El tema fue abordado en la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que solo asistieron dos miembros de la oposición. También se trataron proyectos de resolución.
En una breve reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el jujeño Guillermo Snopek (FdT), que se llevó a cabo en la tarde de este miércoles, el kirchnerismo logró el dictamen de los proyectos que proponen modificar los requisitos para convocar a una consulta popular y, por otro lado, la iniciativa que reforma la norma que regula la iniciativa popular.
El senador oficialista Oscar Parrilli hizo uso de la palabra para destacar que el proyecto “fue ampliamente debatido con expositores que dieron su opinión sobre los aspectos constitucionales. También la experiencia similar que hubo con el FRENAPO que explicó el hoy diputado Hugo Yasky”.
“Este es un avance importante en aras de mejorar el funcionamiento de la democracia en la Argentina, los mecanismos de participación popular, de identificación de los temas que los gobiernos tienen que resolver y tener siempre a mano la posibilidad de consultar al pueblo sobre temas importantes de la gestión”, ponderó.
Además, remarcó que “la iniciativa que propiciamos respeta los términos constitucionales, los límites que la Constitución Nacional pone a la consulta popular”, tras lo que pidió pasar a la firma el dictamen para que sea debatido en el recinto y agregó con una chicana a la oposición: “Quienes no están de acuerdo que lo expresen como corresponde. Acá hemos agotado todo debate y discusión entre los que quisieron y los que no, porque hubo senadores de bloques que no les interesaba el tema”.
“Las expresiones de estar o no estar simbolizan tácitamente una posición. Creo que se ha dado, ha sido extenso y la idea es seguir avanzando”, señaló Snopek. Cabe mencionar que solo estuvieron presentes de la oposición los senadores radicales Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Eduardo Vischi (Corrientes).
Luego se presentaron para el trabajo en comisión, tres iniciativas, dos del senador Snopek, relacionadas a cambios planteados para el tiempo y mecanismos de designación de las vacantes del Defensor del Pueblo y de cargos adjuntos en la Defensoría del Pueblo de la Nación.
“El Defensor del Pueblo es un instrumento que tiene la ciudadanía para la defensa de sus derechos y creo que nos debemos este debate”, afirmó Snopek.
El tercero, perteneciente al senador por Chaco, Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular), trata sobre la modificación de la ley 24.284 de la Defensoría del Pueblo, respecto de la adecuación del texto normativo a las nuevas exigencias del derecho convencional.
Al finalizar, se aprobaron siete proyectos de resolución y cinco pedidos oficiales para nombramientos de cónsul y vicecónsul.
El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.
Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.
En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.
Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.
Por su parte, el proyecto de Snopek apunta a regular el derecho de iniciativa popular establecido en el artículo 39 de la Constitución Nacional, y reformar la actual Ley 24.747, aprobada en 1996, y que imponía mayorías especiales en el Congreso.
La iniciativa propone que las mayorías especiales desaparecen, por lo que queda tácitamente registrado que para que una iniciativa popular vea la luz en forma de proyecto de ley necesite solamente del voto de la mayoría de los legisladores presentes.
Por otro lado, se pretende excluir ciertos temas que no podrán ser fijados ni modificados por este mecanismo: reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal; aunque sí cuestiones referidas a la materia electoral. También crea la Oficina de Iniciativa Popular (OIP), en el ámbito del Congreso de la Nación.
