Buscando darle respuesta a la crisis habitacional que atraviesa el distrito, asociación Inquilinos Agrupados presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cual se prevé que unas 340 mil viviendas ociosas pasen al sistema de alquileres.

El proyecto en cuestión plantea que los inmuebles que permanezcan vacíos por más de 90 días consecutivos ingresen “de forma obligatoria” a un sistema de alquiler protegido, el cual estará administrado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad que deberá fijar un precio de renta equivalente al 1% del valor fiscal de la propiedad.
También define a la vivienda ociosa como “aquella que registre durante el lapso de tres meses consumos de servicios eléctricos por debajo de los 50 kwh/mes”, así como las que “no se hayan registrado su contrato de alquiler”, tal como lo determina la normativa vigente.

Respecto de esta situación, el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, afirmó en diálogo con la agencia de noticias Télam que “decidido presentar un proyecto que soluciona en 90 días el problema de oferta de vivienda en la Ciudad” e indicó que “cuando el mercado plantea que la demanda supera la oferta, nada dice de las 340.000 viviendas vacías, siendo esta la causa fundamental junto con el alquiler turístico”.

Es que, de acuerdo con un estudio elaborado por la Mesa de estudio de viviendas vacías, casi una de cada 10 viviendas de la Ciudad de Buenos Aires permanece sin ocupar y la mayoría de ellas está en barrios como Puerto Madero, Palermo y Recoleta.

“No hay dudas de que el mercado inmobiliario construye viviendas para dejar vacías y las consecuencias sociales y habitacionales son gravísimas”, aseveró y concluyó precisando que “el aumento del valor del suelo, condiciones cada vez más restrictivas para conseguir vivienda, y alquileres que significan más de la mitad de nuestros ingresos. Toda ciudad moderna regula la vivienda vacía y es hora de que aquí también suceda”.

Cabe señalar que desde Inquilinos Agrupados iniciarán una campaña de recolección de firmas para sumar al menos 38 mil adhesiones que obliguen a los diputados a debatir el proyecto.