Diputados sancionó la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo recibió 189 votos afirmativos. Se establece la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.

En la sesión especial de este jueves, la Cámara baja convirtió en ley por 189 votos a favor, 13 negativos y una abstención, la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2023.

La norma, enviada por el Poder Ejecutivo, modifica además el artículo 4 de la Ley 26.216, sobre las finalidades del programa, que serán: la disminución del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil; la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego; y la sensibilización y concientización de la sociedad civil acerca de los riesgos que representa la presencia de un arma de fuego.

También, la promoción de una cultura de la no violencia y de la resolución pacífica de los conflictos; el control y reducción de la conflictividad con el uso de armas de fuego; y la incidencia y reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales.

Los votos en contra correspondieron a los diputados de la Coalición Cívica Victoria Borrego, Laura Castets, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Juan Manuel López, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto y Mariana Stilman. También votaron en contra Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Francisco Sánchez y Alfredo Schiavoni del Pro, y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza). La única abstención fue de la chaqueña Marilú Quiroz (Pro).

El debate

Defendió el dictamen el presidente de la Comisión de Seguridad Interior, Ramiro Gutiérez (FdT-Buenos Aires), resaltó la aprobación unánime que el proyecto tuvo en el Senado. Un proyecto que “importa una voluntad, una política del Estado nacional, decidida en el año 2006 y que ha tenido una continuidad, Gobierno tras Gobierno, de sostener este programa que retira el remanente de las armas”.

Destacó el legislador que en 2017 se hizo la primera encuesta de victimología, que “reveló un número que pocas veces he visto en mi desarrollo profesional: para robos de autos, camiones y camionetas, en el 93,2% de los casos intermedió un arma de fuego. Es un número altísimo. Por eso, como esas armas si no se entregan para su destrucción, permean al mercado ilícito, nosotros tenemos que ayudar y fomentar estos programas”.

Ramírez puntualizó que “menos armas disponibles son menos violencia y menos víctimas”.

A continuación, el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, Juan Martín, sumó algunos datos, correspondientes a su provincia, Santa Fe. Entre 2014 y 2021, 7 de cada 10 homicidios fueron con armas de fuego.

“Casi la mitad de las muertes no son en defensa propia, sino conflictos interpersonales resueltos de manera muy violenta. Por eso es que hacen falta programas como este”, estimó.

A continuación aclaró que desde Juntos por el Cambio sentían que habían diferencias de criterios en la materia, pero resaltó el consenso mínimo alcanzado para reducir la violencia. “Nadie duda de la herramienta para reducir la violencia”, señaló, pero aclaró que tenían algunas discrepancias sustanciales. Por ejemplo respecto de la dinámica misma del sistema. Por eso planteó que no debía ser renovado sistemáticamente, sino que el programa debía regir de manera permanente.

De hecho, advirtió que “hoy el programa está vencido”, por eso llamó a “ir a un régimen integral”, al tiempo que reclamó también un incentivo económico sustantivo, porque en la actualidad el pago por esas armas ha quedado “totalmente desfasado”.

“Hechas estas salvedades, es mejor tener un programa a no tener ninguno”, reconoció.

A continuación, la diputada chubutense Estela Hernández (Frente de Todos) reconoció coincidencias con el diputado Martín, por ejemplo en el carácter permanente que debía tener el programa. Pero le puso al tema un tono político al preguntarse “cómo se puede pacificar la vida social, los conflictos, cuando permanentemente vemos violencia, ironía, descalificación, aun en esta Cámara”.

“¿Cómo podemos pacificar una sociedad cuando hay diputados de la Nación, alguno sentado quizás aquí, que livianamente en sus redes sociales pide pena de muerte?”, se preguntó en referencia al diputado neuquino Francisco Sánchez (Pro), al que no mencionó puntualmente. Se quejó porque no había escuchado a ningún diputado o diputada de la oposición repudiando esas palabras. “Porque las palabras tienen consecuencias, no se pueden emitir porque sí, tienen consecuencias, porque las escuchan muchísimas personas, y cuando somos representantes, tenemos una función política. Esa palabras pueden tener consecuencias”.

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade se manifestó a favor del proyecto, pero hizo ciertas observaciones, objetando “lo que hoy se va a votar, en el contexto en que se va a votar”.

“Todo lo que han planteado es teórico, y ni siquiera han distinguido las armas que el Estado tiene y la entrega voluntaria de armas, se habla como si fuera todo lo mismo y no es todo lo  mismo. Cuando uno empieza a recabar información se encuentra que hay muy poca”, se quejó, advirtiendo que “como está funcionando el programa, quizá sea más inofensivo que Don José tenga un arma guardada en un placard y no que la entregue al Estado y no sepamos qué sucede después”.

Así las cosas, y basándose en un informe enviado al ANMAC que no la convenció en absoluto, planteó sus dudas respecto del destino de las armas entregadas, reclamó que se haga presente la titular del organismo ante la Comisión de Seguridad Interior, e hizo una moción para que el proyecto volviera a comisión, adonde deberían concurrir las autoridades para responder las dudas planteadas.

La moción fue rechazada.

A su turno, el diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) coincidió con su colega Mónica Frade en cuanto a que la ANMAC no había brindado la suficiente información reclamada y por eso él y la legisladora de la CC habían expresado sus disidencias en la comisión. “Estamos votando a ciegas”, reconoció López Murphy, quien consideró también “inadecuado” el sistema de incentivo, y llamó la atención a sus colegas por “haber subestimado el pedido de la diputada Mónica Frade”.

Más allá de compartir el objetivo de la norma, coincidió con la diputada de la Coalición Cívica en la necesidad de que el proyecto volviera a comisión.

Cerró el debate la radical Ximena García que sostuvo que “tenemos que abordar la seguridad como una política de Estado que no dependa de una u otra administración”.

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