Su integración figuraba en la Constitución de 1853, pero tardó una década la puesta en vigencia del primer tribunal superior. Cuál fue la variación de su composición con el correr de los años y cuándo y en qué circunstancias se llegó a su número más alto.
Por José Angel Di Mauro
Con el objetivo de modificar una Corte Suprema de Justicia de la que se ha distanciado definitivamente, el kirchnerismo apeló una vez más al Senado de la Nación como punto de partida para un cambio dirigido al Poder Judicial. Con la convicción además de que esa iniciativa tiene muy pocas posibilidades de prosperar en la otra Cámara, donde han quedado guardadas sucesivamente las media sanciones de la reforma de la Justicia Federal; la reforma del Ministerio Público, y la del Consejo de la Magistratura.
Más allá de eso, a nadie escapó el dato de que se buscaba dar una señal dirigida al Tribunal Supremo de la Nación, pues al día siguiente la titular del Senado expondría precisamente desde las oficinas de esa Cámara en el juicio oral que se sigue por la denominada “causa Vialidad”, donde ella aparece como la principal imputada.
En rigor, el oficialismo había intentado llevar al recinto el tema semanas atrás, pero había chocado con rechazos clave que imposibilitaban llegar al número necesario para la aprobación. Los senadores Adolfo Rodríguez Saá y Alberto Weretilneck se mostraban renuentes a aprobar la ampliación de la Corte al número de 25 miembros, como proponía el proyecto auspiciado por gobernadores oficialistas, siendo que ellos habían promovido proyectos propios donde coincidían en la necesidad de elevar el número, más no de tal manera.
Finalmente primó en el oficialismo la convicción de avanzar como fuera con la ampliación, así fuera dejando de lado ese número extremo, y la cuestión se destrabó. Dándole eso sí argumentos a una oposición que no dejó pasar ese dato, planteando la “inconsistencia” de tal iniciativa del Frente de Todos al avanzar en un santiamén en el cambio del número.
Así las cosas y luego de un debate caliente de más de siete horas, el kirchnerismo se alzó con la media sanción para ampliar la Corte Suprema de Justicia a 15 miembros, con un resultado de votación más exiguo que el habitual para el Frente de Todos: 36 votos a favor y 33, en contra, uno de ellos de una oficialista.
En efecto, se pasó de esos 25 a 15 integrantes, contemplando una composición federal y el respeto de la paridad de género. Sin embargo, aunque consiguió votos clave, eso valió el rechazo de una senadora del bloque Unidad Ciudadana: la puntana María Eugenia Catalfamo, del riñón del gobernador Alberto Rodríguez Saá, uno de los que pujaba más fuerte por el máximo tribunal de 25, a contramano una vez más a las ideas de su hermano.
Más allá de este hecho puntual que termine como termine quedará en la historia, recurriremos a ella para conocer cuántas veces se intentó modificar el número de integrantes del Tribunal Supremo y en qué circunstancias se dio esa alternativa.
Nos remontaremos al inicio de la historia constitucional de nuestro país, precisamente a cuando se aprobó la Constitución de 1853, que estableció que la Corte Suprema tuviera 9 miembros. El presidente Justo José de Urquiza designó para esa primera Corte a Gabriel Ocampo, José Roque Funes, Francisco Delgado, Martín Zapata, Facundo Zuviría, Bernabé López, José Benito Graña, Nicanor Molinas y Baldomero García.
Esa Corte nunca logró constituirse y entonces por decreto Urquiza designó el 27 de octubre de 1854 una Cámara de Justicia provisoria que actuara como tribunal supremo. Tenía 5 integrantes.
La integraron los ya citados Funes, Graña y Molinas, pero cómo no reunían la mayoría, Urquiza designó a dos abogados más: Baltazar Sánchez y Mariano Lucero, para que se desempeñaran mientras no asumieran los jueces designados.
En 1860, la Constitución original experimentó su primera reforma, eliminándose la cantidad fija de 9 miembros del Tribunal Superior, y facultando al Congreso a partir de entonces la posibilidad de fijar el número de componentes del mismo.
