La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto de ley que prorroga el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, a la vez que incorpora una serie de modificaciones a la norma actual. 

Se trata de una ley aprobada en 2018, impulsada por los entonces oficialistas Elisa Carrió, Nicolás Massot y Mario Negri -actualmente diputado-, y que se aprobó por unanimidad en ambas cámaras en aquella ocasión.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo en septiembre pasado, fue aprobado por el pleno por 227 votos afirmativos, 2 negativos -Francisco Sánchez (Pro) y Carolina Píparo (Avanza Libertad)- y 3 abstenciones, de Gustavo Hein (Pro), Marilú Quiroz (Pro) y Carlos Zapata (Ahora Patria).

A través de la iniciativa se contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada la ley. 

Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.

Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años.

Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”. “Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho”, agrega el articulado. 

También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”. 

Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el RENABAP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.

Y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.

El debate

En el inicio del debate, el miembro informante del oficialismo, el salteño Lucas Godoy, destacó que con esta norma se está “hablando de una política pública que como tal se desarrolle a largo plazo y tienda a brindar las soluciones que propone la normativa: generar condiciones dignas y de calidad para los sectores populares, en aquellos barrios que merecen una atención profunda para su transformación por parte del Estado”.

Por su parte, el radical Fabio Quetglas señaló que el ReNaBaP tiene “una importancia crucial en la historia urbana territorial de Argentina” porque, a través de ese instrumento, el Estado “ha tomado la decisión de conocer; porque nadie gobierna lo que no conoce”. “Con el ReNaBaP hoy sabemos que aproximadamente 5 millones de argentinos viven en la informalidad urbana, lo que representa entre el 12% y 13% de la población”, apuntó y agregó que “esto no se correlaciona exclusivamente con la pobreza sino también con la falta de crédito, porque no hay hábitat de calidad sin crédito”.

“Desde 1975 la Argentina liquidó el mecanismo masivo que tenía disponible de acceso al hábitat popular formal que era el loteo”, recordó el bonaerense, y observó que al país le “ha ido mal” en esta materia desde esa fecha “porque careció de un abordaje complejo sobre el tema. El problema de la vivienda no se resuelve haciendo casas. El Gobierno con esa visión corrió de atrás un problema complejo, generó burocracia, deterioró las ciudades y habilitó negocios concentrados”.

Según el ReNaBaP, la mitad de los barrios de la Argentina se constituyeron entre el siglo anterior y este siglo. Es un proceso que se está agravando y Argentina necesita reconstruir el tejido social”, añadió el legislador. 

Desde la bancada oficialista, Federico Fagioli enfatizó que la ley se sancionó en 2018 “gracias a la lucha incansable de los vecinos y vecinas de los barrios populares que logramos que en el 2016 se visibilice la problemática de tierra, de vivienda, que hay en Argentina”. Habitante de un barrio popular, el diputado relató lo que es “empezar viviendo en una casa de nylon, después de machimbre con cartón, y hoy por suerte tengo la posibilidad de vivir en mejores condiciones porque mi barrio fue progresando”. En ese sentido, llamó a reflexionar sobre “el sacrificio que viven las familias que viven absolutamente excluidas de todo”. 

Y dijo el militante del Frente Patria Grande que destacaba el accionar de los vecinos de los barrios populares, porque si no “pareciera que las políticas surgen de tres o cuatro iluminados, y esta política surgió del pueblo, de los vecinos, de los compañeros militantes que le pusieron el cuerpo”. Además, en su discurso, pidió “seguir generando normativas cada vez más serias que nos permitan seguir llevando adelante este tipo de políticas” que tienden a “construir Estado presente” y “resolver las deudas internas que tenemos en nuestro país”. 

También desde el Frente de Todos, Daniel Arroyo sostuvo que “la cara más fuerte de la desigualdad es la vivienda, es el hábitat, cómo uno vive y qué tiene en sus barrios”, y comentó que “en el país hay 5 millones de personas que viven en 5 mil barrios que no tienen lo mínimo para poder desarrollarse”.

