Por Melisa Jofré

En una sala semivacía del segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja, pero con un tono armónico en la discusión, los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda avanzaron en el análisis del proyecto de Presupuesto 2023, que se apunta a dictaminar la próxima semana.

En el encuentro, de alrededor de tres horas, voces del oficialismo y la oposición se explayaron sobre las modificaciones que consideran deben hacerse a la iniciativa. De los puntos más recurrentes surgieron reclamos de aumento para las partidas destinadas a los subsidios al transporte del interior y las universidades nacionales. 

Hacia el final, se ratificó que la Comisión trabajará los días martes, miércoles y jueves que viene, con la salvedad de que, si se convoca a una sesión, se harán dos reuniones y no tres. El presidente del oficialismo, Germán Martínez, aclaró que la firma del dictamen podría ser tanto miércoles como jueves, dependiendo de la agenda y de cómo avance el debate. 

Aunque días atrás, ante la abundante participación de invitados, Martínez dejó trascender su intención de adelantar una semana el tratamiento en el recinto, esa idea no fue bien recibida por la oposición y, finalmente, se mantendrá el cronograma que había sido establecido por los jefes de bloques con la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau.

De esta manera, se estima que la “ley de leyes” se debata en sesión la última semana de octubre. El tema se tocó este miércoles durante la reunión de Labor Parlamentaria, previa a la sesión que se realizó, donde Juntos por el Cambio puso sobre la mesa una propuesta del radical Julio Cobos para que la sesión por el Presupuesto 2023 se realice en dos días, es decir, que por la madrugada no haya debate, y que sea el 25 y 26. El Frente de Todos todavía no confirmó si acepta.

Debate de los diputados

En voz del oficialismo, arrancó la ronda de oradores el entrerriano Marcelo Casaretto, quien destacó que la Ley de Presupuesto es "la más importante que trata el Congreso" cada año y "desde el Frente de Todos vamos a impulsar la aprobación, situación que no ocurrió el año pasado y obligó que la administración tuviera que conducirse por decreto. En esta ocasión esperamos que tenga un trámite favorable", expresó. 

El diputado resaltó que "todos los funcionarios que fueron requeridos estuvieron presentes" y se dio una "amplia descripción del Presupuesto" con esas exposiciones, las cuales consideró “no tienen antecedentes”. 

En un amplio repaso de la situación económica desde la llegada del Gobierno, el oficialista recordó: “Asumimos un Gobierno en 2019 con una situación complicada y muchos desafíos por delante”. En su exposición mencionó entonces la renegociación de la deuda externa, la aparición de la pandemia -que agudizó la caída- y la guerra entre Rusia y Ucrania; para luego detallar indicadores de recuperación y crecimiento del año pasado y éste. 

Casaretto aseguró que este Presupuesto “establece una recuperación del salario real de los trabajadores”. “Algunos pueden decir que es limitado, pero también plantea una baja de la inflación de más del 90% al 60%”, argumentó y sumó que “al bajar la inflación tendría un impacto positivo” en la fórmula de movilidad jubilatoria. “Es un Presupuesto que sostiene el crecimiento por tres años consecutivos. Este no es un Presupuesto de ajuste, sino que busca el empleo, el crecimiento y la distribución de ingresos”, completó. 

Luego habló el camporista Marcos Cleri, quien comenzó ponderando los presupuestos durante los años del kirchnerismo, y diferenciándolos de los enviados durante la gestión de Mauricio Macri, al considerar que esos proyectos “volvieron a tener prácticas que eran muy parecidas a las del año 2000, 2001. No solo siempre había un proyecto de ajuste, sino que no contemplaba una mirada integral de proyecto de país”. 

Tras remarcar que esta iniciativa plantea inversiones importantes en materia de educación y ciencia y tecnología, el santafesino sostuvo que “un Presupuesto tiene que tener una mirada federal y siempre es perfectible”. En ese sentido, advirtió que a este proyecto se necesita “hacerle algunas correcciones” y explicó su propuesta para que se aumenten los fondos destinados a las dos principales ciudades de su provincia. 

Así, Cleri reclamó que se actualice el Fondo de Emergencia Social para la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe en 13 mil millones de pesos, al tiempo que se establezcan asignaciones específicas, de modo que esos recursos sean destinados a seguridad, salud, educación, transporte y servicios públicos, y no puedan ser utilizados para gastos corrientes. 

