La actividad fue encabezada por el jefe del interbloque JxC en el Senado, Alfredo Cornejo, quien destacó que “el registro genético es una prueba indubitable”; y el diputado Juan Martín. La iniciativa, que tiene como antecedente la experiencia mendocina, busca “generar un banco genético lo más amplio posible para reprimir legalmente los delitos”.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo (UCR- Mendoza), y el diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) presentaron este jueves un proyecto que apuesta a la modificación de la Ley N°26.879, de Registro Nacional de Datos Genéticos, con el objetivo de que “sea útil para todas las investigaciones criminales”.
Desde el Salón Auditorio Emar Acosta, edificio Alfredo Palacios del Senado, los legisladores estuvieron acompañados por el doctor Miguel Marino, director del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas de Mendoza; Isabel Yaconis, de la Asociación Madres del Dolor, y Guillermo Bargna, de Usina de Justicia.
Al hacer uso de la palabra, Cornejo agradeció a su par Martín por interesarse en los temas de inseguridad que “buena parte de la dirigencia política se acuerda de esos temas en campaña, pero no de trabajarlos en profundidad”, y lamentó que sea “el principal problema de la Argentina. La inflación se lleva la marca porque es inusual, pero la inseguridad recorre casi todas nuestras ciudades y requiere de un tratamiento profesional de sus políticos y en particular de usar bien los recursos técnicos y humanos”.
En esa línea, recordó que en su experiencia como gobernador de Mendoza “nos focalizamos mucho en eso”, y remarcó: “Digo esto de la política porque en general hay una sensación de que se puede convivir con inflación y con inseguridad”.
“Es insoportable vivir con inflación y con inseguridad”, expresó Cornejo y argumentó que eso “genera una mala calidad de vida colectiva e individual a la mayoría de las personas. Solo pocas personas, incluso con mucho capital, pueden preservarse de problemas como la inseguridad y así y todo pueden ser víctimas”.
Para el senador radical, la inseguridad requiere “de un abordaje integral, sistemático, profesional y no meros discursos ideológicos, que perturban y no permiten resultados concretos”.
“En Mendoza nos tomamos en serio esa situación, hay inseguridad obviamente, pero hay una reducción significativa de los delitos graves, de homicidios en general. Lo hay por un abordaje integral, entre ellos un proyecto que, en Argentina me alarma que no esté haciéndose a nivel federal y no se haga en la mayoría de las provincias”, expresó con preocupación y explicó: “Es generar un banco genético lo más amplio posible para poder reprimir legalmente los delitos violentos -delitos sexuales, homicidios- y los no violentos”.
En ese sentido, precisó que esa modificación y ese instrumento sirven “para prevenir esos delitos”, y explicó que la creación del banco genético en Mendoza en 2016, que fue una modificación a la Ley que rige a nivel nacional, consistió en tomar una muestra genética a todos los imputados de todos los delitos en la provincia.
“Sonó muy duro, solo Inglaterra tenía una legislación fuerte que por 50 años se mantiene el banco genético las huellas de quienes han cometido delitos, en Mendoza lo hicimos. Modificamos la ley e incorporamos a todos”, explayó el titular del interbloque de JxC en el Senado.
En suma, agregó que “la imputación ha generado por supuesto, si es sobreseído, que también las modificaciones procesales permitieron plazos cortos en cada una de las causas penales y no plazos interminables, sale del banco genético inmediatamente”.
“Hay políticas públicas de seguridad y tantas otras que no se evalúan, en este caso si las hemos evaluados”, comparó y precisó que se ha generado un banco genético de 67 mil registros lo que “permite esclarecimientos concretos. Es una ejecución práctica de lo que se dice”.
A su vez, destacó que el banco genético de Mendoza es el “más grande” de Latinoamérica en cantidad y gracias a eso se han esclarecido desde 2016 hasta la actualidad, 1200 delitos porque “las investigaciones policiales tienen un montón de fallas que muchas veces terminan en impunidad. La policía muchas veces se rige por el ‘soplón’ o con testimonios”.
“El registro genético es una prueba indubitable, se lo encuentra en la escena del crimen y tiene que explicar por qué estaba allí y es una prueba difícil de defender”, remarcó Cornejo y agregó que “este dato no es algo menor a la hora de las investigaciones policiales”.
Por otro lado, contó que en el país existe el banco genético, pero solo para delitos sexuales y solo con condenas firmes. “Nosotros estamos elevándolo, no solo con imputación sino con una primera condena, estamos modificando eso, y agregamos todos los delitos porque creemos que el Estado nacional con el enorme gasto público que tiene y demás podría hacer maravillas con esta mera sanción de esta ley, podría hacer justicia e investigaciones profundas y condenas concretas en corto plazo”.
