Sin acuerdo entre el FdT y JxC para crear por ley el Programa Progresar, irán al recinto con dos dictámenes

Se dio en el seno de un plenario de comisiones del Senado. La bancada opositora describió la iniciativa como “una ley que tiene un exceso de reglamentación”. Además, se trataron proyectos de resolución.

En una agenda cargada de reuniones en la Cámara alta, la Comisión de Educación y Cultura, a cargo de la oficialista Cristina López Valverde (San Juan), fue la de más actividad este miércoles ya que, tras dos encuentros plenarios, cerró la jornada reuniéndose con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en manos del riojano Ricardo Guerra (FdT), para darle tratamiento al proyecto de ley que crea el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar).

A lo largo del encuentro, desde la principal bancada opositora hicieron algunas observaciones al respecto y brindaron sugerencias para modificar la redacción del texto. Pese a que la autora de la iniciativa, la oficialista Eugenia Catalfamo había aceptado incorporar algunos cambios, desde JxC anunciaron que irán al recinto con un dictamen de minoría porque el proyecto así presentado “es una ley que tiene un exceso de reglamentación”.

El debate

En el inicio de la reunión, la titular de la Comisión de Educación y Cultura precisó que la iniciativa se ha trabajado durante “mucho tiempo”. Además, informó que desde el Ministerio de Educación le “dieron el visto bueno” al texto.

“Yo he visto a muchas personas terminar sus estudios gracias a este impulso económico y mejorar las condiciones de inclusión, sobre todo laboral que, bien sabemos, tener el secundario es casi una condición para ingresar a cualquier empleo. Esto ha estimulado a la gente a que termine la primaria y la secundaria”, sumó López Valverde.

Fue la autora del proyecto, la puntana Eugenia Catalfamo (FdT), quien explicó: “Es un Programa de respaldo que tiene vigencia desde el 2014 cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hace ocho años que tiene vigencia y que ha sido modificado a través de cuatro decretos”.

“Como creemos que es un programa que aporta a la calidad de vida de los adolescentes y los jóvenes del país que aporta a su educación, a su terminalidad educativa, a su formación profesional, a la posibilidad de que puedan incluirse en universidades es que decidimos presentarlo como proyecto de ley que lo saque del Programa Nacional del Ejecutivo y se pueda instituir por ley y que trascienda gobiernos”, explayó Catalfamo.

A su vez, recordó que cuando el Programa se inició en el 2014 “era completamente universal, un programa que llegaba a los jóvenes que tenían condiciones de vulnerabilidad” porque son en esos sectores donde se produce la “brecha educativa, en los adolescentes particularmente”.

“No solo era una cuestión universal y de transferencia de dinero para que puedan llevar adelante sus estudios, sino que además tenían incorporado un sistema de tutorías, tenían una visita mensual al médico para tener un registro de salud de las personas que recibían la beca”, explayó la puntana y pidió el acompañamiento de todos porque “es darles acompañamiento a nuestros jóvenes”.

En ese marco, apuntó contra el Gobierno de Mauricio Macri, ya que en dicha gestión el “programa sufrió una desfinanciación”, y comparó que con el Gobierno de Alberto Fernández “vuelve a querer tomar este carácter universal, de que las cuotas se paguen cada 12 meses, de que la renovación sea automática”.

“El programa sufrió una desfinanciación durante el gobierno de Macri”, criticó Catalfamo

“Lo que proponemos en este proyecto de ley es básicamente lo que ya se viene llevando adelante”, reiteró Catalfamo y agregó: “Hoy son 860 mil los jóvenes que perciben este beneficio que no es solo para terminar el secundario, sino también para perfeccionarse y poder inscribirse en universidades”.

Además, señaló que la iniciativa propone que el Programa sea a partir de los 16 años y no de los 18 como era en un principio, debido a que “las trayectorias educativas que mayores dificultades tienen para el acceso para la educación se dan en esas edades”. También explicó que la autoridad de aplicación sea quien determine la ampliación a otros grupos de vulnerabilidad.

A su vez informó que se busca una incrementación de la cuota de forma trimestral en base a la Ley de Jubilaciones y la AUH, una renovación de 12 meses y de forma automática; la creación de puedan tener una cuenta bancaria para acceder al beneficio; se crea un sistema de tutorías para acompañar a las personas que mayores dificultades tiene; sistema de cuidados para personas que tienen menores a su cargo;  se busca crear el Comité Consultivo Federal que funcionará ad honorem; se mantiene el Fondo Fiduciario Progresar; el desarrollo de un informe anual que brinde toda la información y se de acceso público.

