Después de que se conociera que la tarifa de la red de subterráneos sufrirá un incremento del 40%, la legisladora porteña del Frente de Izquierda (FIT) Alejandrina Barry y Myriam Bregman, la diputada nacional por ese mismo espacio, recurrieron a la Justicia para presentar un recurso de amparo contra la decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según lo anunciado por el Ejecutivo local y la empresa Emova, la actual concesionaria de la red de subterráneos perteneciente al Grupo Roggio, el incremento en el pasaje del servicio comenzará a regir desde este viernes y se debe al “aumento de los costos y la caída de la demanda por la pandemia”.

Al respecto de esta situación, Bregman manifestó en sus redes sociales que junto a Barry “presentamos amparo para frenar el aumento del subte a 42 pesos y agregó que el Grupo Roggio y el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “calculan el valor de la tarifa incluyendo cosas insólitas, como los costos de los cursos de inglés para sus gerentes, sus gastos en celulares, taxis y alquiler de autos”.

“Sus gastos privados los pagamos todos los usuarios”, remarcó la diputada nacional.

Por su lado Barry consideró en un comunicado que “se debería tener una política para que este servicio recupere a sus pasajeros y no para expulsarlos” y afirmó que pese al aumento “este año, es la primera vez que no hay previstas nuevas obras a realizar para ampliar la red de subte”.

Cabe señalar que en el amparo también consideraron “arbitrario” y “preocupante” que el Gobierno de la Ciudad calcule el aumento del subte en base al de los trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Acuden como parámetro al aumento tarifario de trenes y colectivos, omitiendo considerar que el colectivo ya recuperó su demanda prepandemia y el subte no”, argumentaron las legisladoras del FIT.