La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Mariana Zuvic (CC-ARI) se reunió este jueves en la Sala 3 en donde recibieron a representantes del sector público, privado y tercer sectores expertos que expusieron sobre “Sistema Nacional de trazabilidad de la Pesca y Acuicultura”.

Al comienzo del encuentro, Zuvic comentó que “también hemos cursado invitaciones a funcionarios del Poder Ejecutivo, pero por problemas de agenda hemos decidido con la vicepresidenta, Marcela (Passo), dar una nueva reunión de comisión que va a ser el próximo jueves a las 14”.

“También hemos sido informados que el Poder Ejecutivo está tratando este tema y para nosotros es realmente muy importante la visión de los funcionarios del Poder Ejecutivo porque es nuestra prioridad en esta comisión poder avanzar en políticas públicas de consenso”, destacó la presidenta de la Comisión.

En esa línea, sostuvo que “para nosotros es una prioridad tratar de que haya una amplia convocatoria de los sectores interesados en la temática. Es imprescindible que sea lo más amplio posible porque es prioritario para el trabajo legislativo para optimizar las leyes que vayamos a llevar al recinto y sean aplicables. Lo multidisciplinario y la participación de todos es clave, más allá de las situaciones políticas. Nuestra visión desde la comisión es esa”.

Zuvic explicó los dos proyectos a debatir en la reunión, uno de la diputada radical Ximena García y otro del diputado oficialista Carlos Selva. “Respecto al tema de la trazabilidad entendemos que entre las cuestiones que aporta es transparencia en una actividad tan importante como es la pesca y refuerza además la seguridad sanitaria de los productos que consumimos, protege al ambiente combatiendo la pesca ilegal y mejora la competitividad”, enumeró.

“Sabemos que gran parte de nuestras exportaciones van a mercados que ya tienen implementado el tema de la trazabilidad y también sabemos que muchas empresas en el país han adquirido el tema”, sumó la diputada de la CC-ARI.

En el uso de la palabra, la vicepresidenta de la Comisión la oficialista Marcela Passo quien ponderó la reunión para poder trabajar en “temas que son trascendentales e importantes para la Argentina”, y remarcó que la trazabilidad de la pesca “es una actividad importantísima”. También destacó el trabajo en conjunto entre asesores de los distintos diputados para “poder tener la mejor ley para sus destinatarios”.

A su vez, pidió a los invitados a que “se expresen con total libertad para ayudarnos a encontrar los caminos para perfeccionar los proyectos” porque “el objetivo es transparentar el sistema, encontrar los caminos para que la sostenibilidad del recurso sea efectiva a través de la ley y no menos importante que los consumidores tengamos la posibilidad de tener la información concreta e importante de los productos que consumimos”.

En su intervención, la diputada y autora de uno de los proyectos, la mendocina Ximena García explicó que “nos gustaría principalmente escuchar a los representantes de los sectores que hoy trabajan en el sector productivo y a las organizaciones para poder avanzar en un dictamen unificado que contemple los aportes que hagan y se abra un canal de diálogo para continuar el trabajo”.

“Lo que proponemos con esta iniciativa es crear un sistema de trazabilidad que sea capaz de dar acceso a todos los atributos de los alimentos en todos los estados de las etapas de la cadena productiva para combatir la pesca ilegal no declarada ni reglamentada. Al mismo tiempo para generar seguridad alimentaria, eliminar y disminuir los riesgos alimentarios y para generar una producción sostenible y garantizar y fomentar las relaciones internacionales”, explayó García.

Y cerró: “Los países del mundo miran lo que hacemos por eso consideramos que avanzar en una ley consensuada con todas las voces de quienes intervienen en la producción, organizaciones ambientales y el Gobierno, es fundamental para que el país siga consolidándose en el mercado internacional generando valor agregado”.

A su turno, el diputado Carlos Selva recordó que “es la segunda vez que volvemos a presentar el proyecto, pero es la primera vez que avanza con una profundidad y desarrollo de los artículos consensuado”.

Al igual que sus predecesores, reiteró que el objetivo es la transparencia, la seguridad alimentaria. “El objetivo principal era poner en valor todo el potencial del litoral marítimo, la valoración de los trabajadores, de la industria”, ponderó Selva.

Desde Fundación Vida Silvestre, Fernando Mirraño, contó que “hace muchos años que trabajamos con una mirada en nuestro mar argentino buscando abordar las problemáticas que afectan la conservación de este ecosistema y su biodiversidad, pero siempre mirando las actividades humanas que allí se desarrollan”.

En esta línea realizó aportes con informes para “abordar algunos de los problemas como la pesca ilegal no documentada y no declarada, la problemática del descarte, la captura incidental de algunas especies y todo el impacto que eso tiene en el ecosistema y por lo tanto en los resultados de la actividad económica es importante tener en cuenta la actividad económica y los puestos de trabajo”.

