En una calma reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, presidida por Eduardo Valdés (FdT), se avanzó con el dictamen de un proyecto por el cual se aprueba un Acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de Roaming Internacional a los usuarios finales del Mercosur.

El convenio, celebrado el 17 de julio de 2019 en la ciudad de Santa Fe, tiene por objeto establecer las pautas del servicio de itinerancia internacional (roaming) entre los proveedores de telecomunicaciones que presten servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil, mensajería y datos móviles en los estados parte del Mercosur.

En virtud del acuerdo, los proveedores de telecomunicaciones deberán aplicar a sus usuarios que utilicen servicios de roaming internacional en el territorio de otro estado que integre el Mercosur los mismos precios que cobren por los servicios móviles en su propio país, de acuerdo con la modalidad y plan contratado por cada usuario. De igual manera, deberá existir razonabilidad en la relación entre los precios cobrados al usuario y los precios de los acuerdos entre proveedores de telecomunicaciones, de forma tal que los acuerdos resulten convenientes tanto para los usuarios, como para todos los proveedores participantes.

El proyecto fue incorporado en el temario a pedido del diputado Ricardo López Murphy (RU-JxC), que se encontraba ausente, por lo que habló al respecto el porteño Fernando Iglesias (Pro-JxC), quien primero planteó un cuestionamiento por “vaciar” de discusiones políticas a la comisión.

Sobre el acuerdo, el macrista expresó: “Si nosotros apostamos a la integración regional, y creo que en esto hay un consenso político extendido, no tiene ningún sentido que las compañías cobren roaming y compliquen todo el tema organizativo y de gestión alrededor de esto”.

“Ha sido aprobado parcialmente con Chile pero queremos que se extienda a toda la región, porque nos parece que es un signo muy claro de la vocación de integración regional, que es uno de los acuerdos que tienen nuestras fuerzas políticas”, agregó.

Por su parte, el legislador Alberto Asseff (Pro-JxC) recordó que cuando fue parlamentario del Mercosur “uno de los hechos más significativos que tuvimos” fue el voto “por unanimidad” para “la eliminación del roaming en todas las Américas”. Por eso, opinó que avanzar con la ratificación de este acuerdo “en el mundo de la conectividad, de las redes, de la conexión, es un paso adelante de integración más allá de lo retórico”.

Durante la reunión, la vicepresidenta de la comisión, Soher El Sukaria (Pro-JxC), hizo alusión a un convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia, el cual data de 2007, pero Argentina suscribió en el año 2018, bajo la gestión de Jorge Faurie.

Se trata de “el derecho por el cobro legítimo y absoluto de cualquier litigio donde tenga como prioridad la obligación alimentaria entre familias que estén en litigio o que los cónyuges vivan en distintos Estados” de modo de “proteger el cobro de los derechos alimentarios de los niños y todo derecho parental relativo al derecho de familia”, explicó la cordobesa.

Asimismo, prevé una mediación para lograr un acuerdo y, si así no fuera posible, prevalece el domicilio donde estén radicados los menores.

Otro proyecto similar, referido a la Convención Relativa a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños, también fue despachado, y tiene que ver con los derechos de guarda, derechos de visita y toda relación entre derechos parentales.

En el temario también se abordó otro proyecto con media sanción del Senado -desde noviembre de 2020- que busca otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. La diputada Rosana Bertone (FdT) recordó que esta Convención “fue adoptada por la OEA el 15 de junio de 2015” a partir de “un proyecto que impulsó la República Argentina” y al que adhirieron Brasil, Chile, Costa Rica, Bolivia y Uruguay.

Este tratado “considera persona mayor a aquella de 60 años o más, entiende la vejez como una construcción social y al envejecimiento como un proceso gradual”, detalló la fueguina, al tiempo que contempla la “plena inclusión y participación en la sociedad” de esta parte de la población.

Al respecto, la legisladora Mónica Litza (FdT) subrayó que “hace mucho que en Argentina no le estamos hablando a esa franja etaria tan importante, con un potencial tan grande”. “En Argentina hay aproximadamente 9 millones de personas adultas mayores, que todavía tienen mucho para dar”, consideró la massista y añadió que “no hay una política muy clara, desde hace mucho tiempo, para esa porción de la sociedad”.

En la reunión también pasó a la firma un Convenio de Seguridad Social entre la República Argentina y la República de Corea, que cuenta con media sanción del Senado desde el año pasado. Se trata del “reconocimiento de los derechos en materia de seguridad social para todos los trabajadores activos y jubilados de ambas naciones”, apuntó el diputado Marcelo Casaretto (FdT), además del reconocimiento de los aportes y la exportación de beneficios.

Al referirse al proyecto que expresa el beneplácito por el 40° aniversario de ACIERA (Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina), su autora, la diputada Dina Rezinovsky (Pro-JxC), señaló que esta entidad nuclea “a las más de 15 mil iglesias que hay en la actualidad en todo el país”, las cuales desarrollan una “tarea social en todos los barrios populares, en cárceles, en hospitales”.

En ese sentido, ponderó la labor realizada en la pandemia, durante la cual las iglesias repartieron “un millón de cajas de alimentos y elementos de limpieza en todo el AMBA”. Y, en ese marco, “fallecieron más de 700 pastores de todo el país”. “Este reconocimiento es un bálsamo al corazón para la tarea que realizan las iglesias evangélicas en todo el país”, agregó.

Acompañante de la iniciativa, el diputado Luis Di Giacomo (Provincias Unidas-JSRN) manifestó: “Desde mis convicciones personales me ubico del otro lado de la grieta, soy no creyente, pero sí quiero destacar”. En ese sentido, reveló que “en muchas oportunidades” fue acompañado por representantes de las iglesias en sus trabajos relacionados a “la temática de la discapacidad y de las adicciones”.

“Siempre destaco que en un principio lo que tenía más que ver con una búsqueda de acólitos, con los años terminó siendo un trabajo científica y profesionalmente correcto, porque se tomaron el trabajo de formarse en los aspectos terapéuticos, profesionales y espirituales”, resaltó el rionegrino, que completó: “Han demostrado que como organizaciones de la sociedad están presentes no solo en los momentos críticos, sino también en un trabajo social que merece ser respetado y destacado”.

En el encuentro, además, pasaron a la firma tratados de extradición entre nuestro país y Rumania; Brasil; y República Checa, en ese orden. Asimismo, acuerdos relacionados a transporte aéreo entre Argentina con Países Bajos, por un lado, y Portugal, por otro.

Y un proyecto de ley con media sanción por el cual se solicita autorización para desempeñar cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos argentinos propuestos por gobiernos extranjeros.

Hacia el final, el diputado Hernán Lombardi (Pro-JxC) mencionó que todos los integrantes de la comisión recibieron una carta del embajador de Armenia ante el ataque que sufrió el país por parte de las fuerzas azeríes, con más de 50 muertos de la tropa de armenios. “Estas condenas tienen que hacerse en tiempo y forma”, pidió el macrista.

En la misma línea, su par Maximiliano Ferraro (CC-JxC) consideró: “Estamos en condiciones de emitir una nota de preocupación que se dirija a la embajada de Armenia. Y estamos en condiciones de hacer un único proyecto que reúna el consenso de todos los bloques”. Ante el asentimiento del presidente de la comisión, Valdés y Ferraro quedaron como encargados de redactar una declaración al respecto.