Por Facundo Lancioni Kaprow. El secretario general de SEDUCA habla de encontrar y encuadrar legalmente las nuevas relaciones laborales, las diversas modalidades de empleo, las diferentes condiciones que proponen los empleadores y no alterar los derechos de los trabajadores.
El futuro de la Argentina debe replantear modificaciones estructurales en varios aspectos y marcar una situación diferente a la que se vive en la actualidad. El tiempo que se viene en el país permite pensar la actualización de las normas laborales que regulan las relaciones de trabajo: la ley de Contrato de Trabajo, la de Asociaciones Sindicales y la de Convenciones Colectivas de Trabajo son tres elementos que requieren una profunda revisión -entre otros-.
¿Acaso es lo mismo un comercio de barrio que una multinacional instalada en el país? La respuesta lógica es que no. Sin embargo, en la Argentina de hoy, el Estado le plantea a ambas las mismas exigencias y compromisos -y muchas veces no reparte los mismos beneficios-. La consideración de actualizar las normas laborales tiene que ver justamente con esto: encontrar y encuadrar legalmente las nuevas relaciones laborales, las diversas modalidades de empleo, las diferentes condiciones que proponen los empleadores y no alterar los derechos de los trabajadores.
Si tomamos los textos normativos enunciados en el primer párrafo encontraremos un denominador común. Los tres datan del siglo pasado (1974 la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, 1988 la de Asociaciones Sindicales y 1953 la de los Convenios Colectivos) y con ellos cargan la falta de actualización para los tiempos presentes: en esta materia, nada de lo surgido en el siglo pasado puede tener un sustento lógico en el tiempo presente.
Animarse a abrir el camino de actualización de estas será un ejercicio que tendrá grandes virtudes: permitirá generar una Argentina de consensos ya que una modificación de esta característica permitiría a cada sector realizar su aporte con una premisa clara: no vulnerar derechos de los trabajadores e incorporar los elementos que los empresarios consideren oportunos y necesarios en tal sentido. Quizás el error del pasado haya sido transmitir un concepto confuso sobre la base que la reforma laboral avasalla derechos. Y hay que generar todo lo contrario: más derechos, más oportunidades y más respaldo legal para quienes apuesten por nuestro país.
En este escenario el rol de los sindicatos se torna fundamental. Tanto para acompañar las actualizaciones necesarias como para velar por la implementación de las mismas: los grandes sindicatos serán los que aporten ideas en este rico debate. Y deberán ser también quienes se adapten a estas nuevas actualizaciones y acompañen las nuevas etapas.
En ese sentido, en la Argentina de hoy existen más de tres mil sindicatos. Ahora bien, ¿cumplen todos con la ley? ¿Es el ministerio de Trabajo el garante que estos funcionen en el marco de las exigencias de las normas? Estas preguntas encuentran su necesidad de respuesta en el accionar de dicho ministerio: es clave también rever el rol y las funciones de un espacio de gobierno que debe ser actualizado.
Está claro que se viene una obligación de viajar al siglo 21 en materia laboral. La falta de inversión, generación de empleo privado, genuino y de calidad, y la ausencia de la clase trabajadora organizada expone un límite y punto final para esta realidad. Deberá asumirse el compromiso y la convicción de que el cambio es necesario. El desafío pasa entonces por lograr el equilibrio entre las demandas de los trabajadores -representados siempre en sindicatos- y los empresarios, siempre con el Estado como juez de esto. Actualizar el marco legal es el primer paso para hacerlo.
