La norma aprobada por 223 votos introduce modificaciones a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica (Ley N°23.877), con el fin de robustecer el régimen fiscal destinado a las pequeñas y medianas empresas centradas en la investigación científico-tecnológica.
La Cámara de Diputados aprobó en la sesión de este miércoles el proyecto de ley que incorpora modificaciones a la Ley N°23.877 -o Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica-, orientadas a potenciar los créditos fiscales que la norma destina a pequeñas y medianas empresas vinculadas a la investigación, el desarrollo y la innovación científico-tecnológica.
Este proyecto considerado a priori como uno de los pilares de nuestro sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, recibió el aval de los diputados por 223 votos a favor y 3 negativos que corresponde a los diputados del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.
Según establece la iniciativa, se vuelve a un crédito fiscal del 50 por ciento; a que la Autoridad de Aplicación sea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que a su vez hará un seguimiento y un informe anual. Asimismo, se vuelven un abanico los impuestos nacionales que pueden ser utilizados para este crédito fiscal (ya que en el 2017 eran solamente los impuestos a las ganancias), y se incorpora la segmentación por empresas; porque no es lo mismo las pymes que las grandes empresas, y esto permitirá aumentar los posibles beneficiarios, y potenciar los perfiles de utilización del crédito.
La palabra de los diputados
Como miembro informante abrió el tratamiento del tema el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Carlos Heller, quien destacó el consenso que se logró con la Comisión de Ciencia y Tecnología para “un tema tan trascendente para que el país pueda seguir desarrollando una cuestión que es fundamental que es la cuestión tecnológica para poder acortar la brecha que nos separa de los países centrales y desarrollados”.
Respecto al proyecto, señaló que “se propone efectuar una serie de sustituciones a la Ley 23.877 y a su modificatoria la Ley de 27.430 sancionada en el 2017. Se considera, por ejemplo, que el límite del 10% de los gastos elegibles realizados en investigaciones y desarrollo contemplado para el pago de impuestos nacionales de la ley modificatoria resulta claramente bajo e inferior a lo previsto por el resto de los países de la región de América Latina”.
Sobre las modificaciones que se proponen, Heller explicó que “implicarán un mejoramiento del marco legal que tendrá incidencia especial para las PyMes”. “La Ley 27.430 limitó de manera notable el desarrollo del instrumento del tema de crédito fiscal para la promoción de la investigación y desarrollo. Impuso condiciones para su acceso que acotaron el universo de actores que podían acreditar esas acciones y desmantelaron los esquemas de supervisión y orientación que requieren estas políticas públicas”.
“El instrumento de crédito fiscal prácticamente no se pudo implementar en todos estos años de 2018,2019,2020 y 2021 lo que marca la necesidad de avanzar en estos cambios”, manifestó Heller.
Y continuó con las modificaciones que se proponen: “La disminución del porcentaje y certificado de crédito fiscal que pasó del 50% al 10 de la 23.877 a la Ley 27.430 con un tope de 5 millones de pesos que, hablando en términos de desarrollo, uno piensa que es un tope bajo cuando se habla de proyectos de investigación”.
“El objetivo del proyecto puesto a consideración es que reactivemos este instrumento de crédito fiscal para los proyectos tecnológicos de inversión, promoción, desarrollo e innovación modificación destinatarios, la ecuación entre cantidad de beneficiaros y el apoyo, fortaleciendo el alcance de la ley para los distintos proyectos de innovación”, explayó el oficialista,
A su vez, sostuvo: “Estamos propiciando un proyecto que premie a las PyMes por sobre las empresas más grandes, que recuperar el análisis de los proyectos y reconozca como crédito fiscal para ser aplicado al pago del impuesto a la ganancia e impuesto al valor agregado el 50% de lo que se invierta en los gastos elegibles realizados en investigación, desarrollo, innovación y modernización tecnológica”.
“El proyecto también nos propone recuperar para el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación la calidad de autoridad de aplicación, dotar a la Agencia Nacional de Promoción de Investigación el desarrollo tecnológico y la innovación de responsabilidades y herramientas específicas para otorgar los beneficios fiscales a presentar ante la AFIP”.