Desde Juntos por el Cambio el primero en hablar fue el radical Víctor Hugo Romero, quien observó que “en términos generales en este Presupuesto se mantiene la falta de un programa económico”, además de que “plantea una reducción de una inflación del 95% al 60%” pero “no hay pautas claras de qué manera se reduce”. “Estamos asistiendo a múltiples tipos de cambio que marcan una distorsión de esta herramienta que se utilizó hasta ahora”, analizó y añadió que “uno de los problemas graves que vemos, y hay que atenderlo, es la sostenibilidad de la deuda interna”. 

En una detallada enumeración de los artículos que proponen modificar desde su bancada, el cordobés se refirió a un incremento para las partidas de las universidades nacionales; que se contemple la distribución del Fondo Educativo para los municipios; que se aumente el monto destinado a la Ley de Bosques Nativos; y que se elimine Atucha III de la toma de crédito público, pues la secretaria de Energía, Flavia Royón, informó que “no se va a construir”. 

Asimismo, el secretario de la comisión apuntó que comparte la visión del artículo 53 sobre condonación de deudas a municipios, pero solicitó tener una lista detallada. Luego reclamó que es un “número bajo” el que se destina al Fondo de Asistencia para el Transporte del Interior (en 66 mil millones de pesos) y pidió “mejorar el monto”. También se refirió a las cifras destinadas para la provincia de La Rioja; solicitó que se justifiquen los motivos de la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria, previsto en el artículo 87; e hizo observaciones sobre los artículos referidos a regularización de deudas de CAMMESA y las facultades al Ejecutivo sobre el tema de retenciones. 

Por su parte, la diputada del FIT-PO Romina Del Plá se refirió a la partida por $752.482.394.720 para las universidades nacionales y advirtió que, aún si se cumpliera la cifra del 60% de inflación, “la transferencia a las universidades crece de 2022 a 2023 en un 54%”. “En los últimos años no se resuelve de manera satisfactoria el presupuesto universitario”, dijo y, por otro lado, reclamó que “en lugar de avanzar en una reducción de exenciones impositivas a distintos sectores empresarios, se ha reforzado el porcentaje y volumen de los gastos tributarios” con “subsidios a los sectores patronales”. 

Al responderle a su comprovinciano Romero, el oficialista Eduardo Fernández remarcó que “ha habido una reunión del ministro de Economía con los rectores de universidades” y que incluso “dentro del Ministerio de Educación hubo un acuerdo sobre la razonabilidad de este presupuesto”, pero que “lo podemos ver”. También coincidió en incrementar los fondos para la Ley de Bosques, ya que “los fundamentos de los diputados de todas las provincias” coinciden “con los del ministro de Ambiente (Juan Cabandié) sobre la gravedad de la situación ambiental” y, en ese marco, ese presupuesto “no está adecuado, es insuficiente”. 

También desde el Frente de Todos, el legislador Sergio Casas se refirió a los subsidios al transporte del interior: “No voy en contra de los de Buenos Aires ni de los que viven en la Capital Federal, al contrario, quiero que se equiparen para arriba los subsidios al transporte y energía. Pero si vivimos en un país federal tenemos que tener la visión de políticas activas para corregir asimetrías”. Además, sobre los recursos para La Rioja, afirmó que esa transferencia “no es extra” sino “una compensación” porque “en el año ‘88 (su provincia) quedó relegada respecto a la coparticipación”. 

En una extensa intervención, el vicepresidente de la comisión, el macrista Luciano Laspina, valoró la "atinada forma en que el Gobierno este año ha presentado el diagnóstico de situación", de un modo "más realista", y opinó que es "el primero" de "los presupuestos del kirchnerismo" que "presenta un recorte en el gasto público".

Gasto público que "en los últimos 20 años en Argentina se duplicó, pasó de 24 puntos del producto a 42" y "eso fundió al sector privado", además de que "se financió con déficit y deuda", apuntó el santafesino, y agregó que con "un aumento brutal de los impuestos, sobre todo de los peores, que son los distorsivos, como retenciones e Ingresos Brutos".

