Así lo comunicó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller. El debate se retomará este jueves a las 10 con el fin de emitir dictamen y llevarlo al recinto la próxima semana.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por el oficialista Carlos Heller, se reunió este martes para avanzar con la discusión de la letra chica del proyecto de Presupuesto 2023 y eventuales modificaciones al texto, reclamadas tanto por legisladores de la oposición como del oficialismo.
El debate se retomará este jueves a partir de las 10, en el que el Frente de Todos cuenta con la firme idea emitir dictamen, de modo que la iniciativa se pueda debatir en el recinto el próximo miércoles 26.
Eso se acordó tras una sugerencia de diputado radical Víctor Hugo Romero de hacer un cuarto intermedio hasta el jueves para que “en estos días profundizar el tema de estos distintas propuestas y modificaciones”.
El presidente de la Comisión compartió la propuesta: “Vendría bárbaro que en vez de venir mañana y estar sentado acá, podamos construir la mayor claridad de consenso y de información para que a la hora de votar sepamos claramente lo que estamos votando. Creo que va a ser productivo”.
“Trataremos de traer para el jueves una redacción de las modificaciones que se incluirán al proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo que generarán el dictamen o los dictámenes”, sostuvo Heller.
Además, por estas horas en el oficialismo estudian la propuesta planteada desde Juntos por el Cambio -más precisamente por el radical Julio Cobos– para realizar la sesión los días 25 y 26 de octubre, pasando a un cuarto intermedio por la noche del 25 para que no sea un día entero de debate.
En el último encuentro, entre los principales reclamos de la oposición surgieron pedidos de incrementos para los subsidios al transporte del interior, las universidades públicas y la Ley de Bosques Nativos.
También desde JxC advirtieron sobre el costo de CAMMESA; el artículo que faculta al Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2023 para tocar las alícuotas de derechos de exportación (retenciones) -que anticiparon si se mantiene, no lo votarán-; y pidieron incorporar una “cláusula gatillo” por inflación, es decir, para que, si los recursos previstos llegan al tope, el Gobierno tenga que enviar el año que viene una ampliación presupuestaria.
El proyecto prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo. El déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI.
En el arranque de la reunión, el presidente de la comisión, Carlos Heller, anunció que se apunta a firmar el dictamen este jueves. La semana pasada el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, había expresado que si no había sesión esta semana, quizás se podía avanzar el miércoles con el despacho.
Pero lo cierto es que las negociaciones continúan a contrarreloj no solo en la Cámara baja, sino en el Palacio de Hacienda, donde el ministro de Economía, Sergio Massa, tiene previsto reunirse con senadores oficialistas y también gobernadores en las próximas horas.
En el arranque de la reunión, los diputados Ricardo López Murphy (RU-JxC) y Carlos Heller (FdT) protagonizaron un contrapunto en torno a las Leliq y el funcionamiento del Banco Central. Y, minutos después, López Murphy también se cruzó con el misionero Héctor “Cacho” Bárbaro (FdT), quien reclamó que se contemple la cuestión del Fondo Especial del Tabaco (FET).
“Cuando fue ministro de Economía lo primero que hizo fue sacar el Fondo Especial del Tabaco”, le enrostró el oficialista al liberal, y pasó luego a detallar “lo que significa el sector tabacalero para el país”, actividad que cuenta con “23 mil familias de pequeños productores, casi 15 mil en Misiones” y que representa “100 mil fuentes de trabajo en forma directa e indirecta”.
Bárbaro subrayó que “la existencia de muchos pueblos en el interior dependen de esa producción tabacalera”, perjudicada por las retenciones, el clima y la evasión de impuestos por parte de las empresas -mediante acciones judiciales-, lo que provoca pérdidas para el FET.
En ese sentido, el misionero apuntó que el FET “perdió este año 5.711 millones”, mientras que “el Estado Nacional va a perder este año casi 80 mil millones de pesos” por no recaudar, debido a “los amparos presentados para no pagar el impuesto mínimo interno”. “Nuestra gente está sufriendo y yo no quiero ser parte de esta situación”, resaltó.