El 13 de octubre de 1862 el Congreso sancionó la Ley Nº 27, organizando el Poder Judicial, estableciendo que la Corte Suprema debía estar integrada por 5 jueces. Fueron entonces los primeros cortesanos Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, Francisco Delgado, José Barros Pazos y Valentín Alsina.
Sin embargo esa Corte no pudo estar completa, pues Valentín Alsina no aceptó la designación. Por eso la primera Corte Suprema formalmente constituida empezó a funcionar con cuatro miembros.
Lo hizo finalmente a partir del 11 de octubre de 1863, diez años después de sancionada la Constitución original. El quinto miembro fue Benjamín Gorostiaga, designado en junio de 1865.
Vale como dato que el presidente de la Nación se atribuía la facultad de designar al presidente de la Corte. Así se hizo hasta 1930, cuando el dictador José Félix Uriburu estableció que esa potestad sería en adelante ejercida por los miembros del tribunal.
Se dispuso también que la presidencia fuera vitalicia, hasta la muerte o cese del presidente, práctica que se mantuvo hasta 1976, cuando el Proceso de Reorganización Nacional dispuso que el cargo de presidente del máximo tribunal tendría una duración de tres años, con reelección ilimitada.
En 1960, a instancias de Arturo Frondizi el Congreso sancionó una ley que amplió a 7 el número de integrantes de la Corte.
Tras el golpe contra Arturo Illia, el general Juan Carlos Onganía disolvió la Corte y designó una nueva, esta vez con 5 integrantes.
Con la vuelta a la democracia, en 1983, Raúl Alfonsín designó una nueva Corte Suprema de Justicia, pues los cinco miembros habían renunciado. Algo que solo habían hecho dos presidentes constitucionales hasta entonces: Arturo Frondizi en 1958 y Héctor J. Cámpora en 1973. Con acuerdo de un Senado mayoritariamente peronista, fueron designados Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, José Severo Caballero y Genaro Carrió. Este último renunció en 1985 y lo reemplazó Jorge Antonio Bacqué.
Al asumir el sucesor de Alfonsín, Carlos Saúl Menem cuestionó la composición de la Corte Suprema, que consideraba “alfonsinista”. Así fue que en ese mismo año, 1989, impulsó un proyecto de ley para aumentar el número de miembros del Tribunal de 5 a 9.
En septiembre de ese año la Corte Suprema rechazó ese proyecto y se produjo un conflicto de poderes que concluyó con la renuncia del juez José Severo Caballero.
Previsiblemente, el proyecto terminó siendo aprobado el 5 de abril de 1990, tras lo cual Jorge Antonio Bacqué presentó su renuncia. De ese modo, en los siguientes 4 años Menem pudo nombrar 10 jueces. Esto es, Carlos Menem fue el gobernante durante cuyo mandato más jueces de la Corte fueron designados.
Más cerca en el tiempo, en febrero de 2002, tiempos del “que se vayan todos”, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la apertura del procedimiento de juicio político contra todos los miembros de la Corte. Pero todo quedó en la nada, pues en ningún caso llegaron a los 2/3 necesarios para desplazar a nadie. Así y todo, Gustavo Bossert terminó renunciando, argumentando “hartazgo espiritual”.
En 2003 Néstor Kirchner impulsó el juicio político contra Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Eduardo Moliné O’Connor. Los tres primeros renunciaron y O’Connor fue destituido. En 2005 también fue destituido también Antonio Boggiano.
En 2006 el Gobierno impulsó una ley para volver la cantidad de jueces de la Corte a su número histórico de 5 miembros. La iniciativa fue impulsada por la entonces senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner.
Al defender su propuesta, la senadora por Santa Cruz planteó que “más que ante una autolimitación, estamos ante un hecho al que si debiera agregarle un adjetivo tendría que ser el de inédito, porque en realidad, es la primera vez en toda la historia de la República Argentina que alguien, pudiendo nombrar dos miembros de la Corte sin modificar una sola coma del ordenamiento legal vigente, renuncia a ello y retoma el camino de los cinco miembros”.