"Celebro que haya un reconocimiento de que este nivel de gasto público es insostenible", insistió el legislador y sostuvo: "Desde el primer momento hemos tenido una actitud constructiva con este Presupuesto, no porque estemos de acuerdo con la política económica, no porque creamos que es una panacea, sino porque creemos que hay un cambio histórico, que el kirchnerismo está protagonizando un cambio histórico en su forma de interpretar los problemas".

En su discurso, el opositor habló de un "ajuste de 1,2 del PIB" en este proyecto, del cual se diferenció en las "prioridades". "Hubiese querido más austeridad en otros programas de gasto, como por ejemplo 27 mil millones en el Previaje", lanzó y también consideró que hay que "recortar un montón de privilegios que hay en el Estado y en el sistema previsional".

Al expresar que la cifra de inflación del 60% "es inverosímil", aclaró que "tampoco le podemos exigir al ministro (Sergio) Massa que venga y diga ‘estoy esperando una inflación de 120%’". Y sumó que el proyecto "vino con un crecimiento austero", del 2%.

"Nosotros como oposición queremos que el Gobierno tenga la herramienta del Presupuesto, entre otras cosas porque hay que aprobar obras públicas nuevas que se necesitan", afirmó. Sin embargo, dijo que también necesitan "garantías" para que "no se le deje una bomba de tiempo fiscal al próximo gobierno".

En esa línea, se refirió a la propuesta que hiciera Margarita Stolbizer durante la presentación de Massa, para que se incluya "una suerte de cláusula gatillo para que si los recursos fiscales llegan al tope previsto en el Presupuesto, el Poder Ejecutivo deba enviar una ampliación del Presupuesto". Y él solicitó, además, "una cláusula que explicite que los gastos que fueron devengados en 2023, pero no cancelados, puedan ser cancelados con bonos del Tesoro, a 2033 por ejemplo".

Finalmente, Laspina sostuvo que debería establecerse por ley "el congelamiento de personal en todos los niveles del Estado y todas las empresas públicas, incluyendo los contratos de monotributo". Al tiempo que anunció el voto en contra del artículo de las retenciones; e indicó que los artículos 71 y 72 referidos al blanqueo "merecen una discusión aparte".

Otro de los oradores del debate fue el oficialista Roberto Mirabella, quien destacó que "la inversión directa de la Nación" a su provincia, Santa Fe, "aumenta casi un 400% y esto es un dato sumamente significativo". En consonancia con otros de sus partes, señaló que en cuanto a los subsidios al transporte "las asimetrías se han agudizado no es que se han achicado" y adelantó su propuesta "no para aumentar" los recursos del Fondo Compensador, sino "para cambiar el criterio de distribución" en función de las unidades computables, los agentes computables y kilómetros recorridos. "Queremos un Fondo Compensador del Transporte que sea equitativo, justo y transparente para toda la Argentina", cerró.

En cuanto a la educación, la diputada de Evolución Radical Danya Tavela mencionó que hay un caída de 12,2% en términos reales para las universidades nacional y del 0,5% para la cartera de conduce Jaime Perczyk. "Las becas son disminuidas en un 23,6%", alertó y añadió que "el 14,23% de los fondos universitarios quedan de manejo discrecional para el Ministerio". Entre varios pedidos, la legisladora propuso incorporar una deducción en Ganancias hasta el 40% para los gastos educativos.

Al cierre de la reunión, el presidente de la comisión, Carlos Heller, se mostró satisfecho por el tono del encuentro y, respecto de los pedidos de modificación, expresó: "Si yo agarro todas las cosas que se piden, aisladas, en general tiendo a coincidir en que son todas justas. Pero cuando las sumamos, no da. Y ahí entramos en una complejidad que todos y todas deberíamos hacer el esfuerzo a la hora de las cosas que vamos a acordar".

"Es complejo pedir bajar impuestos, achicar el déficit fiscal y aumentar subsidios. Generalmente la cuenta no da", explicó, por lo que pidió hacer "un enorme esfuerzo de racionalidad en nuestro debate".

También, el porteño analizó que "los escenarios cambiantes" internacionales "nos van a influir más allá de cualquier decisión que nosotros tomemos", al tiempo que "tenemos que tratar de que el Presupuesto termine ajustándose a las pautas" que hay acordadas con el FMI.