En ese sentido, recordó que en el 2018 se votó una ley que generó una política de registro nacional de barrios populares que “empezó a modificar la situación”, y opinó: “Vamos camino a tener una segunda política de Estado en el país. La primera es la AUH y la segunda es el registro de barrios populares, que no es otra cosa que urbanizar, abrir calles, tener infraestructuras básicas”.

Por el bloque Pro, Silvia Lospennato consideró que “es una ley que poco a poco va convirtiéndose en una política de Estado, de esas que nos faltan muchísimas en la Argentina”. Al mencionar que comenzó y fue sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, la diputada reconoció que “fue continuada y mejorada en el gobierno de Alberto Fernández”. 

La macrista subrayó que algunos de los barrios registrados tienen “más de 40 años de existencia; vaya si toda la política tiene que hacerse cargo de haber fallado durante muchas décadas en darles una oportunidad a quienes les tocó habitar estos barrios populares”. 

Al marcar que de 4.400 que se registraron en 2018, ahora se pasan a 5.687, Lospennato indicó que para urbanizar todos ellos “vamos a necesitar al menos 20 años”. “Implica que muchos gobiernos van a pasar y necesitamos que ninguno abandone el deseo que estamos expresando”, dijo. 

En su intervención, el presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, adelantó el voto positivo de su espacio, pero reflexionó: “Estas políticas de Estado hay que reivindicarlas porque se muestran tales cuando hay continuidad, cuando resisten incluso las necedades de algunos que pretenden cuestionarlas, cuando muestran su fortaleza en resolver algunos de los problemas, en este caso de tantos millones de argentinos que padecen la situación de pobreza e indignidad”.

“Me llama la atención que no se diga que las políticas de Estado nos habilitan los verdaderos espíritus y que no se diga que la última política de Estado que tuvo el país de viviendas populares fue en esos 10 años de felicidad que ejerció el peronismo como gobierno conducido por Perón”, destacó el cordobés y remató: “No hay que subsidiar eternamente el desempleo, hay que subsidiar el empleo, hay que crear trabajo, para que esos barrios tengan la posibilidad de construcción y ampliación y para eso necesitamos crecer políticamente”.

A su turno, la diputada del Frente de Izquierda-PO Romina Del Plá aclaró que votaría a favor, como en 2018, por el punto relacionado a “la prohibición o suspensión de los desalojos”, la cual consideró “una medida muy concreta, de aplicación directa e inmediata en favor de las familias que habitan estos barrios y en forma sistemática están asoladas por estas amenazas”. 

En esa línea, criticó la “hipocresía de los dos bloques mayoritarios que se la pasan desalojando barrios populares; no hay distinción”. En su discurso, la bonaerense alertó que “hay un déficit habitacional de cuatro millones de viviendas, y sigue creciendo” porque “es ínfimo lo que se destina a la construcción de viviendas populares”. Incluso, en esta ley, “no se termina de definir con precisión cuáles son los recursos que se van a asignar”. 

Durante la discusión, la macrista Victoria Morales Gorleri ponderó: “Estamos votando una ley que vino a hacer un cambio de paradigma, que vino a levantar a aquellos excluidos que hacía décadas que no escuchábamos”. Asimismo, destacó que la ley del ReNaBaP surgió de los movimientos sociales que se “acercaron al Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri”.

“Esto surgió de algo que hoy parece perdido, que es la esperanza del pueblo. A esas personas durante décadas se las había mirado de reojo, y encontraron la esperanza por su lucha, por su reclamo, y encontraron una respuesta”, observó, e insistió que “esta ley es un cambio de mirada que viene a decir que no importa dónde naciste, todos tenemos que tener igualdad de oportunidades”. Por último, celebró el proyecto porque “nos está atravesando como gobiernos como una verdadera política de Estado que propone techo, tierra y trabajo”.

Del otro lado del recinto, el oficialista Juan Carlos Alderete manifestó que para “entender” porque se está discutiendo esta ley “hay que reconocer la tremenda crisis habitacional que vive nuestro país, principal razón por la que crecen las ocupaciones de tierra”. “Un cuarto de los habitantes de nuestro país no es dueño del hogar que habita y más de 1.400.000 personas sufren hacinamientos críticos, con más de tres personas por cuarto”, además de que hay “millones que no cuentan con acceso a los servicios” básicos, enumeró. 

