La iniciativa se debatió en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde se acordó “la actualización del registro de los nuevos barrios populares y la prohibición de desalojos por diez años”.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja -presididas por los oficialistas Hernán Pérez Araujo, Lucas Godoy y Carlos Heller, respectivamente-, se reunieron este miércoles para emitir el dictamen por mayoría del proyecto que amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
La reforma en cuestión corresponde a la Ley 27.453, a partir de una iniciativa del Gobierno nacional, apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos, mejoras en el acceso a los servicios públicos y prorrogar la suspensión de desalojos.
Actualmente, y en base a los datos recopilados por el ReNaBaP, hay 656 proyectos de integración socio urbana en marcha en todo el país, que benefician a unas 400 mil familias, y generan 120 mil puestos de trabajo. Muchas de esas obras se financian con un porcentaje de lo recaudado por el Estado en concepto de aporte extraordinario a las grandes fortunas, y por el impuesto PAIS (que se aplica a las compras de dólares en el mercado formal).
Se calcula que cerca de un millón doscientas mil familias viven en barrios populares en Argentina, lo que representa a unas cinco millones de personas, más del diez por ciento de la población total del país. Los asentamientos ocupan una superficie total de 590 kilómetros cuadrados, tres veces el tamaño de la ciudad de Rosario.
La reunión para continuar con el tratamiento de modificación al régimen de regularización dominial para la integración socio urbana, y su posterior dictamen por mayoría, tuvo una aprobación unánime por parte de los legisladores de los diferentes espacios políticos que estuvieron presentes en el “Anexo C”.
La iniciativa fue celebrada por el diputado nacional Federico Fagioli (FdT), quien mencionó que “la Ley 27.453 es popularmente llamada como ‘Ley de Barrios Populares’ y es una de las mejores políticas de los últimos tiempos”. También afirmó que “la Mesa Nacional de Barrios Populares tuvo un rol activo para el pedido de la modificación de la normativa”.
Al respecto, explicó que el proyecto se afianza en dos ejes: la ampliación del registro nacional de barrios populares y el freno a los desalojos por diez años. “Desde 2017 hasta estos tiempos, los barrios populares pasaron de 4.416 a más de 5.500, y dentro de poco vencía el plazo, que pasaría de cuatro a diez años para frenar los desalojos territoriales”, explicó el diputado.
“Esto es para que como Estado planifiquemos y mejoremos la calidad de vida de cada una de los vecinos y vecinas de los barrios populares”, argumentó Fagioli, quien además mencionó que “tratarán una proyección plurianual para agregar al presupuesto especifico para atender necesidades socio urbanas de barrios populares”.
Del mismo modo, la diputada Natalia Zaracho (FdT) expuso que “el Certificado de Vivienda Familiar implicó el acceso al DNI, al correo, que las compañeras que sufren violencia de genero puedan llamar a un patrullero y que la ambulancia ingrese a los barrios para que el Estado esté presente”.
La diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño manifestó que “la iniciativa es ratificar una política de Estado que empezó con el Gobierno anterior”, y añadió: “Entendemos que puede ser fructífero para los más desposeídos de nuestra patria. Felicitó a ambos bloques por ponerse de acuerdo rápido y por el avance con una redacción común”.
Consecuentemente, la diputada opositora Silvia Lospenatto expresó que “estamos por construir una política de Estado que nace con un Gobierno, es continuada, ampliada y mejorada por el que sigue, e implica un seguimiento a futuro por el que venga”.
Debido al tema, la diputada sostuvo que “la urbanización de barrios populares en la Ciudad de Buenos Aires debe ser tomada como modelo porque se basa en tres ejes: la integración habitacional a través de la creación del Certificado de Vivienda Familiar; la integración urbana que acerca servicios públicos, bancos públicos y empresas privadas a los barrios; y el avance en integración económica porque hay un mundo productivo que se debe ser reconocido”.
Por otro lado, explicó: “La urbanización de los barrios populares llevará, como mínimo, 20 años, por eso pedimos que esta iniciativa pueda sobrevivir durante todos los gobiernos. Legislamos para que la política de barrios populares continue en el tiempo”.
En esa línea, Victoria Morales Gorleri (Pro – JxC) consideró que “los barrios populares son los ‘depósitos de esperanza’ que durante décadas sus familias habían sido olvidadas. Los procesos de urbanización son la defensa de los derechos fundamentales porque cada año más familias recurren a estos lugares”.
El oficialista Eduardo Toniolli celebró que el dictamen salga por unanimidad y destacó la idea de tratar al proyecto como política de Estado y su continuidad a futuro. “Todas estas iniciativas nacen con la movilización popular en las calles. Los distintos actores que intervinieron no se quedaron en el lamento, sino que plantearon propuestas para salir adelante”, enfatizó el legislador.
En el cierre, recalcó que “la economía popular es trabajo genuino y, en Argentina, en determinados momentos, falta empleo, pero sobra trabajo por la necesidad de millones de argentinos y argentinas. El Estado debe unir estos dos factores a través de estas políticas”.
Al final de las exposiciones, los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, Hernán Pérez Araujo y Carlos Heller anunciaron que “se logró el dictamen de mayoría de forma unánime del proyecto que amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares”.