Por último, Heller explicitó los cambios introducidos: “En el artículo 1 las MyPyMes podrán obtener un certificado de crédito fiscal del 80% de los gastos elegibles realizados. Una segunda presentación les permitirá obtener un certificado de hasta el 65% y a partir de la tercera el beneficio será del 50%. Para las grandes empresas pretende una disminución, un 65% en la primera presentación y 50% en las siguientes. Los certificados de crédito fiscal podrán ser utilizados por sus beneficiarios para la cancelación de impuestos a las ganancias, impuesto al valor agregado, por el término de hasta 2 años”.
A su turno el titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el radical Facundo Manes, remarcó que la ley “es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema nacional de ciencia, tecnología e investigación”. Además, recordó que la ley fue sancionada hace 32 años por lo que “las modificaciones tratadas son necesarias que constituyen solo una parte de las mejoras que requiere nuestro sistema institucional de investigación e innovación”.
Sobre las principales modificaciones, Manes explicó: “Se aumenta el monto del crédito fiscal al 50% de la inversión del I+D y pudiendo alcanzar el 80% para microPyMes en su primera solicitud. Comparado del 10% vigente, estos nuevos valores están más en línea con los que se aplican en otros países incluso de la región”.
“Los beneficios no están destinados a empresas o sectores, sino a proyectos de investigación y desarrollo e innovación”, aclaró y precisó que “se contemplan una serie de exclusiones como las actividades de autodesarrollo definidas como la Ley de Promoción de Economía del Conocimiento”.
Y siguió: “Las modificaciones incluyen en los gastos elegibles los referidos a series cortas de producción que es un paso clave, muy importante en el proceso de desarrollo antes de alcanzar la producción a escala”.
“Para hacer un seguimiento y una mejora continua de este tipo de incentivos se incluye la obligatoriedad de presentar al Congreso de la Nación un informe anual sobre los beneficios otorgados para evaluar la eficacia de los instrumentos”, resaltó Manes y cerró: “Las modificaciones a esta ley son lo que deberían ser una política de Estado. La falta de una estrategia nacional competitiva en materia científico-tecnológica es una de las causas de los problemas sociales y económicas porque vivimos en una cuarta revolución tecnológica”.
El titular del bloque oficialista, Germán Martínez, analizó que “el horizonte para debatir este tipo de temas debe ser positivo y poner lo que cada uno tiene para que cada una de las leyes que planteamos en el recinto solucionen y transformen realidades”.
“No me cierra mucho la idea de política de Estado porque se habal de esta Ley de 1990 como un punto de partida de una Argentina muy distinta a la actual y desde ese tiempo hasta acá hubo vaivenes donde hubo por momentos una ciencia y tecnología fortalecida con presupuestos que la incentivaban, y momentos donde eso no pasaba. hay que ver toda la historia”, indicó.
Y finalizó el santafesino: “En estos temas de ciencia y tecnología, nos permite que haya un claro camino de mejora que se vio en la presentación del ministro Daniel Filmus cuando explicó el presupuesto”.
Por el bloque Avanza Libertad se expresó el diputado José Luis Espert quien destacó la ley porque “es importante para el fomento de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica tenga un aggiornamento”.
“El límite establecido por la actual ley es muy bajo del 10%. La región está varias veces arriba de ese límite y es adecuado ir en ese sentido”, precisó Espert, pero consideró que “debería establecerse un límite plano para todas las deducciones o para la emisión de certificado de crédito fiscal. Un plazo de dos años me parece razonable, pero falta mucho hacer para ayudar reamente a las PyMes”.
Cerró el debate la diputada de izquierda Romina Del Plá quien expresó irónica: “Algún distraído capaz piensa que se está votando algún verdadero incentivo al desarrollo científico y tecnológico”, y aclaró: “Lo que se está votando es un subsidio a la gran capital, una extensión impositiva y nuevo aumento a gastos tributarios”.
“Se exime entre un 60 y 80% de crédito fiscal a las empresas que acrediten que están haciendo alguna innovación, como ya sabemos que en este país ciertas cosas no se verifican demasiado, y el fraude fiscal es lo más votado en el país, en realidad se está votando un subsidio al gran capital”, criticó y remató: “Estamos a favor de los avances y la innovación tecnológica, pero no de la apropiación privada que se hace”.
