Por 136 votos a favor, 108 en contra y 4 abstenciones, se sancionó la ratificación del pacto firmado entre Nación y 21 provincias. Junto al oficialismo votaron un puñado de legisladores radicales que responden a sus gobernadores.
Con el apoyo de un puñado de diputados radicales que responden a sus gobernadores, el oficialismo logró este jueves en la Cámara de Diputados la sanción del Consenso Fiscal 2021, que fue firmado en diciembre del año pasado por el Gobierno nacional y 21 provincias.
La votación resultó con 136 votos a favor, 108 en contra y 4 abstenciones. Hubo un fuerte rechazo por parte de la mayoría del interbloque Juntos por el Cambio, en contra de la creación o el aumento de impuestos, pese a que tres gobernadores de la UCR había suscripto el documento. Tampoco acompañaron los bloques de la extrema: La Libertad Avanza, Avanza Libertad y el Frente de Izquierda.
Junto al Frente de Todos votaron afirmativamente los radicales Julio Cobos (Mendoza), Jorge Rizzotti, Gustavo Bouhid (Jujuy), Jorge Vara (Corrientes) y Fernando Carbajal (Formosa). También lo hizo la correntina del Pro Sofía Brambilla.
Además del interbloque Federal y el interbloque Provincias Unidas, también acompañaron el neuquino Rolando Figueroa (MPN) y el santacruceño Claudio Vidal (SER).
En tanto, las abstenciones fueron de los radicales mendocinos Pamela Verasay, Jimena Latorre y Lisandro Nieri; y del catamarqueño Francisco Monti, también de la UCR.
Tras casi ocho meses sin tratarse, el Senado apuró en agosto pasado la aprobación del proyecto, ante las versiones de un posible ajuste en las transferencias a las provincias por parte del Ministerio de Economía. Luego de un mes, este jueves la Cámara de Diputados le dio la sanción definitiva.
A partir de este pacto, las provincias quedan habilitadas para aumentar impuestos locales, entre ellos los de Ingresos Brutos y Sellos.
Al abrir la ronda de oradores el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, aseguró que “de ninguna manera” este pacto tiene “el objetivo de subir impuestos”, y resaltó que “la idea del Consenso es establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico”.
“(El Consenso Fiscal) no está atravesado por la idea de aumentar impuestos, sino de implementar instrumentos que procuren que la distribución de la carga impositiva, para lo cual se prevé que tenga mayor incidencia en los impuestos patrimoniales, históricamente débiles en muchas provincias, y de esa forma poder compensar la eventual reducción en la recaudación de impuestos sobre las actividades productivas y el consumo”, insistió Heller.
El Consenso Fiscal no está atravesando por la idea de aumentar impuestos”, afirmó Heller
De la vereda de enfrente, el diputado del Pro Luciano Laspina señaló que “este Consenso Fiscal vuelve a repetir el principio de salvación de la política sacrificando a los contribuyentes”, y lo comparó con el Consenso Fiscal de 2017 al que calificó de “histórico” porque “por primera vez en la historia reducía impuestos en la Nación y en las provincias, reduciendo absolutamente los impuestos a los ingresos brutos que es el más distorsivo y el más brutal de los impuestos, es el más violento, el más cruel”.
Por último, describió el proyecto de Consenso Fiscal del oficialismo como “un nuevo clavo en el ataúd del desastre fiscal y tributario de la Argentina”, y cuestionó que “desde que asumió Alberto Fernández no ha dejado de aumentar el gasto público, primero con la excusa de la pandemia, luego de la post pandemia, plan platita, el plan de (Martín) Guzmán que tiraba manteca al techo, y ahora con la llegada de (Sergio) Massa empieza a hacer un ajuste brutal para frental el descalabro anterior”. “Este proyecto terminó de dinamitar el Consenso Fiscal del 2017 que baja impuestos en las provincias y la hacía crecer al nivel de la población”, cerró Laspina.
El Consenso Fiscal es un nuevo clavo en el ataúd del desastre fiscal y tributario de la Argentina”, lanzó Laspina.
