Tras la presentación del Presupuesto 2023 por el ministro de Economía Sergio Massa, fue el turno del secretario de Hacienda Raúl Rigo, quien trazó los lineamientos generales del proyecto, y destacó el “esfuerzo político técnico” en el Gobierno nacional para “elaborar un escenario macroeconómico realista”.

El funcionario abrió su exposición señalando que los cuatro grandes lineamientos que tiene el mensaje que acompaña al presupuesto sobre el “esfuerzo político técnico en el seno del Gobierno nacional para elaborar un escenario macroeconómico realista; sobre el déficit de 2,5% del PIB de la Administración Pública nacional, compatible con un déficit base caja de 1,9% para el Sector Público Nacional; sobre el comportamiento consolidado de los recursos, y la ligera caída de la presión tributaria; y sobre la minuciosa tarea de identificar las políticas públicas que el Gobierno nacional considera prioritarias para dedicar la mayor cantidad de recursos disponibles a estas, en un marco de ordenamiento fiscal”.

Sobre los números del escenario macro-fiscal, Rigo precisó que en el año 2023, y respecto al 2022, se plantea una 2022 plantea una moderación en el crecimiento, de un 4% a un 2% en el 2023. El tipo de cambio nominal sería de 269,9 que se plantea para diciembre de 2023, con una inflación, también en la punta, de 60%.

Además, se plantea un crecimiento real del mercado de trabajo de los salarios: “Un 2% de crecimiento real del salario en 2023. Y una apuesta a una mejora del saldo comercial, es decir una mejor performance fundamentalmente de las exportaciones por precios, pero mucho por cantidad. La mejora del saldo comercial como otra de las variables que se proyectan en este escenario que consideramos realista”.

Respecto al resultado de la Administración Pública Nacional, el funcionario explicó que “interanualmente los recursos crecen más que los gastos: 78,1 los recursos, 68,5 los gastos. Evidentemente esto ocurre porque estamos buscando un resultado primario menor”.

“La variación interanual más pronunciada es la de aportes y contribuciones de la seguridad social que crece claramente por encima del promedio, en un 83,2%. Esto es porque el escenario macroeconómico espera un mercado de trabajo vigoroso para el año próximo, con ese crecimiento real del salario, también de la actividad, eso hace que los aportes de la seguridad social crezcan más del promedio”, precisó en este sentido.

Sobre el gasto público, el secretario de Hacienda se detuvo sobre las cinco principales finalidades: Administración Gubernamental, Servicios de Defensa y Servicios Sociales, “todas estas funciones están creciendo claramente por encima de la inflación. Acá llamo la atención sobre Servicios Sociales, donde no solamente tenemos las funciones que intuitivamente están allí como Salud, promoción y asistencia social, Educación y Cultura, y Ciencia y Tecnología, sino que también tenemos Vivienda y urbanismo, y Agua Potable y Alcantarillado que están muy asociadas al gasto de capital”, expresó.

Y respecto a las últimas dos finalidades, advirtió que “Servicios Económicos, que es la finalidad cuatro, crece menos que la inflación porque básicamente ahí tenemos una influencia muy importante en la reducción de subsidios, que es la función número uno, sobre todo en Energía, Combustibles y Minería. Y la quinta finalidad es la Deuda Pública”.

Respecto a la recaudación nacional en 2023, Rigo destacó la caída del 0,18% de la presión tributaria. “Del 23,95% del PBI en 2022 a 23,77% en 2023. Si nosotros miramos el gasto primario en término del PBI, y lo comparamos en una serie histórica vemos una reducción global. Pero esto tiene prioridades, el gasto de capital en infraestructura se mantiene en niveles similares al del 2022, y hasta un poco más, tiene un crecimiento del 0,5% respecto al 2019, al inicio de la actual gestión. Para que esto se mantenga y todo el gasto caiga, entonces hay otros que se tienen que reducir. Básicamente tenemos un decrecimiento del gasto en subsidios, donde tenemos 0,9% en subsidios en energía y transporte”.

Finalmente, se refirió a las cinco prioridades políticas que el mensaje que acompaña el proyecto de ley destaca, que son: “la infraestructura, la salud, la educación, la ciencia e innovación, y la inclusión social con perspectiva de género”.