“Estoy convencida de que estamos dando un paso fundamental. El Decreto 222 (impulsado por Néstor Kirchner en 2003, estableciendo el procedimiento de designación de jueces de la Corte) es muy importante y también marcó un hito. Pero que en una Argentina donde se cambiaban las normas para ampliar la Corte, quien hoy puede designar a dos miembros, renuncie a hacerlo, reitero, es algo inédito”.
Como podemos ver, fue Cristina Fernández de Kirchner la que en 2006 impulsó la reducción del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Y es ella misma la que hoy impulsa su ampliación.
Lo cierto es que este cambio de postura no fue repentino, ni sucedió ahora con el avance del juicio por la causa Vialidad. Ya en 2016, estando en el llano, Cristina Kirchner confesó su nueva convicción.
Fue la primera vez que regresó a Buenos Aires después de dejar el poder el 9 de diciembre de 2015, citada por el juez Claudio Bonadio por la causa “dólar futuro”.
En esa oportunidad mantuvo encuentros con diputados y senadores nacionales del kirchnerismo. El 21 de abril de 2016 la ex presidenta se reunió con los senadores del PJ-FpV. Concurrieron 23 senadores y la reunión tuvo lugar en el Instituto Patria. No estuvo Miguel Pichetto, quien no había sido invitado.
Estuvieron presentes Juan Manuel Abal Medina, María Laura Leguizamón, Ana Almirón, Inés Blas, María Inés Pilatti Vergara, Nancy González, Mario Pais, Sigrid Kunath, Liliana Fellner, Hilda Aguirre, Teresita Luna, Anabel Fernández Sagasti, Sandra Giménez, Juan Manuel Irrazábal, Marcelo Fuentes, María de los Angeles Sacnun, Marina Riofrío, Ruperto Godoy, Silvina García Larraburu, Daniel Pérsico, Carlos “Camau” Espínola y las santacruceñas María Ester Labado y Virginia García, por entonces cuñada de Máximo Kirchner.
No estuvo Dalmacio Mera, quien faltó sin justificación. Por motivos personales también se ausentaron el chaqueño Eduardo Aguilar y el entrerriano Pedro Guastavino. Los formoseños José Mayans y Graciela De la Rosa se quedaron en su provincia, adonde al día siguiente llegaría el presidente Mauricio Macri para inaugurar obras hídricas. No fueron tampoco el jujeño Walter Barrionuevo, ni el misionero Salvador Cabral; ni tampoco los tucumanos José Alperovich y Beatriz Mirkin.
Por estar en Estados Unidos no acudieron Rodolfo Urtubey, ni Omar Perotti, y tampoco estuvieron junto a Cristina los fueguinos Julio Catalán Magni y José Ojeda, ni los santiagueños Gerardo Zamora y Ada Itúrrez de Capellini, que ya venían ensayando un realineamiento afín a los intereses de su provincia.
Según cuenta el libro “Gobernar en minoría”, Cristina Kirchner se ubicó en la cabecera de la mesa, flanqueada por Marcelo Fuentes y Juan Manuel Irrazábal, y de entrada hizo una pequeña introducción sobre la actualidad, para escuchar luego a cada uno de los senadores. Ella buscaba mostrarse más abierta, despojada de la distancia que imponía el cargo que ya no ocupaba. Cada uno justificó la postura que habían adoptado sobre el acuerdo con los fondos buitre, y luego criticaron puntualmente la designación en comisión de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para completar la Corte Suprema, refiriéndose a eso como “un pecado de origen” del gobierno de Macri.
Durante la charla, se habló de la necesidad de ampliar la cantidad de miembros del máximo tribunal, cosa en la que coincidió Cristina, quien hizo allí su primera autocrítica: por haber impulsado en 2006 la reducción del número de integrantes del tribunal de 9 a 5. Debió haber hecho lo contrario, dijo, e influenciada por el exintegrante de la Corte Raúl Zaffaroni, sugirió la idea de dividir a la Corte en salas especializadas.
Es lo que seis años después, a través de un Senado que le responde, intentó a través de un proyecto que no cuenta en Diputados con las chances de avanzar.