Complementó el tiempo de exposición de Luciano Laspina el radical cordobés Víctor Hugo Romero, quien reivindicó parte de lo actuado en la gestión anterior, al recordar que en 2016 las provincias recuperaron la detracción del 15% que se hacía desde 1997 y que iba a la ANSeS, generando “desequilibrio en las finanzas provinciales”. El legislador citó el Consenso Fiscal suscripto por esa administración en noviembre de 2016, y recordó que esos pactos “se firman convencidos por el gobernador, pero además deben ser ratificados por cada Legislatura”.
Valoró del mismo dos parámetros básicos de esos consensos. Por un lado, atender la política fiscal, integral, pero en particular de las provincias. “Por eso las obligaba a cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, y el fin de generar políticas de promoción para el desarrollo a través de la reducción de la carga impositiva”, señaló, agregando el compromiso de parte de las provincias de reducir de manera gradual ingresos brutos, el impuesto inmobiliario, el impuesto de sellos.
“Pero este esfuerzo no era en vano: había una garantía en la seguridad jurídica de la Coparticipación”, aclaró Romero, que habló a continuación de los compromisos entre las provincias y la Nación, aunque reconoció que “hubo dos temas importantes que no se cumplieron: “Se comprometieron a trabajar en una nueva ley de coparticipación, que garantice la distribución federal de los recursos, y eliminar los subsidios diferenciales en el AMBA”.
“Hoy llegamos al Consenso 2021, que en el enunciado es muy parecido -continuó-. Todos hablan de lograr políticas de desarrollo, pero este es totalmente distinto. Este Consenso no suspende lo que fue las distintas adendas de consensos anteriores en las obligaciones; este directamente las deja definitivamente de lado y fija nuevos parámetros, superiores a los que están vigentes hoy: ingresos brutos, de sellos, inmobiliarios y se da la posibilidad de legislar sobre el impuesto a la herencia. Y además se flexibiliza los compromisos en materia de responsabilidad fiscal”. “Por eso digo que es completamente distinto a lo que fue la base del consenso 2017”, lamentó Romero.
A su turno, el oficialista Marcelo Casaretto (Entre Ríos) sostuvo que “esto tiene origen en lo que fue el Consenso Fiscal 2017, que firmaron el entonces presidente con los gobernadores”, y contradijo a los diputados opositores preopinantes porque “en aquel momento se planteaba una baja de impuestos gradual en el ámbito de las jurisdicciones provinciales”, lo que “claramente significaba un desfinanciamiento para las arcas de las provincias en un contexto del 2017, donde el presidente firmante claramente utilizaba la herramienta del endeudamiento interno y externo de la Argentina”.
No dispone ningún aumento de impuesto para nadie”, reiteró Casaretto.
“Ante la falta de financiamiento, las provincias que necesitaban mantenerse con sus servicios y sus prestaciones, claramente fueron inducidos por el Gobierno nacional a tomar las herramientas de endeudamiento externo en moneda extranjera. Por eso 15 de las provincias argentinas tuvieron que ir por ese camino, que en 2018 entró en crisis”, apuntó el diputado entrerriano y criticó: “Entonces, el propio Gobierno que impulsó ese Consenso Fiscal de 2017 ese propio gobierno firmó en 2018 la suspensión de las cláusulas del 2017. Y ese mismo Gobierno en 2019 firmó la suspensión de esas cláusulas”, y destacó que lo que “se viene haciendo en 2020 y 2021 es la suspensión porque no hay otra forma de financiamiento para las provincias”.
En el último tramo de su discurso, Casaretto remarcó que “la baja de impuestos es facultad de cada provincia y de cada Legislatura provincial”, motivo por el que respaldó el proyecto del Ejecutivo porque “no dispone ningún aumento de impuesto para nadie”.
“Y como hay representación política diversa en las administraciones provinciales, ya que a algunos les parece tan ineficientes ingresos brutos, que representa 60, 70% de la recaudación, avísenle a los de su partido, por ejemplo, a (Horacio Rodríguez) Larreta en la Capital, que derogue el impuesto a los ingresos brutos, avísenle al gobernador de Jujuy, al de Corrientes, al de Mendoza que elimine todos esos impuestos distorsivos hoy, y que libere a los ciudadanos de esas provincias de esas limitaciones”, lanzó con un tono de voz elevado el diputado y remató: “Si no cuando gobiernan tienen una actitud, y cuando se sientan en la banca tienen una actitud populista de decir nosotros les queremos bajar los impuestos a los contribuyentes, y los peronistas se los quieren aumentar”.