Así, mencionó el proyecto que presentó junto a pares suyos de provincias tabacaleras para “buscar alternativas” tales como “ponerle FET a los habanos, a los ricos que fuman”, o a “los Productos de Tabaco Calentado que también están viniendo”.
“Si se siguen evadiendo los impuestos en Argentina, como están evadiendo, dentro de tres o cuatro años más la inercia va a llevar a que termine el Fondo Especial del Tabaco y esta actividad en Argentina”, alertó el diputado del FdT, ante lo que López Murphy le reclamó que “no dijo qué empresas son las que no pagan”.
Molesto, el oficialista le devolvió: “Dígalo usted si usted las conoce. Usted era el que no quería el Fondo Especial del Tabaco”.
“Podríamos discutir mucho las opciones que había en marzo de 2001, pero no es este el caso”, sostuvo López Murphy y advirtió que “la corrección que está planeada ahora en este Presupuesto es mucho más grande de la de aquel momento”. “Las empresas que evaden no son las dos grandes, son las otras, entre ellas una que está en el Gran Buenos Aires sur”, expresó.
El legislador de JxC aseveró entonces que “todos sabemos que eso es imposible sin la actitud generosa del Gobierno”. “La destrucción del Fondo del Tabaco la está haciendo este Gobierno, quizás con más eficacia de la que yo había pensado, de esta manera indirecta. La pregunta que se tienen que hacer como Gobierno es por qué los organismos recaudatorios del Gobierno le permiten evadir cifras que son fenomenales”, añadió.
“Las cautelares empezaron en el gobierno de (Mauricio) Macri“, lanzó Bárbaro, pero el porteño remató: “La evasión de ahora es espectacular. Hace tres años que gobiernan, no sé si está enterado, y no lo pudieron resolver”.
A su turno,la diputada Romina Del Plá (PO/FIT-U) cuestionó que “el Presupuesto está orientado a garantizar el acuerdo con los acreedores internacionales, especialmente con el Fondo Monetario”. En esa línea, planteó que “los mismos funcionarios del Gobierno hacen declaraciones reconociendo que hay una baja del salario real, de los ingresos y de las jubilaciones, utilizando el mecanismo de la inflación como herramienta confiscatoria”, por lo que describió: “Estamos frente a un presupuesto que ratifica una política confiscatoria y de ajuste para la mayoría de los trabajadores sobre quienes recae el pago de una deuda fraudulenta”.
En su intervención, Del Plá hizo hincapié en las jubilaciones y recordó que la directora del ANSES, Fernanda Raverta, dijo “con total liviandad que la canasta básica de los jubilados era $30 mil, por lo tanto, que nadie se queje si la jubilación mínima o el ingreso es de $50 mil”.
“Como nos puso una filmina nos miramos azorados de semejante liviandad y el tono epopéyico del planteamiento. No me olvido que había un gráfico que decía que si en una casa hay dos adultos mayores que cobran la jubilación de $50 mil, que en realidad es de $43 mil más un bono, estaban un 170 por arriba del valor de la canasta básica. A varios parece que no se les movió ninguna fibra, encima hay muchos funcionarios del Gobierno que hablan como oposición”, cuestionó la diputada de izquierda.
En esa línea, manifestó que “lo de ANSES y las jubilaciones es un escándalo”, y ratificó que “este presupuesto garantiza los negocios de los bancos, de acreedores internacionales de los que reciben todo tipo de subsidios y exenciones impositivas”. Por otro lado, volvió a reclamar por los acuerdos paritarios para los docentes universitarios porque “no son satisfactorios” y la falta de presupuesto para el Fondo para las Universidades que “solo crece un 30% año tras año cuando, al margen que es una cifra en negro, es un rubro que ayuda a que se puedan cerrar acuerdos paritarios”.
En su intervención, el economista Martín Tetaz (Evolución Radical) coincidió con su predecesor López Murphy y advirtió que “hay una situación preocupante de déficit fiscal que se financia con emisión monetaria”, y pidió que tengan en cuenta “las preocupaciones que hizo el diputado porque representan un problema potencial para la Argentina”.
Sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo, planteó cuatro observaciones. El primero sobre el artículo 29 sobre la Administración Financiera que “estipula un límite a los gastos autorizados por el Congreso”, y señaló que en “la práctica habitual de este Congreso cuando subestima los ingresos fiscales, conscientemente lo hace en múltiples oportunidades, la práctica habitual es enviar una ampliación por DNU que esta un poco reñida con este artículo 29 que pone un límite claro”.
En este aspecto, Tetaz sugirió que “el presupuesto contenga una expresión clara que, de alguna manera, elimine el artículo como esta redactado y que diga claramente que cualquier gasto por encima de la autorización que plantea el Presupuesto tiene que venir a Congreso por parte de un proyecto de ampliación presupuestaria que venga por parte del Ejecutivo”.
Respecto a la segunda observación explicó: “Tiene que ver con lo que desde la oposición denominamos ‘el plan bomba’. Tiene que ver con la característica habitual del ejercicio de un gobierno kirchnerista en el último tiempo de adelantar ingresos que le corresponde al año siguiente y disponer sobre esos ingresos como hicieron como el dólar Qatar o con el Plan Gas y es algo prohibido en el artículo 33”.
“Queremos que se evite en la ley de presupuesto el adelantamiento de ingresos correspondiente al 2024 y se evite efectuar gastos que corresponda pagar a otro gobierno”, pidió.
El tercer planteo que hizo el radical fue sobre el artículo 72 del proyecto porque “prevén un blanqueo que es un premio para los que no cumplen y debe incluir un premio para los cumplidores”, y solicitó que se incluya “una cláusula que se permita la mayor deducción de gastos educativos para las familias cumplidoras. Que exista un premio a los contribuyentes que cumple”.
En último lugar, Tetaz hizo un planteo sobre el artículo 96 vinculada a las facultades extraordinarias para establecer retenciones: “Las retenciones son un pésimo impuesto porque los impuestos a las exportaciones generan un sesgo anti exportador brutal y eso hace que el país produzca menos dólares”, por lo que pidió al Ejecutivo “un compromiso de empezar a discutir un sendero para la reducción de las retenciones y de todos los impuestos a las exportaciones. Que las facultades que piden, de ninguna manera sea para elevar las retenciones en el país”.
De la vereda de enfrente, el oficialista Itaí Hagman salió a contestarle a López Murphy y a Tetaz: “Sabemos que el país tiene un déficit fiscal y estamos tratando se resolverlo y que en 2020 fue financiado a partir de la transferencia del Central Tesoro, pero no fue porque cuando asumimos tuvimos ganas de aumentar 6.6 el déficit fiscal, tuvo que ver con las condiciones concretas que fue enfrentar la pandemia”, y agregó: “Una cosa es discutir cuáles son las alternativas que tiene el Estado para financiarse y otra cosa es generar exageradamente una sensación de que la cosa está a punto de explotar”.
“Me llama la atención que, hablando justamente del problema de financiamiento del Estado, se pretendan dar lecciones porque si hubo un plan bomba o una bomba fue el Estado del financiamiento con el que se encontró el nuevo gobierno cuando asumió en diciembre del 2019 con una deuda en moneda extranjera impagable y una deuda en pesos ‘reperfilada’”, disparó Hagman y expresó: “Acá tenemos una coalición que ya habla como futuro gobierno y quieren dar lecciones respecto a qué hacer con la deuda. A lo mejor pueden aprender de su propia experiencia”.
En su alocución, el radical Ricardo Buryaile (Formosa) también hizo algunas consideraciones sobre dos puntos particulares del proyecto del Presupuesto. En primer lugar, se refirió al artículo 96 sobre las retenciones agropecuarias y señaló que “debemos trabajar sobre el mismo. Hoy está en litigio y hay algunos fallos respecto a la constitucionalidad o no del cobro de retenciones por la caída de las facultades delegadas del año pasado”, y aclaró: “Mi vocación es que se pueda abordar de forma seria y razonable este punto, tanto desde lo económico como lo legal. “No estamos dispuestos a convalidar suba de derechos de exportación, lo que queda habilitado en ese artículo”, adelantó.
