El Senado acordó pliegos de funcionarios judiciales y suma 72 acuerdos en la era Kicillof

Es una tibia respuesta al reclamo de la Suprema Corte de Justicias que pide por unas 600 designaciones para cubrir vacantes del Poder Judicial.

Los senadores bonaerenses también, tal como se adelantó, trató en su última sesión la prestación de acuerdos a una decena de pliegos de funcionarios judiciales, una gota en el desierto si tenemos en cuenta que desde el Poder Judicial se viene reclamando la designación de entre 400 y 700 cargos judiciales.

No obstante, por unanimidad, tal como se despachó desde la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos que comanda senador de La Cámpora, Emmanuel González Santalla, se acordaron 10 expedientes para su correspondiente designación por parte de Poder Ejecutivo.  

Así, desde que arrancó la gestión del gobernador Axel Kicillof, el Senado bonaerense prestó acuerdo a 72 pliegos judiciales, con sus propias particularidades.

Tal como se informó en su momento, de la totalidad de 72 pliegos acordados por el Senado en estos últimos tres años, 41 fueron pliegos remitidos por la gobernadora María Eugenia Vidal y fueron aprobados en soledad por Juntos, cuando ostentaba mayoría de bancas en la Cámara alta, luego de una dilatada polémica por la oportunidad de su tratamiento.

Primero se objetó, desde el Unidad Ciudadana y el Frente Renovador, que estaban dentro de proceso electoral, en los últimos meses de Vidal, por lo que se pospuso su tratamiento en recinto; y luego se subrayó, desde el FdT, que se trataba de pliegos que no debía considerarse porque no habían sido enviado por el gobernador Axel Kicillof.

Haciendo caso omiso, la bancada de Juntos para el Cambio, en 2021 acordó los pliegos con sus propios senadores y en ausencia de los senadores oficialistas del bloque del FdT.

Hubo otros 31 pliegos judiciales acordados que fueron los primeros que giró el Gobernador Kicillof, al igual que estos últimos diez. En total son 41, al igual que los polémicos últimos pliegos de Vidal. ¿Casualidad?

Otras de las particularidades que se observan es que, de los 10 pliegos acordados, 6 son fiscales, un gesto hacia el funcionario del Poder Judicial más cuestionado por el oficialismo actual, el Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand. Y el que más estaba reclamando designaciones.

Al mismo tiempo fueron sancionados 4 proyecto de ley que expropian terrenos en General Arenales, Avellaneda y General San Martín para destinarlos al Poder Judicial, para la construcción de nuevas dependencias.

Esta acción también suma al gesto del oficialismo hacia el Poder Judicial; las iniciativas llevan la firma de la diputada Susana González y de Mariano Cascallares, dos legisladores “intrusos” del oficialismo en “función judicial”, función que estaría reservada para otro espacio dentro del FdT.

Además, otra particularidad, en dos de los cuatro proyectos de expropiación explícitamente se consigna que los terrenos serán cedidos a la Suprema Corte de Justicia con destino al funcionamiento de dependencia judiciales.

En los otros dos proyecto de ley sancionados, se puede leer el ambiguo texto donde se indica como destino de la expropiación la construcción de “viviendas de interés social y/o equipamiento comunitario y/o espacio verde de uso público”. Por lo bajo se ratificó que son para el funcionamiento de dependencia judiciales, que se encuadraría dentro de equipamiento comunitario.

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