“Este proyecto, si bien se hizo en Mendoza, allí fue por iniciativa por familiares de víctimas que traían el problema, lo describían. Me siento orgullo de estar acompañado de ONG y eso le da la legitimidad porque no es un proyecto de un político, están muy compenetradas en tener justicia y poder vivir en paz”, cerró su presentación Cornejo.
A su turno, el diputado santafesino Juan Martín agradeció al senador de tener la convicción de “asumir los problemas de inseguridad que hay, pensar, proyectar y dar soluciones que, seguramente, son perfectibles y hay cosas para pensar e innovar”, y lo ponderó porque “claramente es la Argentina uno de esos dirigentes que tiene esa convicción inquebrantable para que vivamos más seguros y en paz”.
“Estamos convencidos de que la política en seguridad se tiene que planificar, proyectar, monitorear a partir de ponerse en los zapatos de las víctimas porque no podemos pensar la inseguridad y hablar con tanta liviandad y con prejuicios ideológicos sin empatizar con los que sufren y los que ya no están. Ese paradigma tenemos que tener claro para abordar la política de seguridad”, sostuvo.
Además, planteó la necesidad de agregar innovación, tecnología, nuevas herramientas para poder “cambiar el chip” porque “no es solo más prevención, más patrulleros, hay cosas que se pueden hacer si nos ponemos a pensar en nuevas soluciones”.
“En ese sentido va el proyecto. En la Argentina tenemos una herramienta, pero queremos hacer un cambio trascendente de paradigma en dos sentidos: ampliando el espectro para que no sea únicamente delitos contra la integridad sexual con condena firme lo que termina siendo que los hechos no haya registros, porque hoy hay 400 perfiles genéticos, pero en los hechos no tiene implicancia práctica; por otro lado tenemos que dejar las falsas dicotomías de no pensar en una condena accesoria, hoy parece que estar en este registro es una carga, es un veraz de los condenados y así no logramos nada”, explayó Martín.
En esa línea, indicó que “cambiar esa dinámica es parte de asumir que el Estado llega tarde y poder llegar para que tengamos justicia que trae paz, tranquilidad. Además, ayuda a resolver muchas otras situaciones que no tienen que ver con la inseguridad como casos de desaparición de personas”.
“Para llevar adelante este tipo de medidas, se necesita decisión política, creatividad y monitoreo, pero sobre todo, gestión. Y justamente esa decisión política hace falta hoy en la Argentina, particularmente en provincias como la mía, Santa Fe. Mendoza, desde que comenzó la gestión de Alfredo Cornejo, logró reducir la tasa de homicidios de 9 a 4 cada 100.000. En Santa Fe, de acuerdo a datos de 2021, en la provincia estamos en 10,5 cada 100.000; con picos en los departamentos Rosario (18,5) y el departamento La Capital (13,61)”, argumentó Juan Martín.
“Esto tiene que ver con una fuerte decisión política porque este proyecto de ley puede traer un aporte concreto y brindar una herramienta muy útil, pero hay que tener decisión para que cumpla su fin porque sino el registro queda abstracto y no cumple su finalidad. Tenemos que brindarle insumos, tenemos que trabajar, hacer gestión y eso es lo que le falta a la Argentina”, resaltó el santafecino.
Y reclamó: “No podemos quedarnos de brazos cruzados, hay que pensar alternativas. La OMS lo considera como una pandemia a las muertes y a la inseguridad. Este es el diagnóstico con el que tenemos que partir. Esto es un proyecto concreto y la experiencia de Mendoza es lo que se tenía que hacer en todo le país, es cambiar toda la dinámica de prevención, se trata también de cambiar el régimen procesal-penal para hacerlo mas eficiente y así se logra escuchar a las víctimas”.
En su presentación, Miguel Marino señaló que la mayoría de las provincias tiene esta ley, pero solo contra la integridad sexual y con condena firme. Hay solo cuatro provincias con datos funcionales: “Córdoba fue la primera que tuvo base de datos, Mendoza, La Pampa y Salta”.
“Mendoza tiene 67.361 tiene el 3,5% de su población. En el mundo se estima que el número ideal está dentro del rango del 4 al 5%”, informó y sumó: “Respecto a los cambios que se hicieron en Mendoza para que sea una base de datos funcional incluye a todos los delitos penales y menores con responsabilidad penal declarada; incluye a la policía de la provincia, servicio penitenciario, policía judicial, funcionarios y personal del Poder Judicial que intervienen en el lugar del hecho; directivos, propietarios, socios y personas de las empresas de seguridad privada”.
