Por Melisa Jofré

En una reunión de alrededor de cuatro horas, durante la que se terminaron de “cocinar” varias modificaciones al proyecto de ley de Presupuesto 2023, pedidas tantos por oficialistas como opositores, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados dio por cerrado el debate de la iniciativa con un dictamen que se debatirá el martes que viene en sesión.

No se descarta que en el recinto se anuncien más cambios, aunque el “grueso” de los mismos fueron incorporados este jueves al principio y en el final del encuentro.

Entre las principales modificaciones, el Frente de Todos aceptó la “cláusula gatillo” por inflación propuesta desde Juntos por el Cambio. Otra muy importante fue la que impulsó el oficialista Marcelo Casaretto para terminar con los privilegios de los jueces: todos los empleados del Poder Judicial deberán pagar impuesto a las Ganancias.

En el arranque, el presidente de la comisión, Carlos Heller, se refirió a los muchos pedidos para la incorporación de obras, algunos ya tomados y otros que seguirán estudiándose.

En ese sentido, el oficialista precisó modificaciones en la redacción del artículo 11, de modo de facultar al jefe de Gabinete para que “en la medida que existan esos recursos se vayan asignando para la realización de las distintas obras que están contenidas en los pedidos que hemos recibido” y se lo autoriza a “efectuar las compensaciones necesarias a los objetivos presupuestarios aprobados por la ley, a efectos de atender la financiación de las obras”.

En cuanto al artículo 17, se establecerá un aumento de 1.000 millones de pesos para la Ley de Bosques (pasa de 8.000 millones a 9.000 millones); y de 500 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (pasa de 500 millones a 1.000 millones).

Sobre el Fondo de Compensación al Transporte Público del interior se fija una suma de 85 mil millones de pesos -que había sido acordada por el ministro de Economía, Sergio Massa, con los gobernadores del norte grande- como “piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe, estimulando un sistema de monitoreo permanente para corregir asimetrías preferentemente en base a la asignación de recursos, conforme al método de financiamiento de la demanda de pasajeros”.

Además, se crea un Consejo Federal para la administración de los subsidios, “con el objeto de evaluar el uso y la aplicación de recursos, como así también la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios del transporte público”.

Asimismo, el Ministerio de Transporte “será el encargado de reglamentar el funcionamiento del Consejo Federal para la administración, pudiendo incluso prorrogar por única vez y por un plazo máximo de cuatro meses la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)”.

Otra de las modificaciones corresponde a las partidas destinadas a la provincia de La Rioja, que pasará a “46 mil millones a favor de la provincia y de los municipios”. “El 100% serán transferidas en 12 cuotas mensuales y equivalentes”, detalló el presidente de la comisión. Más tarde, Heller informó que sumaban 1.000 millones más.

Uno de los puntos más polémicos, que había sido reclamado tanto por el oficialismo como por la oposición, era el vinculado a la deuda que las provincias tienen con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). Por eso, se cambió la redacción del artículo 90, de modo de no poner en riesgo los fondos que por coparticipación les corresponden a las jurisdicciones.
A partir de la modificación, se indica que “la Secretaría de Energía establecerá una unidad de medida de valor homogénea vinculada a transacciones por consumo que asegure el valor del crédito, e implementará un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales”.

“Las jurisdicciones provinciales resultarán solidariamente responsables en el marco del presente régimen”, estipula y resalta que “vencido dicho plazo la Jefatura de Gabinete, a través del Ministerio de Economía, podrá retener de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público” la suma que se adeude, pero con la aclaración de que “en ningún caso la retención podrá afectar la coparticipación federal de recursos fiscales”.

Además, Heller reveló que se está en estudio -hasta el momento de la sesión- una propuesta para que se establezca “una derivación de un porcentaje de cada pago que cada usuario realice para que automáticamente CAMMESA cobre”.

“La idea es no ahogar a nadie pero CAMMESA tiene que cobrar. Estamos tratando de encontrar un mecanismo que, con tiempo, permita que la deuda no siga creciendo; y que se garantice el pago anterior con una unidad de medida que haga que el plazo no deteriore el valor de la acreencia”, explicó el porteño.

Otro de los cambios es la creación de un régimen de regularización tributaria para las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, incluidos organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, para la condonación de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre de 2022, cualquiera sea el estado en que se encuentren.

Entre el primer listado de modificaciones que anunció Heller se encuentra un cambio al artículo 13 sobre los gastos ligados a la finalidad y función “formal y no formal” de la educación; el agregado al artículo 61 del fideicomiso de fortalecimiento al Sistema Nacional de Aeropuertos; y la eliminación del artículo 88.

Cláusula por inflación e impuesto a las Ganancias para jueces

En el tramo final del encuentro, por casi media hora, Heller detalló una batería de modificaciones, entre las que se aceptó la “cláusula gatillo” por inflación que reclamaba la oposición. La misma quedó redactada: “Si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del sector público nacional superaran en un 10% lo previsto para el período acumulado, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la administración pública nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre”.

Además, indica que “el proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo ampliar el Presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”.

Otro cambio importante fue la eliminación de la exención en el impuesto a las Ganancias para jueces y empleados del Poder Judicial. Si bien rige que los nombrados desde 2017 sí paguen el tributo, se avanzó con una modificación para que estén alcanzados todos “independientemente de la fecha de su nombramiento”.

De esta manera, el nuevo inciso “a” del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, indica que constituyen ganancias de cuarta categoría “las provenientes del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes Ejecutivos y Legislativos. En el caso de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por rodos los conceptos que integran sus remuneraciones“.

Asimismo, el nuevo inciso “c” del mismo artículo, reza: “De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, de los consejeros de las sociedades cooperativas y de las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes, vicepresidentes de la Nación y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Por otra parte, Heller anunció incrementos en políticas alimentarias, por $101.890 millones; prestaciones sociales y asignaciones familiares por $90.830 millones; becas de educación por $59.542; al Fondo Nacional de Incentivo Docente por $31.175 millones; al Fondo de Integración Socio-Urbana por $19.700 millones; a los comedores escolares por $12.969 millones; a la infraestructura y el equipamiento en educación por $4.149 millones; y a los programas que garantizan derechos de niños y niñas por $400 millones de pesos; resultando un total de 320.655 millones de pesos en aumentos para estas partidas.

También se aceptó una de las propuestas por la que venía reclamando el bloque de Evolución Radical, para que se puedan deducir de Ganancias hasta el 40% de los gastos educativos de una familia; y la creación de una tasa de seguridad de aviación, que solicitó durante la reunión la diputada camporista Paula Penacca.

Aunque la redacción no se definió por completo, el oficialismo sí se comprometió a incluir un artículo referido a las zonas francas, un reclamo que pidió fuertemente el misionero Diego Sartori -del oficialismo provincial-, tras lo cual terminó acompañando el dictamen.

Además, a pedido de los diputados de Tierra del Fuego, tanto del oficialismo como de la oposición, se contempló una suba de impuestos internos a los productos electrónicos: se eleva del 6,5% al 10% en el caso de los nacionales; y del 17% al 19% en el caso de importados.