Por el contrario, su coterráneo Rogelio Frigerio (Pro) destacó que el Consenso Fiscal 2017 fue “el último gran acuerdo político que tuvo la Argentina, con un nivel de consenso muy importante”, y explicó que “ese acuerdo partía de un diagnóstico común, el primero era que en la argentina y en todos los niveles de gobierno se gastaba más de lo que se podía afrontar”.
“El otro consenso era que teníamos una presión impositiva que asfixiaba a los que producen, a los que generan empleo y a la sociedad toda, y que también era menester empezar a bajar. Nos propusimos en consecuencia el primer intento en muchos años en empezar a darle alivio fiscal a los sectores de la producción y a la gente. Además, pusimos una regla de límite del gasto público bastante restrictivo, no podía subir más que el índice de precios al consumidor”, explayó Frigerio.
A su vez, señaló que “para algunos ese acuerdo fiscal fue insuficiente”, pero ponderó que “más allá de esas divergencias, nos pusimos de acuerdo en un camino que iba al norte correcto”. En ese sentido, comparó que “hoy ese diagnóstico ha empeorado significativamente, tenemos más déficit, gastamos más y peor y tenemos mayor presión impositiva que en aquel momento. Sin embargo, en lugar de ratificar ese rumbo, hoy estamos discutiendo un proyecto de ley que da marcha atrás”.
En tanto, opinó: “Creo que reducir el gasto público, sobre todo los gastos que no son indispensables, que están vinculados con privilegios, y de la mano de esto reducir la presión impositiva, es a nuestro juicio el camino que hay que seguir”.
Por último, volvió a destacar el Consenso Fiscal de 2017 y la reforma tributaria nacional del mismo año porque “fueron los dos últimos intentos de reducción impositiva en las últimas dos décadas en la Argentina”. “Lo que se está por votar hoy no es una buena noticia para los que trabajan, los que producen, los que invierten en la Argentina, para los que buscan empleo. Esta ley va en contra de esta necesidad que tiene la argentina de crear condiciones efectivas para la radicación de inversiones y la generación de empleo genuino”, criticó el diputado entrerriano.
“El impuesto a los ingresos brutos es un mecanismo de generación, propagación y multiplicación del subdesarrollo en la Argentina, con profundos efectos recesivos y sobre la pobreza”, arrancó su intervención el radical Martín Tetaz y comparó: “En los últimos 60 años, según datos del Banco Central, Chile multiplicó su PBI per cápita por 8,7 veces, Colombia por 3,3 y Brasil 3,2. Uruguay por 2,5, Perú por 2,4. Argentina es el país de América Latina con menor desarrollo en los últimos 60 años. Solo 1,68 veces el PBI per cápita”.
En esa línea, señaló que “el estancamiento en el PBI de la Argentina, que todos sabemos que existe en los últimos 11 años, cuando lo medimos en PBI per cápita, tenemos el mismo, en realidad un poco menos, de que teníamos en el año 2007, con el agravante de que tenemos más del doble de pobreza”.
Además, indicó que “es un impuesto con un profundo sesgo anti exportador”, y explicó que “una de las razones por las cuales tenemos un estancamiento hace 60 años en la Argentina es que hemos tenido 15 crisis macroeconómicas severas en los últimos 75 años, 14 de ellas por insuficiencia de divisas”, y remató: “Necesitamos volver al sendero del consenso fiscal de 2017 que estipulaba un camino para la reducción y eliminación gradual del peor impuesto que tiene la Argentina en estos momentos”.
Para la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro) existen marcadas diferencias entre el Acuerdo Fiscal que se firmó durante la presidencia de Mauricio Macri y el que se pretende aprobar hoy. “El que se suscribió en nuestra gestión contenía un compromiso, por escrito, de bajar la presión tributaria y los ingresos brutos en las provincias”, afirmó.