Para Mirraño este proyecto “va a permitir asegurar el origen legal del producto, cumplir con los estándares internacionales de la pesca sustentable y, por lo tanto, abrir mucho más las oportunidades de comercio internacional en este sentido, combatir el comercio ilegal, tomar decisiones informadas de distintos sectores y, en términos generales, poder regular la actividad pesquera bajo la ley federal de pesca que tenemos que es muy buena”.

Por su lado, Darío Sócrates, director ejecutivo de la Cámara de Armadores Poteros Argentino, explicó que “combatir la pesca ilegal es para nosotros, que sufrimos la presencia de un montón de buques ilegales, que pescan del lado de afuera de la milla 200 es realmente una cosa que nos gusta” y aclaró que es pesca “no reglamentada más que ilegal, salvo que se determinen cuestiones de depredación”.

“Algún día vamos a poder avanzar con la regulación sobre esos espacios que de alguna manera también van a colaborar a conocer que pasa con nuestros recursos y realmente se traduzca en un grado de sustentabilidad importante”, bregó y agregó: “Ninguna empresa de la Argentina que se considera más o menos seria va a estar en contra de que se reglamenten este tipo de cuestiones, precisamente el mundo va para ese lado. Creemos que ese es el camino y queremos estar”.

Asimismo, solicitó que se encuentre un solo mecanismo que “garantice y controle la trazabilidad de los productos pero que sea uno solo, en muchos casos sucede que termina habiendo 5 sistemas de trazabilidad y lo que tenemos que hacer es tratar de unificar estas cuestiones”, dijo por último el especialista.

Desde la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la Argentina, Eduardo Boyero, manifestó: “Pretendemos un marco legal que logre un solo buen proyecto y ese solo sea el que funcione”, porque “en Argentina no hay captura ilegal o no reglamentada, eso sucede fuera de las 200 millas. Muchas veces el sector pesquero es desconocido y por eso nos gusta estar presentes aquí, asumimos la responsabilidad de no comunicar la parte positiva del sector pesquero y solo se conocen errores y problemas”.

En la misma línea, Ayelén Fortunato de la Cámara pesquera Argentina Alfa comentó que “hay un proyecto muy enfocado desde lo sanitario y otro desde lo comercial”, y sumó: “Comparto 100% la idea de que no podemos hacer duplicidad y quintuplicidad de datos, todo lo esgrimido en los proyectos el sector pesquero lo realiza primero, desde el privado, desde el año ´69 que se empezaron las exportaciones con requisitos sanitarios y con trazabilidades si hay alguien que sabe de esto es el sector pesquero fue el primero en hacerlo”.

“Utilizar los sistemas que ya están para mejorarlos y trabajar en base a ellos -para no perder tiempo ni recursos- que no son necesarios porque ya el sector los está usando. El sector está abierto a los cambios y a la necesidad de abrir mercados”, consideró.

Daniel Flores del Sindicato De Conductores Navales sostuvo: “Como trabajadores a bordo conocemos todo el proceso desde que comienza hasta que se procesa y se descarga”, y agregó: “Entendemos que en los proyectos hay puntos interesantes como el cruce de información y el acceso público a esa información pública a nosotros nos suma y mucho hablamos de una mejora continua en la pesca y esto favorece”.

“Si hay aspectos que se tienen que rever como la documentación, por ejemplo, a nosotros nos suma el tema de los decomisos, que vamos a tener más información de cómo fue y como se produjo, más información de la descarga cruzado con Senasa”, sugirió y aseguró: “Estamos enfocados en tener más información sobre la captura no sólo en los convenios sino para trabajar sobre los descartes”.

Por su parte, Ángel Navarro, secretario de Pesca del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), expresó: “Vemos con beneplácito esta ley”, y dijo que las cámaras ya están con trazabilidad hace muchos años.

“Nuestra visión apunta más a la informalidad que son los fresqueros de costera la cual tenemos en los puertos Lavalle, Rawson, Camarones, San Antonio Oeste. La pesca costera es un pescado que se descarga y a veces no se declara en ese sentido ha habido mucho decomiso. Ese pescado va a planta y hay mucho trabajo en negro, se saca mucho pescado en bloque y no se declara. Este proyecto le daría un poco más de claridad ese pescado que no se está declarando”, explicó sobre el proceso.  

Por último, María Eugenia Testa, del Circulo de Políticas Ambientales aportó que “nosotros hemos sido parte de las consultas este año y el año pasado, desde 2021 veníamos realizando talleres y eventos para promover la trazabilidad”. “Nos interesa la defensa del ambiente y la posición del sector privado que es la mejor conjunción para sacar una ley que apoye el desarrollo sostenible del mar”, manifestó.

“Consideramos importante la consulta a la industria pesquera, que es una industria generadora de empleo, que genera divisas para el país y tiene riesgos para la inversión y, también, es una actividad se realiza en espacios que son comunes a todos los ciudadanos y explota recursos también comunes a todos los ciudadanos y ahí radica nuestro derecho constitucional de gozar de un ambiente sano”, aseveró Testa.