La Cámara de Diputados de la Nación comenzará a tratar este miércoles en comisiones el proyecto de reforma de la Ley 27.453 (de integración socio urbana de barrios populares), a partir de una iniciativa del Gobierno nacional. En ese marco, el diputado Eduardo Toniolli señaló que la propuesta, “además de ampliar la cantidad de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), apunta a agilizar los procedimientos administrativos para urbanizarlos más rápido, mejorarles el acceso a los servicios públicos, y prorrogar la suspensión de desalojos”.

“La lucha de los movimientos sociales permitió que en 2018 se aprobara la Ley 27.453, que registró en ese momento a 4.416 barrios de todo el país en el ReNaBaP, suspendió los desalojos por cuatro años, y dotó al Estado de herramientas para avanzar en su integración”, explicó Toniolli, y agregó: “Una de las medidas más importantes que estableció la ley fue que al menos el 25% de las obras debían ser ejecutadas por cooperativas o  por trabajadores de la economía popular, lo que constituyó en su momento un cambio de paradigma: los vecinos dejaron de ser sujetos pasivos y pasaron a protagonizar los procesos de cambio. De ahí que hablemos de integración socio urbana, y no solo de urbanización”.

En ese sentido, el legislador del Movimiento Evita señaló que la iniciativa de reforma, que comenzará a trabajarse mañana en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales de la cámara baja nacional, “propone ampliar el alcance de lo sancionado en 2018 (declarando la utilidad pública de 1176 nuevos barrios), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda), agilizar los procesos administrativos para acelerar las obras y mejoras, y fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los barrios incluidos en el ReNaBaP”.

A la fecha, y en base a los datos recopilados por el ReNaBaP, hay 656 proyectos de integración socio urbana en marcha en todo el país, que benefician a unas 400 mil familias, y generan 120 mil puestos de trabajo. Muchas de esas obras se financian con un porcentaje de lo recaudado por el Estado en concepto de aporte extraordinario a las grandes fortunas, y por el impuesto PAIS (que se aplica a las compras de dólares en el mercado formal).

Se calcula que cerca de 1,2 millón de familias vive en barrios populares en Argentina, lo que representa unos cinco millones de personas, más del 10% de la población total del país. Los asentamientos ocupan una superficie total de 590 km2, 3,3 veces el tamaño de la ciudad de Rosario.