Legisladores y especialistas analizaron la situación de la norma que ha recibido cuestionamientos. Se adelantó que trabajan en hacer “una ley más opertativa”.
El Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI) y la Secretaria de Previsión Social y Salud del Círculo de Legisladores de la Nación (CLNA) realizó un webinar sobre la Mesa de Controversia sobre la Ley Nacional de Salud Mental.
En ese marco expusieron las médicas psiquiatras Liliana González y Silvia Pujol, el juez nacional en lo civil Carlos Goggi y el médico legista y psiquiatra José Martínez Ferretti. Actuó como moderadora la diputada nacional (MC) y secretaria de Previsión Social y Salud del Círculo de Legisladores, Cristina Guevara.
El presidente del Círculo de Legisladores, Daniel “Chicho” Basile, destacó el objetivo del encuentro “con el fin de llegar con conceptos de conocimientos no solo a los afiliados, sino también a toda la sociedad. Es el único en el mundo creado por una ley de un Congreso nacional, que trabaja con Universidades y organizaciones no gubernamentales (ONG) y que genera iniciativas legislativas que le sirven a la sociedad. Tenemos el orgullo de haber sido reconocido por la Unión Interparlamentaria Internacional que representa a 46.000 legisladores en actividad de todo el mundo”.
Cristina Guevara señaló que “el Círculo se ha propuesto generar un espacio para que todas las voces y posiciones sean escuchadas con el respeto que se merecen para para ser un puente y facilitar el consenso necesario para proponer las modificaciones que hagan falta a la ley Nacional de Salud Mental en beneficio de aquellos que necesitan la atención de la salud mental y la contención a la familia, que tanto sufren cuando tienen un familiar con un padecimiento de esta naturaleza”.
En tanto, el senador nacional Mario Fiad adelantó que “este tema está siendo trabajado en el Senado para hacer una ley más operativa. Es muy importante contar con una Ley de Salud Mental y Adicciones en nuestro país, sin embargo, con el correr de los años se generaron distintas posturas y visiones respecto a su aplicación. Desde el inicio de la sesgo como una ley ideológica. Hay fundamentalismo desde distintos sectores. Estamos trabajando para hacer más funcional a la norma, sin tantas trabas burocráticas. Estamos generando el debate con jueces, con psiquiatras, con psicólogos, etcétera”.
Fiad agregó que “a 11 años de sancionada la ley, no se pudo poner en vigencia con servicios específicos dentro de los hospitales públicos y menos contar con el 10 % del presupuesto total para la salud. No estamos en contra de la ley, pero sí trabajamos en buscar algunas modificaciones para hacerla más operativa, más allá del oficialismo y de aquellos que la defienden a capa y espada”.
A su turno, la doctora Silvia Pujol habló de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre “políticas de salud mental “respecto a políticas, programas y legislaciones nacionales, la igualdad y la inclusión social, la protección frente a la discriminación, disponibilidad de psicofármacos, fomento de la autonomía e independencia personales, la provisión de atención en función de las necesidades individuales, protección de los derechos humanos, financiación y presupuestos adecuados, educación de la sociedad, apoyo psicológicos a familia y un modelo asistencial universal, equitativo, eficaz, comunitario, público, integral y evaluable”, entre otros.
“Surgen cuestiones que deben llegar a interrogarnos con respecto a las divergencias que se dan en la práctica. Resulta difícil discutir sobre las dificultades que las problemáticas de salud mental, le plantean tanto a los gobiernos como a la sociedad misma. A pesar de que los problemas de salud mental pueden traer consecuencias graves y persistentes en la vida de las personas y elevados costos económicos para los gobiernos, las intervenciones no han sido prioritarias para la gran parte de los políticos del mundo. Por otro lado, existe una compleja interrelación entre la provisión y financiación de los servicios. Un alto porcentaje de los trastornos mentales presentan un grado de complejidad importante que necesitan el apoyo de una alta gama de servicios, sectores e instituciones diferentes”, dijo Pujol, quien agregó que la “salud mental en todo el mundo, es la más descuidada de la salud pública”.
En tanto, la psiquiatra Liliana González habló de la situación actual de la salud mental. “Desde junio de 2021 a junio de 2022, post pandemia hemos hecho 12.000 consultas en urgencia en ambulancia y 12.420 de urgencias consultorios externos, lo que hace un total de 24.420. De este total 1.700 pacientes fueron internados, es decir el 6.96%, mientras que el 93.04 % fueron derivados a los distintos dispositivos como por ejemplo clínica médica, hospital de día, Psiquiatría, tratamientos domiciliarios”, planteó.
La doctora González agregó que “en la pandemia se encontraron con abandono familiar, suspensión de la medicación, rechazo del ingreso de los equipos de salud a los domicilios, muertes, descompensación. En pospandemia fundamentalmente el intento de suicidio de los adolescentes”.
El legista Martínez Ferretti señaló que “lo que no ha incorporado genuinamente la legislación es que hoy la realidad con los enfermos mentales es terapéutica. En la segunda mitad del siglo 20 se avanzó en recursos terapéuticos, desde lo psicofarmacológico hasta la introducción en los tratamientos de la patología grave de psicoanálisis, la psicología social que permiten tratar a estos pacientes”.
Martínez Ferretti sostuvo que “la ley Nacional de Salud Mental está centrada en el capítulo 7 y genera un exagerado celo en cómo se va a llevar a cabo la internación. El problema no es que el paciente entre sino que el paciente salga. Para que esto ocurra tenemos que tener una familia, que muchas veces produjo la enfermedad o no lo supo contener, o no tiene familia y no tiene donde volver. Los dispositivos intermedios son los que nos darían las salidas para bajar el número y la duración de las internaciones”.
Respecto de si se cumple o no la ley de salud mental, Martínez Ferretti señaló que “no se cumple. El Poder Ejecutivo debe reglamentar y debe incluir en los proyectos de presupuesto un incremento en las partidas destinadas a salud mental, hasta alcanzar un mínimo del 10 % del presupuesto total de salud. Hoy es el 1.47 %”.
Finalmente, el juez nacional en lo civil Carlos Goggi afirmó que “a la hora de mirar la Ley Nacional de Salud mental y las disposiciones de Código Civil y Comercial y confrontarla con la otra cara de la práctica cuando se formulen peticiones a un órgano judicial, a mí me interesa poner el acento no tanto en la emergencia psiquiátrica sino en la cronicidad. En los hospitales de día, en los talleres protegidos, en los centros comunitarios pero fundamentalmente en el hogar, en la vivienda de cada persona afectada por una problemática de salud mental, es donde vamos a poder hacer un manejo de la emergencia. Si trabajamos bien la cronicidad podemos provisionar la emergencia. La emergencia no es lo único que ocurre en psiquiatría y no es lo único que llega a un tribunal a la hora de tratar cuestiones vinculadas a la capacidad de las personas”.
El cierre lo hizo el presidente del Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI), diputado (MC) Humberto Roggero, quien expresó: “Hoy he aprendido cosas que no aprendí en la época que fui legislador. Vamos a transmitirle al Congreso la necesidad de hacer leyes posibles que no tengan espíritus abstractos sino que respondan a realidades del país que tenemos”.