En el uso de la palabra, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el riojano Ricardo Guerra, destacó que el proyecto “plantea un financiamiento que es plausible”, y adelantó su acompañamiento porque “todo lo que implique inclusión debemos aprobarlo, ya que hace a una sociedad solidaria”.

Desde la vereda de enfrente, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro) manifestó su alegría de tratar en el Día del Estudiante un proyecto sobre educación al alertar que “la brecha educativa en el país es enorme, casi tan grande como la brecha digital que la tecnología nos ha permitido porque esa brecha digital hace que los chicos hagan lo imposible por tener un celular que son mejores que las computadoras que usamos”.

Aunque, criticó: “Pedimos datos del plan y no nos dieron, no pudimos encontrarlos tampoco”, y se preguntó: “¿Las comisiones tienen datos de cómo ha sido y cuánta gente ha abarcado, ¿cuántos chicos terminaron, qué acompañamiento o progresos han tenido esas personas?”.

Por otro lado, ponderó el título del proyecto que reza “acompañar estudiantes” lo que le reconoció: “Me parece fabuloso”, pero sostuvo: “Nosotros tenemos que evaluar y tomar decisiones con datos”. En suma, cuestionó que, si el Programa ya “no estará bajo la órbita del Ministerio de Educación, ¿por qué va a estar bajo la de ANSES el Fondo?”, y remarcó que “ahí hay un conflicto”.

La senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) contradijo a Catalfamo y remarcó que el Gobierno de Juntos por el Cambio “no eliminó el Programa”, pero si reconoció que “pudo haber hecho cambios respecto a tipos de plazos, edades”. “Es un programa que no está en discusión. Continúa ahora y nunca ha sido objeto de críticas ni objeciones para fomentar la educación para el trabajo”, resaltó.

Sin embargo, Tagliaferri cuestionó que el proyecto “tiene un exceso de reglamentación que es competencia del Ejecutivo”, y chicaneó: “Parece que tienen miedo de que se elimine y eso que están gobernado ustedes. Cuando gobernamos nosotros no lo eliminamos”.

El proyecto tiene un exceso de reglamentación”, sostuvo Tagliaferri.

“Tiene algunos aspectos que lo hacen muy desprolijos en términos normativos”, criticó la porteña y enumeró: “No pasó por Presupuesto por ende no sabemos qué opina la oficina del Congreso respecto a cuánto va a costar esto que es una inversión en educación y no esta en discusión el objetivo del Programa”.

Al igual que la senadora preopinante, Tagliaferri hizo hincapié en que “hace mención a que parte del financiamiento viene de una ley que es el de grandes fortunas, tiene media sanción, no está la prórroga a ese impuesto. ¿Vamos a renovarlo? En tercer lugar, en el Presupuesto que envió el Ejecutivo ¿está incluido este proyecto?”.

No me parece que sea un proyecto que acompañe los objetivos genuinos que tiene la Ley de Becas Progresar”, opinó y agregó: “Con la compilación que no sabemos cómo se va a financiar, con la forma de actualización automática, sin la intervención de las provincias acerca de qué se necesita en cada jurisdicción para que sean becas que hagan que los jóvenes tengan educación para el trabajo y hacer crecer las economías regionales. Es un proyecto que se choca de lleno con la ley de enfermería que recientemente tuvo media sanción de Diputados”.

De la vereda de enfrente, recogió el guante Catalfamo quien remarcó que “se ha trabajado mucho en este proyecto”, y procedió a contestarle a la senadora Álvarez Rivero: “No han llegado a mi despacho la solicitud de datos. Yo se los puedo dar a grandes rasgos”, y explicó: “Respecto a las Becas Progresar en los primeros años de su creación había más de 720 mil jóvenes. Durante los 4 años del gobierno de Macri lamentablemente es numero bajó a la mitad, y durante estos años del gobierno de Alberto Fernández son más de 860 mil jóvenes que se ven beneficiados con la beca”.

Al responderle a la porteña Tagliaferri, sostuvo que el Fondo Fiduciario “se crea por resolución dentro del Ministerio de Educación, pero va a quedar en la órbita de la autoridad de aplicación que va a ser el Ministerio de Educación”, y aclaró que “no pretende crear ningún impuesto, sino que un aporte del 20% que viene a partir del impuesto solidario esa dentro del Fondo”.

Respecto de por qué no hay un informe de Presupuesto del Congreso sobre el proyecto la senadora aclaró que “no requiere de dinero extra. Esta incluido al Presupuesto que llegó a Diputados”. “Los 16 años fueron incluidos por resolución y tiene que ver con la adolescencia que tiene la mayor problemática para terminar los estudios, pero hay grupos con mayores vulnerabilidades en los que se amplia la edad y pueden tener mayor posibilidad de ingreso. Algunos son límites de edad”, agregó sobre esa inquietud puntual.

