Participaron de la reunión funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el obispo auxiliar de Buenos Aires y delegado de la Pastoral de las Villas, Gustavo Carrara.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Senado emitieron este miércoles dictamen favorable a la prórroga del Régimen de Regularización Dominial en Barrios Populares, que apunta a garantizar la titularización de la propiedad de las viviendas y la urbanización en las barriadas de bajos recursos.
La medida contó con el pleno acompañamiento de todos los bloques y fuerzas políticas.
Para su tratamiento, los senadores, recibieron a la secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, Fernanda Miño, a la subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales de la misma cartera, Fernanda García Monticelli y al padre y referente pastoral de las villas, Gustavo Carrara.
La vicepresidenta del interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, defendió la iniciativa que suspende los desalojos por diez años, y afirmó que implica “la concreción de sueños”, como el de la casa propia, y el establecimiento de “políticas públicas”.
Pero a la vez advirtió que, para concretar ese tipo de políticas, se debe contemplar su “financiamiento” específico, para evitar que “cualquier gobierno de cualquier color político pueda romper ese consenso alcanzado”.
“Las políticas públicas son pactos sociales y los pactos sociales son consensos alcanzados”, explicó.
Recordó que, si bien esta ley fue sancionada en 2018, en cambio “no tenía pauta presupuestaria asignada”, en su proyecto original.
También, reseñó que la actual oposición no acompañó leyes posteriores, como la de Ley de Aporte Solidario Extraordinario, que se sancionaron para financiar políticas públicas durante la pandemia, y que hasta se llegó a judicializar esa norma.
En ese sentido, reiteró la necesidad de que este tipo de programas sociales cuenten “con asignaciones específicas”. “Si no van con una partida presupuestaria, todos sabemos que es solo para un título de diario”, remarcó la senadora por Mendoza y apuntó: “Hay que animarse, cuando uno es parte de un gobierno, a hacer reclamos cuando creemos que las cosas pueden funcionar mejor”.
Consignó, en el mismo sentido, que programas como el prorrogado, además de garantizar derechos, tienen relación con “la organización popular”, dado que tienen un alto alcance social.
Señaló, además, que problemas como la falta de vivienda en la Argentina son “complejos de resolver”, sobre todo en una economía que está “tremendamente endeudada”, como consecuencia de las políticas adoptadas entre 2015 y 2019. Indicó que importantes recursos del Estado que podrían destinarse a la construcción viviendas, la obra pública que ocupa mayor mano de obra, se deben dirigir al pago de la deuda externa. Un problema que invitó a repensar cómo solucionar.
Al respecto, apuntó: “Debemos alcanzar un consenso social que nos haga entender a los argentinos que la deuda indiscriminada nos conduce a que muchas políticas públicas luego se queden sin financiamiento. Ergo, muchos derechos se queden sin garantizar, porque debemos cumplir con organismos internacionales, que encima nos digitan cuáles deben ser las prioridades de los gobiernos, cuando hablamos de partidas en la discusión del Presupuesto”.
“A veces hay que ser valientes. Y eso no tiene que ver con el tuit más agresivo. Tiene que ver con alcanzar consensos profundos, para que podamos solucionar el problema de la vivienda”, reflexionó.
“Hay una situación de pobreza en Argentina, con 5 millones de pobres, casi la mitad son niños, niñas y adolescentes y esta ley permite que nosotros demandemos al Estado una presencia inteligente, que dialogue con la comunidad y, establecer así, una política pública consensuada desde los diferentes espacios”, afirmó monseñor Carrara, al iniciar su alocución.
Al solicitar el acompañamiento de los senadores, expresó que, ” sin barrios integrados, la Argentina que soñamos no es posible”.
A su turno, Fernanda Monticelli resaltó el apoyo de todas la fuerzas políticas para con el proyecto y la importancia de poder aprobar cuanto antes la medida para aplicar la extensión de los plazos de desalojo, “ya que el próximo 28 de octubre vencen los 4 años de esta ley”, informó.
Para finalizar, Miño aseguró que, “esta ley nos permitirá seguir trabajando, llegar a más barrios, continuar con la integración sociourbana y poder llevar más servicios”.
También, hizo hincapié, en la celeridad necesaria para la aprobación de la norma y poder ingresar a “los nuevos 1200 barrios en el registro, protegerlos del desalojo, y anotarlos en programas, como por ejemplo, el “Mi Pieza”, que es una asistencia económica a mujeres para la mejora y/o ampliaciones de viviendas”.
El proyecto dictaminado y venido en revisión, modifica la ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, amplía su alcance con la prórroga de la suspensión de los desalojos por diez años, y permitirá nuevos registros de barrios al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
También, busca declarar la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.