A modo de denuncia, sostuvo que “las provincias están a favor de este acuerdo porque las aprietan y les dicen que si no firman, no les van a renegociar las deudas y las amenazan con los juicios que tienen pendientes”.
El titular del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, recordó que el Consenso acordado en noviembre del 2017 y que fue ratificado por ley 27.429 y publicada en el 2028 “sin duda expresó la voluntad de las provincias por impulsar las demandas agregadas a través de la racionalización de la presión tributaria con especial énfasis de la corrección e los impuestos distorsivos”.
“Los sucesivos acuerdos firmados a partir del 2019 reflejaban precisamente que las premisas de origen fueron extremamente ambiciosas en término de gestión nacional y en cuanto a la sustentabilidad presupuestaria y el clima social de las provincias. Los sucesivos consensos fiscales son un compendio de decepciones y correcciones sobre el espíritu de esa ley. Esto sella todos los fracasos de aquella meta”, lamentó el legislador cordobés.
En representación del bloque Juntos Somos Río Negro se expresó el diputado Agustín Domingo quien aclaró que “no estamos definiendo el nivel de ingresos brutos ni de ningún impuesto provincial, estamos simplemente ratificando el acuerdo que celebró el titular del Poder Ejecutivo nacional con los titulares con los poderes de los Ejecutivos provinciales, muchos oficialistas, otros opositores”, y lo calificó como “un ejercicio de encontrar acuerdos en un tema que es clave como es la cuestión fiscal y la cuestión tributaria provincial y nacional”.
Y se alejó de la grieta: “Nosotros no estamos en esa discusión, nosotros estamos para discutir lo que realmente estamos discutiendo aquí”. A su vez, respaldó que “de ninguna manera este Consenso implica borrar todo lo que estableció aquel primer Consenso del 2017. Haber denunciado el Consenso eso sí hubiera sido un retroceso porque todos los logros se hubieran acabado”.
“La conclusión es que le falta mucho federalismo a este consenso fiscal, palabra que se repite mucho, pero que no todos la entienden cabalmente. El federalismo se discute cuando se discuten los recursos, y una gran asignatura pendiente que tenemos es la de discutir una nueva ley de coparticipación federal. Y se discute federalismo también cuando discutimos el gasto del Gobierno nacional que tiene que ser equitativo con todas las provincias, que tiene que garantizar que el envío de los recursos sea en forma automática y no sea discrecional”, explayó Domingo.
Por el lado de los libertarios, José Luis Espert (Avanza Libertad)llamó al Consenso Fiscal “cartelización fiscal” porque “si hay algo que cristaliza, friza, congela este nuevo consenso fiscal, son alícuotas de ingresos brutos”.
Sobre el final, insistió en que “esto más que Consenso Fiscal se parece a feudalismo, a cartelización fiscal, donde la Nación y las provincias se ponen de acuerdo para seguir usando como esclavos a los ciudadanos a los cuales nosotros como diputados tenemos que representar, y por ellos debemos velar, más que por los intereses de las provincias y los estados provinciales en los cuales viven esos ciudadanos”.
“Desde el bloque La Libertad Avanza vamos a rechazar esta basura de Consenso”, lanzó eufórico el diputado Javier Milei al tiempo que advirtió que “en el fondo todo este Consenso Fiscal es un aumento de la presión tributaria que va a haber efectivamente”, y sumó: “Ni siquiera los dementes de los keynesianos proponen que se crezca subiendo impuesto”.
El correntino radical Manuel Aguirre adelantó su voto a favor del Consenso Fiscal, pese a las críticas que realizó, pero remarcó que “el federalismo es cuando me dan lo que mi provincia necesita. Cuando usemos nuestros ríos para el progreso de la ciudad. Cuando acompaño a mi pueblo a que salga de ese estado en el que esta, eso es federalismo”.
Y cerró: “Comparto lo que mi gobernador firmó y lo que las legislaturas provinciales firmaron. Voy a acompañar este proyecto porque, más allá de las críticas que hice, a este federalismo que pretenden justificar como federalismo seguramente va a servir mucho para mi provincia”.
