamos detenernos ahí? Si una persona sana decide que su vida no merece continuar ¿no deberíamos asistirla para que logre su cometido? Supongamos que la persona no es capaz de suicidarse o que sólo considera admisible el suicidio mediante la ingesta de una sustancia a la que sólo puede acceder mediante prescripción médica. Creo que muchos lectores sentirán una justificada repulsión ante esta posibilidad. Sencillamente, uno no debe matar a una persona sana que considera que su vida debe terminar ni brindarle los medios para que lo haga por su cuenta (ni prestarle un arma, ni prescribirle una sustancia). 

Por lo dicho, entonces, el valor de la autonomía no define la cuestión. Tanto la persona sana que solicita un suicidio asistido como la persona que padece una enfermedad grave e incurable que solicita eutanasia manifiestan el mismo deseo: terminar con su vida. Respetar la autonomía implicaría responder favorablemente a la petición de ambos. Esta opción (aceptar que existe un deber o, al menos, un permiso de responder favorablemente a la petición suicida de personas sanas) es inaceptable. Una ley que permitiera esta opción ni siquiera sería puesta a discusión (o lo sería con muchos menos potenciales adherentes). Reconozco que existen personas que están dispuestas a morder la bala y aceptar que el suicidio asistido de personas sanas es permisible. Mi experiencia en el campo de filosofía moral me lleva a afirmar que siempre habrá personas dispuestas a aceptar una posición excéntrica, aunque más no sea para forzar el debate. Estas personas no se sentirán persuadidas por mi argumento. Sin embargo, creo que esta posición es muy contraintuitiva y que tiene sentido continuar argumentando sobre la base de suponer que permitir el suicidio asistido de personas sanas es inaceptable. 

¿Cómo se justifica la inclusión del requisito de “padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante” para acceder a la eutanasia? La respuesta es tan obvia como inaceptable: socialmente se cree que hay vidas que no merecen ser continuadas. La persona que solicita la eutanasia dentro de los límites establecidos por la legislación está justificada a creer que su vida no merece ser continuada, y es por este motivo que se respondería favorablemente a su petición. Cuando se trata de una persona que vive una vida que socialmente se cree merece ser continuada, no se respondería favorablemente. 

Esta respuesta implica un juicio perfeccionista sobre el valor (y la dignidad) de ciertas vidas. El tipo de juicio que, por buenas razones, creemos no debería realizarse. Todas las vidas son 
valiosas y matar a un ser humano inocente es matar al mundo entero. No resulta sorprendente que los proyectos de ley en discusión, y las posiciones a favor de la eutanasia en el debate público, apelen a la idea de (in)dignidad de ciertas vidas y la dignidad de ciertas muertes. 

Es la constatación de este juicio perfeccionista, que subyace a las propuestas de legislación, lo que ha llevado a algunos teóricos a advertir sobre una posible pendiente resbaladiza: si la 
eutanasia voluntaria es aceptable, ¿por qué no lo sería la eutanasia involuntaria (en la que el paciente no puede prestar consentimiento, ni ha manifestado previamente su voluntad de morir de ese modo)? Aún cuando pudiera evitarse esta pendiente (lo que considero conceptualmente difícil), la legalización de la eutanasia voluntaria es dilemática. 

Este es el dilema a ser enfrentado por los defensores de la eutanasia. Si apelan al valor de la 
autonomía, deben aceptar que existe un deber (o, al menos, un permiso) de responder 
favorablemente al homicidio a petición de una persona sana. Esto es intuitivamente inaceptable. Si quieren evitar esta conclusión, deben imponer un juicio perfeccionista externo para evaluar la dignidad de ciertas vidas. Esto es también inaceptable. 

Podría intentar resolverse este dilema afirmando que, a diferencia de lo que ocurre con los 
pacientes que solicitan eutanasia, las personas sanas que solicitan un suicidio asistido no actúan autónomamente, sino que padecen algún tipo de desorden cognitivo o psicológico que les impide reconocer el valor de la vida. ¿Es acaso esta una cuestión definicional? ¿será que todos los suicidas, por definición, manifiestan un desorden cognitivo o psicológico? En cualquier caso, ¿por qué no afirmar que lo mismo ocurre con el paciente que solicita eutanasia? ¿por qué no suponer que está sufriendo un cuadro depresivo, motivado por el juicio perfeccionista de la sociedad que le señala que su petición de eutanasia sí es atendible, dada la indignidad de su existencia? Según creo, estas suposiciones sólo refuerzan el punto central. Se presumirán que son autónomas sólo aquellas decisiones que coinciden con la valoración social de las vidas en juego. La legalización de la eutanasia dice más sobre el modo en que la sociedad juzga la vida de las personas que podrían solicitar la eutanasia que sobre el juicio que esas propias personas 
realizan sobre el valor de su vida. 

Quisiera terminar agradeciendo (y dedicando esta nota) a mi cuñada, Alejandra, paciente con esclerosis múltiple y a mi mujer, Paola. Aprendo con ellas diariamente el amor y el coraje necesario para enfrentar y sobreponerse a un sistema de salud expulsivo, que (a pesar de la vocación de algunos profesionales de salud) niega los derechos de los pacientes y refuerza la cultura de la muerte y el descarte. Contra esta cultura debemos continuar reclamando por los recursos materiales y humanos que garanticen la prestación de cuidados paliativos, de servicios de internación domiciliaria y de centros de atención integrales para pacientes con enfermedades graves, crónicas, degenerativas y/o imposibilitantes. 

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