Y explicó que “son perfiles de contaminación y se han eliminado cientos en escenas del crimen que en caso de no contar con un base de datos nos desviarían la atención de una investigación”. También, indicó que “se hicieron actualizaciones y se estableció que es por ley el dato genético. Un perfil genético es un análogo a la huella dactilar, es un sistema de identificación. No me permite a mi saber nada de una persona más que su identidad. La ley estableció que se desvincule el dato filiatorio de los genéticos a través de códigos de barra”.
Sobre la composición actual del registro detalló: imputados 46.523, condenados 5.593, condenados por abuso sexual 1.350, fuerzas de seguridad 11-174, fuerzas privadas 2.164, Ministerio Público Fiscal 249, voluntarios 318, lo que hace un total de 67.371 registros.
“El 75% de la base de datos tiene entre 18 y 40 años, esto es un dato que alarma y preocupa. El 38% tiene entre 20 y 30 años y casi el 12% tiene entre 18 y 20 años. Tenemos una población de delincuentes muy jóvenes. El 90% de la base de datos está compuesta por varones”, alertó Marino.
En esa línea, informó que “tenemos 493 hits entre una persona y la base de datos: abuso sexual 167, robo agravado 158, homicidio 104, robo simple 34 y otros 30, lo que impacta en 1400 causas”, y ponderó que la base de datos tiene una eficacia de evidencia del 61,5%.
Guillermo Bargna remarcó que la Ley de registro nacional fue aprobada por unanimidad en el 2013 y cuestionó los años que demoró en reglamentarse que “pasa a ser una vergüenza de la Argentina porque se reglamentó recién en 2017”.
“Ese registro nacional hoy es una mera muestra de la ineptitud con la que en muchas cosas nos movemos en el país. El último registro que tenemos de esa base de datos son 431 en el orden nacional habiendo 35 mil presos por delitos sexuales en el país eso representa nada y eso encontramos los familiares de víctimas”, criticó y consideró que “esto así no puede seguir. Hay muchos motivos por los que ese registro no funciona, primero por una falta de idoneidad de los directores, la falta de racionalización de los distintos sistemas que recogen el ADN y una falta total de decisión política de activarlo y que eso es lo peor”.
Pasa a ser una vergüenza de la Argentina que la ley se haya reglamentado recién en 2017”.
En el uso de la palabra, Isabel Yaconis recordó que su hija en el 2003 volviendo de la escuela “encontró la muerte a tan solo 50 metros de la casa, ¿cuál fue su pecado? Su asesino estaban agazapado que salió a buscar a una víctima y fue mi hija”.
“En el 2003 encontraron ADN en el uniforme de mi hija, pensamos que lo iban a atrapar, pero las muestras que se cruzaron fueron 10 y el resultado fue negativo. Yo culpo al asesino que salió a buscar a la víctima”, relató y agregó: “Yo pensé que había un bando de ADN, pero me di la cabeza contra la pared, no había nada en realidad ¿por qué Argentina no tenía banco de genética?”.
Y cuestionó: “En el 2013 el proyecto fue votado por unanimidad, pero ahí vino la mentira porque nunca se reglamentó me enteré de casualidad en el 2017 que no estaba reglamentado. Fue otro golpe. La Ley dormía en un cajón en la Secretaría de Ciencia y Tecnología”.
El proyecto de modificación a esta ley propuesta está principalmente inspirado en la ley 8916 de la provincia de Mendoza sobre el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas sancionada en 2016. La experiencia del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas provincial ha sido positiva para la investigación de diferentes delitos y marca la importancia de la construcción de bases de datos amplias que sirvan para resolver investigaciones penales.
Tal como se mencionó, actualmente el registro mendocino cuenta con 67.000 muestras extraídas, de las cuales 43.754 corresponden a imputados, 1.246 a condenados por abuso sexual, 4.870 a condenados por otros delitos, 56 a personas absueltas, 10.784 a personal de fuerzas de seguridad, 197 a personal de seguridad privada, 219 a personal del poder judicial y 148 a voluntarios. Este registro es la base de datos más amplia de Latinoamérica.
El registro ha realizado ya 472 impactos identificatorios positivos. De estos impactos identificatorios 157 correspondieron a investigaciones sobre delitos de abuso sexual, 127 a robo agravado, 86 a homicidios, 24 a robos simples, 3 a delitos de lesiones, 7 a hurtos y 19 a otros delitos.
Con el proyecto de Alfredo Cornejo y Juan Martín se plantea discutir una reforma a la ley que haga útil este registro para todas las investigaciones criminales. En la elaboración de la iniciativa fueron determinantes los aportes de Miguel Marino, director del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas de la Provincia de Mendoza y de las asociaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos de las víctimas, en las personas de Isabel Yaconis de la asociación Madres del Dolor y Guillermo Bargna de Usina de Justicia.
4719-D-2022-REG-HUELLAS