El líder de la Corriente Clasista y Combativa remarcó que en los últimos 35 años “no hubo una política habitacional que dé solución a este grave problema”, ante lo cual la gente se ve “empujada, ante la falta de oportunidades, a tomar las tierras para mejorar su situación”, reiteró. Y a continuación mencionó que él proviene del barrio Elena, en Gregorio de Laferrere, La Matanza, que “nació de una ocupación y por la lucha de mis vecinos y vecinas hoy es un barrio y no un asentamiento o villa miseria”. “A nadie le gusta ir a tomar un terreno, pero las desigualdades sociales y económicas son tan grandes que muchas veces no se encuentra otro camino”, completó. 

Más adelante, la radical Soledad Carrizo celebró el acuerdo que “se da en un contexto donde las discrepancias y polarizaciones extremas pululan”, y consideró que “estamos en el recinto llegando a un acuerdo que justamente no es transitorio y esto tiene aún más valor. El valor de la continuidad de una política pública de una gestión a otra”.

“Esta ley va a cumplir cuatro años y ha sido fundamental y trascendental para el cambio y la transformación para quienes viven en los barrios populares”, resaltó la cordobesa, al tiempo que valoró los “beneficios y la ampliación de oportunidades, de derechos, de integración económica y social del proyecto”.

A su vez, advirtió: “No podemos mirar para un costado en un contexto donde tenemos una inflación que quizás a fin de año llegue a tres dígitos, donde tenemos 37% de argentinos bajo la línea de la pobreza, donde tenemos una crisis habitacional crítica”.

En el tramo final del debate, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro aseveró que la iniciativa “es una prueba cabal de que la integración socio-urbana debe convertirse en una política de Estado en nuestro país, sostenerse en el tiempo y estar exenta de cualquier mezquindad o coyuntura política”. 

Al destacar que esta ley “tuvo como premisa fundamental garantizar derechos humanos básicos”, también resaltó que se apuntó a “la igualdad real de oportunidades. Igualdad entendida como no sometimiento”. En 2018, esta norma fue “un acuerdo pocas veces visto en este Congreso” y “un hecho trascendente que tuvo el apoyo de distintos sectores de nuestra sociedad”, dijo. “Cuando una persona tiene techo, domicilio, tiene identidad, ciudadanía”, agregó.

Fue la diputada oficialista Natalia Zaracho la encargada de cerrar el debate, agradeciendo a sus pares por “estar tratando esta ley que es muy importante” porque “sabemos lo que significan estos cambios en los barrios populares”.

En esa línea, celebró el desarrollo del debate en las comisiones para arribar a un proyecto para “poder pensar en estas políticas públicas que hace tiempo vienen avanzando”, y contó: “Fue muy importante para nosotros ese proceso cuando se pensó el relevamiento, el ReNaBaP. Allá por el 2016 a mí me tocó relevar en Villa Fiorito y era muy difícil porque se hacía a través de un celular y había mucha estigmatización de cómo se iba a hacer eso y quién lo iba a hacer, de que no iba funcionar porque se iban a robar los celulares, pero la verdad es que fue muy importante porque tener los números concretos para llevar una política pública que transforme la vida de los vecinos”.

 “Eso nos permitió relevar más de 4.016 barrios populares, poder avanzar en la unidad con la ley del 2018 que también permitió que se suspendan los desalojos, pero lo más importante fue conseguir el certificado de vivienda”, relató Zaracho, al tiempo que mostró su certificado de vivienda familiar, tras lo cual el recinto se inundó de un fuerte aplauso.

Por último, la oficialista señaló que “es un compromiso colectivo y tenemos que ver las políticas para ayudar al pueblo y que pueda vivir mejor. Tenemos muchas diferencias políticas, pero cuando ponemos por delante el sufrimiento el pueblo salen cosas importantes y podemos trabajar en cosas concretas”.