Buryaile también habló sobre la distribución de los fondos universitarios que contempla el artículo 12 e insistió que “con los fondos de la Universidad Nacional de Formosa, que es la única que cae drásticamente en su participación en el presupuesto nacional. Del 0,75 % del presupuesto total pasa al 0,61 %”.
“No hay ninguna universidad que haya caído más de un 35 % en su presupuesto, no tienen cómo cubrir el funcionamiento o el pago de sueldos. Si se toma un promedio de cuánto fue el ajuste 2021/2023 en la proyección, fue de aproximadamente 238 % el ajuste de la partida presupuestaria, mientras que la Universidad Nacional de Formosa tiene el 171 %”, reclamó.
La diputada santafesina Germana Figueroa Casas (Pro) se sumó a las críticas al proyecto porque “más de 50 artículos no cumple con el principio de exclusividad que tendría que tener el presupuesto. No cumplen con el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera”.
“Hay blanqueos como incentivos a la construcción o a las importaciones. Sería conveniente tratarlos en un paquete aparte, pero van en contra del cumplimiento del que paga siempre”, señaló y reflexionó: “Tenemos que tomar conciencia de eso y pensar si el problema no esta en la presión tributaria tan alta que tenemos que hace que mucha gente no cumpla. Debemos tener en cuenta algún beneficio a los que cumplen”.
El jujeño Jorge Rizzotti, presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara baja, se refirió a los subsidios al transporte en el interior del país: “Es imposible pensar que podemos llegar a fin de año sin el incremento del subsidio en el interior”, dijo y remarcó que “a septiembre de este año se devengaron subsidios al AMBA por 204.787 millones de pesos, mientras que al interior se le asignaron 28.150 millones. El 88% al AMBA, el 12% al interior. Obviamente justifica la situación de crisis que tiene hoy el transporte en el interior”.
“En el artículo 81, de la prórroga de compensación del Fondo de Transporte Público, hay una asignación de 66 mil millones de pesos. Si nos remontamos a lo que fue el debate del presupuesto 2022, estuvimos en una situación similar, donde el Presupuesto preveía una asignación de 27 mil millones de pesos y luego de un debate en la comisión habíamos llegado a un acuerdo en donde el dictamen de presupuesto hacía una asignación de 46.000 millones de pesos para 2022”, explayó el radical. En este sentido, pidió que la asignación para el Transporte del interior pase de los 66.053 millones presupuestados a una cifra cercana a los 110 mil millones de pesos.
Rizzotti adelantó que mañana la Comisión de Transporte de Diputados recibirá a los ministros y secretarios de Transporte del interior para escuchar las necesidades del interior, que rondan en un número de alrededor de 110 mil millones de pesos.
El titular del bloque oficialista, Germán Martínez (Santa Fe), sostuvo: “Fuimos haciendo un camino y usted presidente señaló la posibilidad de emitir dictamen. Entre el jueves y hoy, sumado a las informativas con los funcionarios, las observaciones fueron por tres lugares. Una fueron críticas generales a las pautas macroeconómicas planteadas en el Presupuesto”, momento en el que aprovechó para remarcar que hubo diputados de la oposición que no estuvieron presentes en la reunión pasada.
“Hubo una cantidad de observaciones, sugerencias, críticas, sobre el articulado. Allí creo que el jueves pasado dimos un paso importante. Hoy no se han agregado nuevas demandas a estas cuestiones”, destacó y apuntó: “No podemos ir y generar el clima para dictaminar es que, si nosotros venimos acá y hacemos algunos planteos de críticas generales al presupuesto, a la política económica o al rumbo del gobierno, no se le brinde la posibilidad al bloque oficialista a argumentar en sentido contrario. Si no se hubiesen dicho un montón de cosas, nosotros no estaríamos obligados a contestar”.
En ese marco, le recordó a la oposición que en el presupuesto 2018 “se aprobó un régimen de retiro anticipado en el sector público, se modificó un cálculo del índice de movilidad, se modificó el artículo 5 de la Carta Orgánica del Banco Central, se prorrogó el artículo 61, se modificó la Ley del Ave, aparecieren los contratos de participación pública y privada”.