“Este Consenso Fiscal lo firmaron casi todas las provincias y es un acuerdo que se hace entre la provincia y la Nación con respecto a distintos temas impositivos. El problema está en que se han puesto de acuerdo entre ellos olvidándose de la gente”, explicó la diputada nacional por Santa Fe Germana Figueroa Casas (Pro) y denunció que “quieren cambiar Ingresos Brutos, que siempre fue para actividades lucrativas, y ahora quieren que alcance a las cooperativas y asociaciones, pero nadie dice nada”.
Finalmente, afirmó: “Le decimos que no a este Consenso no solo porque retrocede con respecto a lo que se había hecho en el gobierno de Cambiemos y el esfuerzo de todos para ir mejorando nuestro sistema tributario, sino también porque perjudica a la gente”.
Su par de bloque Fernando Iglesias indicó que el Consenso Fiscal es “una autorización a subir impuestos. Estamos hablando de romper definitivamente el Consenso del 2017 que se comprometía a la baja de los impuestos y del empleo público. Estamos hablando de subir del 2,4% el 66% de aumentos brutales de impuestos, autorización para el aumento brutal de los impuestos provinciales y subir, además, ingresos brutos y el más bruto de los impuestos”.
“Es un modelo de país basado en detener el crecimiento productivo y la generación de empleo genuino y ocultar la desocupación con subsidios y con empleo estatal. Estamos en esta enorme grieta que divide al país productivo y a la patria subsidiada”, lanzó entre gritos Iglesias.
El diputado misionero Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero) contradijo a la oposición: “No podemos decir una cosa y hacer otra, no podemos mentirle a la gente”, y señaló: “Acá se habló de suba de impuestos o de nuevos impuestos, cosa que no es así”, ante lo que aclaró: “Hoy ratificamos un pacto de autonomía provincial que los gobernadores tienen que hacer para tener el equilibrio justo para poder llevar adelante una política fiscal en su provincia que permita seguir en crecimiento. Mi provincia es ejemplo es ello y por eso vamos a apoyar el pacto”.
Otro radical que también adelantó su voto positivo fue el formoseño Fernando Carbajal quien defendió el Consenso porque “no estamos votando ningún aumento de impuestos y no estoy dispuesto a ponerme sacos que no me quedan porque no creo que el camino sea el aumento de impuestos para hacer crecer este país”
No estamos votando ningún aumento de impuestos”, defendió el radical Carbajal.
“Voy a acompañar, voy a votar favorablemente porque tengo la obligación ético político de avalar y acompañar lo que han firmado los gobernadores del bloque del cual soy diputado. Lo voy a hacer también desde el comunicado que JxC emitió de que se comprometía a acompañar lo que firmaron los gobernadores”, agregó el formoseño y reiteró que “esto de ninguna manera significa aumentar impuestos. Acá lo que estamos haciendo es rediscutir cuál es la extensión del federalismo”.
En nombre de Republicanos Unidos el diputado Ricardo López Murphy quien señaló que “el impuesto al sello es insólito que se siga creyendo que es un mecanismo idóneo”, y lanzó: “Estamos en un impuesto inflacionario extraordinario que recauda el doble del IVA y no hay otro país que lo tenga y con la eliminación de ceros solo se conduce a la devaluación, no es ese el camino porque no hay salida”. El porteño señaló que “las provincias tienen que ver cómo financiar a la Nación, y acá la Nación está quebrada. No hay plata para todo y tenemos un déficit que esconden”.
A su turno, el diputado bonaerense Diego Santilli (Pro) lamentó que en el país “no hemos obtenido logros económicos” y recordó que “la Argentina viene de muchas décadas de creación de impuestos como en 1932 que se creó el impuesto a las Ganancias que terminó siendo por 90 años al igual que bienes personales que iba ser por 9 años y terminó siendo por 30 años”.
