La diputada nacional de Evolución Radical Carla Carrizo, junto a más de 20 legisladores de Juntos por el Cambio, piden citar a la máxima autoridad del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), para que brinde información acerca del nuevo ataque ocurrido en Villa Mascardi a una casilla de Gendarmería Nacional por parte de un grupo de personas pertenecientes presuntamente a una agrupación mapuche y explique qué medidas están adoptando desde el Gobierno Nacional en relación a los conflictos territoriales vinculados a pueblos indígenas de Argentina.

El 23 de noviembre, el Gobierno decidió extender por cuarta vez la vigencia de la ley 26.160 de 2006 mediante el DNU 805/2021 mientras el Congreso se encontraba debatiendo su prórroga.

“El año pasado se frenó el debate en Diputados porque el gobierno prorrogó por DNU la ley hasta 2025. Sigue habiendo una media sanción del Senado sin tratamiento. No hubo informes, la expresidenta del INAI nunca asistió al Congreso así como tampoco las nuevas autoridades y los conflictos se multiplican”, sostuvo la diputada.

“Cambian las autoridades, se prorroga una ley sin debate, y los conflictos continúan. La mala gestión del INAI es total. Anoche un nuevo ataque a Gendarmería en Villa Mascardi, y ¿debemos renovarle el presupuesto? No sin que luego de 16 años se informe al Congreso”, publicó Carrizo a través de sus redes sociales.

En efecto, el DNU mencionado le asignó un presupuesto extra de 290 millones por año destinados específicamente al relevamiento de las comunidades, mientras que el presupuesto 2023 que comenzará a discutirse en el Congreso prevé un aumento de más de $500 millones al INAI ($1324 millones) con respecto al presupuesto vigente para 2022.

“¿Cómo sostener el pedido de recursos si no hay rendición de cuentas? Hace poco más de un mes renunció la titular del INAI y aún no se oficializó la designación de su reemplazante, Analía Noriega. Necesitamos que una voz institucional del INAI informe en Diputados cómo está administrando el dinero público. No puede ser que tengamos que esperar a que se vuelva a vencer el régimen de la Ley 26.160 para debatirlo cuando los conflictos están aumentando”, concluyó la Diputada.

El proyecto lleva las firmas de Carla Carrizo, Danya Tavela, Martín Tetaz, Lidia Ascárate, Marcela Antola, Victoria Tejeda, Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña, Marcela Coli, Carlos Zapata, Marcela Campagnoli, Gabriela Brouwer de Koning, Roberto Sanchez, Paula Omodeo, Gabriela Lena, Pablo Torello, Alberto Asseff, Carolina Castets, Rodrigo De Loredo, Dolores Martínez, Pablo Cervi, Waldo Wolff, Sabrina Ajmechet y Gerardo Cipolini.