Por otro lado, también explicó que “no se cruza con el proyecto de Enfermería porque están las causales de exclusión en el artículo 10 que está determinada por la autoridad de aplicación quien detecta que se están cruzando una beca elimina una de ellas. Lo que buscamos es darle mayores libertades a la población”.

Sobre el criterio de federalización añadió que “se Crea un Concejo Consultivo Federal para que todas las provincias puedan dialogar por los temas”, y coincidió con Tagliaferri en pensar en educación para el trabajo y para la producción.

En su intervención, el senador catamarqueño Flavio Fama (JxC) compartió la visión de que haya políticas públicas que asista a los jóvenes para que puedan terminar sus estudios secundarios, pero observó: “Los requisitos académicos porque todo tipo de Programa lo tiene y, en este caso, plantea que será determinado por la autoridad de aplicación. Creo que debe haber un acuerdo de presupuesto mínimo en términos de cuáles son los requisitos que los alumnos deberían cumplir”.

“El artículo 11 menciona cuáles podrían ser las causales de cese, ahí deberíamos poner ‘cuáles deberían ser las causales. En el inciso G habla de los incumplimientos de los requisitos académicos”, sumó. Asimismo, señaló que el programa tiene cuatro líneas: terminalidad de la educación obligatoria, inicio de estudios superiores, oficios y el caso de enfermería. “En general lo que creo que una política pública debería tener es el hecho de carreras prioritarias porque si es un programa que dura 20 años, no sé si vamos a financiar 20 años enfermeros. Podríamos establecer una pauta de carreras prioritarias”, sugirió.

Sobre las tutorías que es “un sistema previsto solo para educación obligatoria”, Fama señaló que “no está contemplado a la educación superior ni oficios que tranquilamente podrían estar”. Otra cuestión que observó Fama es la constitución del Concejo Consultivo y criticó: “En términos de integrantes no entiendo por qué ANSES o el Ministerio de Economía deban formar parte de un sistema que tiene que ver con becas y por qué no esta el consejo interuniversitario nacional”.

“’Por qué la construcción de un Fondo Fiduciario cuando históricamente las becas Progresar fueron establecidas por Ley de Presupuesto y asignadas al Ministerio de Educación. La autoridad de aplicación no la establece, se puede perfectamente poner en el proyecto”, agregó el catamarqueño.

Y cerró: “Hay algunas inconsistencias en la redacción que podría contribuir a eso, pero esto debería estar en el Ministerio de Educación, lo debería manejar la gente de ese Ministerio, debería estar en Presupuesto y contemplar a todas las carreras prioritarias porque estamos hablando de un programa de 20 años y esto es dinámico. Tenemos que estimular otras carreras”.

Pidió la palabra la senadora oficialista Juliana Di Tullio (FdT) quien coincidió con los opositores respecto a que corresponde poner la autoridad de aplicación: “Soy partícipe de que se debe poner la autoridad porque cuando se trata de una política pública de un programa aprobado que no tiene fecha de caducidad”, porque “estamos hablando de un sector que está en situación de vulnerabilidad”.

También coincidió con Fama sobre las carreras prioritarias porque es “sensato pensar que determinada cantidad de años hay que repensar el país, las zonas, y eso no afectará al proyecto en sí. Es interesante el aporte del senador y coincido en que es una política de Estado y que debe ser ley”.

Al cierre de la reunión Catalfamo agradeció los aportes brindados por la oposición y aceptó, antes de llegar al recinto, incorporar y definir la autoridad de aplicación y sumar el eje de las carreras estratégicas.

Sin embargo, la senadora Tagliaferri adelantó que desde el interbloque irán con un dictamen de minoría: “Nosotros entendemos que trabajar en conjunto sería volver el proyecto a Comisión, como acompañamos el espíritu del proyecto, tanto cuando gobernamos como ahora que hicimos aportes, y creemos que es una ley que tiene un exceso de reglamentación que sería acorde a un decreto reglamentario”.

En ese sentido, procedió a detallar el dictamen de minoría que “va sostener como política pública las Becas Progresar, que incorpora las cuestiones planteadas por el legislador Fama, que va a asignar una cuestión presupuestaria independientemente si es un Fondo o no, que va a tener 5 o 6 artículos que generan y garantizan como política pública las Becas Progresar a lo largo del tiempo sin un nivel excesivo de reglamentación por parte del Legislativo que no corresponde”.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password