“En vez de estar acá para ver cómo retomamos una reforma fiscal para producir más, para tener más trabajo, estamos discutiendo cosas que no se puede crear porque discutimos quién gobernó, cuántos años. Este es el Gobierno más inflacionario desde el 2013 a la fecha, tenemos problemas gravísimos y en vez de estar discutiendo, estamos perdiendo el tiempo en debates estériles. Hoy estamos perdiendo una oportunidad para tener un a reforma fiscal que baje impuestos”, enfatizó Santilli.
Cerró el debate por p arte de la oposición el titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, quiensostuvo que lo que busca el Gobierno es “financiamiento para bancar la irresponsabilidad fiscal a costa de los contribuyentes”, y cargó: “Este es el resultado de tanto populismo”.
“Sin duda el Gobierno sigue buscando financiamiento para bancar la irresponsabilidad fiscal a costa de los contribuyentes”, abrió su alocución el legislador por la provincia de Buenos Aires, y continuó: “Al menú de los 24 aumentos y creación de impuestos hecho por el kirchnerismo en esta última etapa hoy le agregamos el número 25, y damos marcha atrás a ese proceso que habíamos llegado en 2017 con el presidente Mauricio Macri, donde la Argentina empezaba a caminar por la senda de la baja de la presión tributaria, y eliminar los impuestos nefastos como ingresos brutos y sellos”.
El jefe del bloque Frente de Todos de la Cámara baja, Germán Martínez, cerró el debate con referencias permanentes hacia otro pacto fiscal muy citado a lo largo de la sesión: el de 2017, de tiempos de Cambiemos. En efecto, arrancó remontándose a diciembre de 2017, cuando recordó que se trataron en ese mismo ámbito tres proyectos: el Presupuesto 2018, la prórroga de impuestos y el Consenso Fiscal. Fue “en un único debate, donde en cuatro horas y piquito se aprobaron estas tres cosas”, recordó el diputado santafesino, que destacó que en esta oportunidad se tratan dos de esas tres normas de 2017. “Estamos esperando el Presupuesto”, aclaró.
“En diciembre de 2017 estaban ‘pum para arriba’, creían que venían por 20 años… A los pocos meses se quedan sin financiamiento. Eso los lleva de cabecita al FMI, y a los mil días anunció Macri el aumento de impuestos en 2019”, recordó. Enumeró a continuación noticias de esos días, que daban cuenta de una mayor presión fiscal, o cuando el 6 de mayo de 209 Nicolás Dujovne quintuplicó un impuesto a las importaciones para cubrir el déficit.
“Han intentado a lo largo de todo el debate confundir”, se quejó, y lamentó que desde la oposición hubieran dicho que se estaba tratando de “blindar la caja de los gobernadores. “Yo no creo aquí que nuestros diputados del Frente de Todos en Córdoba quieran blindar la caja del gobernador. ¿Les parece que los diputados del Frente de Todos de Río Negro, que quieren competir electoralmente en ese lugar, estén blindando a la provincia? ¿Y nuestros diputados de Jujuy? Eso es la democracia, es lo que tenemos que tratar de lograr, y no me parece correcto el camino del agravio hacia los gobernadores. Me parece que necesitamos otra cosa”.
El documento se firmó el 27 de diciembre de 2021. No adhirieron las provincias que originalmente no lo habían hecho -San Luis y La Pampa- y la Ciudad de Buenos Aires, que mantiene un litigio con Nación por el tema de la coparticipación.
A partir del nuevo Consenso Fiscal, las jurisdicciones podrán aplicar alícuotas máximas para el impuesto sobre los Ingresos Brutos y el de Sellos.
Sobre Ingresos Brutos se acordó gravar la comercialización de bienes o servicios a través de medios o tecnología que permitan la realización de las transacciones en forma remota.
Sobre Sellos se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles; del 3% a la transferencia de automotores; y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general.
En tanto, no estarán sujetos a alícuota máxima los actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar.
Además, las provincias podrán elevar más allá del máximo de 2% el impuesto inmobiliario; y abre la posibilidad a que las jurisdicciones reestablezcan el impuesto a la herencia, actualmente vigente en la provincia de Buenos Aires.
Las provincias solo podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera en los casos de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, desembolsos pendientes, incrementos de stock generados por administración de pasivos, canjes o reestructuraciones y amortizaciones de capital, establece.
